Un legislador insiste en que el Subsidio paga sobreprecios

El legislador radical José Cano insiste en que no debe quedar a mitad de camino la investigación penal contra el interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social (IPSS), Mario Koltan. Por ello, aportó nueva documentación al fiscal X de Instrucción, Guillermo Herrera, en el afán de demostrar el presunto pago de sobreprecios a la Asociación de Clínicas y Sanatorios por la provisión de medicamentos a los afiliados a la obra social estatal (Subsidio de Salud).
En la causa abierta bajo la carátula "incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación", el parlamentario presentó dos resúmenes de farmacias. En estos hay un listado con los medicamentos facturados al Subsidio por un sanatorio privado por la atención a un afiliado al IPSS.
A la par de los valores facturados, Cano consignó los precios que, por los mismos medicamentos y como consecuencia de una licitación, abonó en junio el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) para la provisión de las mismas drogas a los hospitales públicos.
El legislador explicó a LA GACETA lo siguiente: "en el caso de la Noradrenalina, mientras el Siprosa paga $ 2,98 por unidad, y cualquier persona, $10, en una farmacia, el Subsidio abona $29,40 a la Asociación de Clínicas y Sanatorios". "Como estimamos que los elementos acompañados pueden resultar de valía para la investigación en curso, solicité al fiscal que disponga las medidas que considere necesarias para verificar la veracidad de la información acompañada", manifestó.

Una larga historia
El parlamentario efectuó la denuncia en agosto de 2004 ante el entonces fiscal anticorrupción, Pedro Gallo, y aseveró que, antes de la celebración del convenio, la facturación de la asociación ascendía a $ 600.000, y luego trepó a $ 900.000 y a $ 1,1 millón.
En diciembre de 2005, el expediente pasó a Herrera, quien en marzo de este año citó a Koltan a que preste declaración como imputado. El funcionario se puso a disposición de la Justicia, desmintió todos los hechos que se le imputan, pero se negó a declarar.
Cano está preocupado porque la causa no registra avances. "Cuando hice la ampliación de la denuncia, todo indicaba que era inminente el pedido de elevación a juicio. Pero, pese a los elementos contundentes, nada se decidió. Espero que no haya habido llamados telefónicos del Ministerio de Gobierno que hayan incidido", dijo.