Por Redacción Política
06 Julio 2006
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La Justicia provincial archivó la denuncia penal que el constitucionalista Luis Iriarte presentó en contra del gobernador José Alperovich y de los convencionales constituyentes del Frente para la Victoria que aprobaron la reforma de la Carta Magna.
La decisión fue tomada por el fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca, quien rechazó las imputaciones efectuadas contra el mandatario y los ex reformadores, por considerar que no habían incurrido en la violación de ninguna de las figuras penales invocadas por el ex legislador. La resolución fue notificada por el funcionario judicial el 22 de junio.
En su presentación, Iriarte acusó a Alperovich de usurpación y abuso de autoridad y exacciones ilegales, y consideró que había asumido facultades extraordinarias prohibidas por la Constitución nacional con la aprobación de la modificación a la Ley Fundamental local.
En cuanto a los ex convencionales, les imputó violación de los deberes de funcionario público al haber cedido a favor del Poder Ejecutivo potestades que son propias de otras estructuras del Estado. El abogado sostuvo en su escrito que Albaca era incompetente para actuar, por lo que la investigación preliminar debía ser encarada por un juez penal a raíz de las inmunidades constitucionales de los denunciados. Pero este planteo no prosperó, ya que el fiscal reivindicó su facultad de tener el monopolio de la persecución penal. Además, agregó que se trata de una denuncia, por lo cual el letrado no es parte del proceso.
Este criterio fue sostenido también por la afirmación de que el juez penal correspondiente no puede intervenir hasta tanto el fiscal decida si impulsa o no la causa sometida a estudio.
En su pronunciamiento, el fiscal Albaca describió con detenimiento cada uno de los delitos mencionados por Iriarte en la presentación, tanto en lo que estipula el Código Penal, como en la aplicación práctica posible de la consumación o tentativa del hecho planteado.
Aseguró, inclusive, que los ejemplos en varias de las figuras tienen un desarrollo más teórico y académico que real.
La decisión fue tomada por el fiscal de la II Nominación, Carlos Albaca, quien rechazó las imputaciones efectuadas contra el mandatario y los ex reformadores, por considerar que no habían incurrido en la violación de ninguna de las figuras penales invocadas por el ex legislador. La resolución fue notificada por el funcionario judicial el 22 de junio.
En su presentación, Iriarte acusó a Alperovich de usurpación y abuso de autoridad y exacciones ilegales, y consideró que había asumido facultades extraordinarias prohibidas por la Constitución nacional con la aprobación de la modificación a la Ley Fundamental local.
En cuanto a los ex convencionales, les imputó violación de los deberes de funcionario público al haber cedido a favor del Poder Ejecutivo potestades que son propias de otras estructuras del Estado. El abogado sostuvo en su escrito que Albaca era incompetente para actuar, por lo que la investigación preliminar debía ser encarada por un juez penal a raíz de las inmunidades constitucionales de los denunciados. Pero este planteo no prosperó, ya que el fiscal reivindicó su facultad de tener el monopolio de la persecución penal. Además, agregó que se trata de una denuncia, por lo cual el letrado no es parte del proceso.
Este criterio fue sostenido también por la afirmación de que el juez penal correspondiente no puede intervenir hasta tanto el fiscal decida si impulsa o no la causa sometida a estudio.
En su pronunciamiento, el fiscal Albaca describió con detenimiento cada uno de los delitos mencionados por Iriarte en la presentación, tanto en lo que estipula el Código Penal, como en la aplicación práctica posible de la consumación o tentativa del hecho planteado.
Aseguró, inclusive, que los ejemplos en varias de las figuras tienen un desarrollo más teórico y académico que real.
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