Racedo auditará el juzgado de Terán

La primera medida del flamante juez federal subrogante Mario Agustín Racedo fue ordenar la realización de una completa auditoría en el despacho que ocupó, hasta hace un mes, el hoy suspendido magistrado Felipe Terán.
Ayer, en el salón de actos de la Cámara Federal de Apelaciones, que estaba repleto de magistrados provinciales y nacionales, y de abogados, Racedo juró por la patria y por el honor. Ocupará el cargo en el Juzgado Federal número dos, seis meses como mínimo, mientras se sustancie el proceso de remoción contra Terán por presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos tras el default. Pero, si Terán finalmente fuera destituido, Racedo continuaría en el cargo hasta la conclusión del concurso del que saldría el reemplazante definitivo.
Las conclusiones del relevamiento dispuesto podrían tener consecuencias en el proceso de destitución en marcha. “Es necesario conocer cuáles son las causas que están en trámite, el estado y la cantidad de juicios, el tiempo que demora el dictado de una sentencia para agilizar la administración de Justicia y la situación general del juzgado. Si se detectaran irregularidades penales, procesales, administrativas o de cualquier otra índole serían aportadas adonde corresponda”, anticipó el juez subrogante.
Racedo no ocultó su objetivo: “reorganizar el juzgado, que tiene un anormal funcionamiento y hace falta dinamizarlo, y luego aspirar a obtener condiciones de calidad en la prestación del servicio”. Para ello, dispondrá una rotación del personal, que fue justificada en la necesidad de un mejor aprovechamiento funcional y en la optimización de los recursos humanos, aunque también tendría relación con la situación de Terán.
“Se está investigando si hubo corrupción en este juzgado. No lo sé. La respuesta sólo llegará cuando haya una resolución judicial o del Jurado de Enjuiciamiento”, advirtió el monterizo.

Otra visión
Racedo calculó que demorará entre 60 y 90 días en poner al juzgado en condiciones. “Hoy hay una deficiencia cierta y evidente; es un diagnóstico compartido por todos los abogados, quienes tienen muchas quejas. Existen causas muy importantes, como las relacionadas con las violaciones a los derechos humanos o a Lomas de Tafí, en las que actuaremos en el marco completo de la ley, con total independencia”, anticipó.
El abogado admitió que hay hechos políticos que tienen relevancia judicial, pero aclaró que no le causa ninguna inquietud. “La intervención de los tribunales es para asegurar la supremacía de la Carta Magna y de las instituciones que ella establece”, resaltó.
“La independencia del Poder Judicial se garantiza, principalmente, con absoluta autarquía y disponibilidad propia de recursos; con criterios de selección de magistrados según los cuales la injerencia del sector político esté absolutamente menguada; y con una pauta de remoción de jueces sustraída a los políticos. No tengo nada contra ellos, porque la democracia necesita de los partidos”, precisó de todos modos.
El ex vicepresidente del Colegio de Abogados recordó que la Constitución nacional establece que el Consejo de la Magistratura debe tener una integración equilibrada entre los distintos estamentos. “Esto garantiza jueces probos o idóneos, ética y técnicamente, con la debida tranquilidad para ejercer sus funciones. Tengo mi opinión sobre los institutos creados en Tucumán, pero no quiero pronunciarla porque podría, eventualmente, llegar alguna causa a mi despacho”, dijo.
Racedo defendió su larga trayectoria, siempre en el ejercicio libre de la profesión, nunca en la magistratura. “Me permitió conocer los Tribunales de adentro y de afuera, lo que no conoce la gente de carrera. Pretendo capitalizar todo el conocimiento acumulado y volcarlo en acciones concretas, con mucho trabajo, transparencia e independencia”, prometió.