Entre el 24 de este mes y el 4 de agosto se realizará la audiencia para ofrecer pruebas y alegatos en el Centro Internacional para el arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, Estados Unidos, por el conflicto que mantiene la Compañía Aguas del Aconquija -ex concesionaria del servicio de agua y cloacas de Tucumán- con la Nación. Así lo confirmó ayer a LA GACETA el fiscal de Estado, Antonio Estofán, quien integrará la delegación argentina que participará de la audiencia, y que estará compuesta por nueve personas de Tucumán; entre ellos, el ex vicegobernador Raúl Topa (1995-1999) y el ex legislador Próspero Barrionuevo.
Rescisión de contrato
El litigio entre Aguas del Aconquija se produjo como consecuencia de la decisión del gobierno de Antonio Bussi de rescindir el contrato a la empresa. La medida se basó en el estudio de una comisión legislativa que concluyó que el contrato firmado en 1995 estaba plagado de irregularidades. Por la rescisión del contrato -que era de 30 años- la empresa le demanda al país el pago de U$S 300 millones por lucro cesante y otros U$S 400 millones en concepto de intereses.
La audiencia para producir pruebas se prolongará por más de 10 días en Washington. Para ir preparando los argumentos de la defensa y para organizar el traslado de la comitiva, Estofán viajará hoy a Buenos Aires para reunirse con el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Durante ese plazo, serán ofrecidos los testimonios de los testigos y se ofrecerán los alegatos. “Luego el expediente quedará en el tribunal del Ciadi para que emita un fallo”, explicó Estofán. Se conjetura que esta resolución podría conocerse a fin de año o en los primeros meses de 2007. Además de Topa y de Barrionuevo, integrarán la delegación argentina, como testigos, Carlos Duguech, Daniel Arancibia, Angel García Pinto, Silvia Courel, Raúl Gil Romero y Daniel Vaca (periodista de LA GACETA).
Rescisión de contrato
El litigio entre Aguas del Aconquija se produjo como consecuencia de la decisión del gobierno de Antonio Bussi de rescindir el contrato a la empresa. La medida se basó en el estudio de una comisión legislativa que concluyó que el contrato firmado en 1995 estaba plagado de irregularidades. Por la rescisión del contrato -que era de 30 años- la empresa le demanda al país el pago de U$S 300 millones por lucro cesante y otros U$S 400 millones en concepto de intereses.
La audiencia para producir pruebas se prolongará por más de 10 días en Washington. Para ir preparando los argumentos de la defensa y para organizar el traslado de la comitiva, Estofán viajará hoy a Buenos Aires para reunirse con el procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Durante ese plazo, serán ofrecidos los testimonios de los testigos y se ofrecerán los alegatos. “Luego el expediente quedará en el tribunal del Ciadi para que emita un fallo”, explicó Estofán. Se conjetura que esta resolución podría conocerse a fin de año o en los primeros meses de 2007. Además de Topa y de Barrionuevo, integrarán la delegación argentina, como testigos, Carlos Duguech, Daniel Arancibia, Angel García Pinto, Silvia Courel, Raúl Gil Romero y Daniel Vaca (periodista de LA GACETA).






