Insistirán en España con la extradición de militares

El abogado español Enrique Santiago y Romero confirmó que la Justicia de su país pedirá la extradición de militares y de civiles acusados de violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.
El secretario general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) se pronunció a favor de que los juicios se cierren en su país y que sean concluidos en la Argentina, pero aclaró que esto sólo se dará cuando haya avances concretos en la búsqueda de la verdad y en el juzgamiento de los culpables.
"Hubo una llamativa falta de actuación del Poder Judicial en los años bajo estudio, lo que habla muy mal de quienes fueron magistrados. No estaban en sus cargos para cobrar un sueldo, sino para defender la ley. Pedimos el procesamiento de Manlio Martínez (ex juez federal), quien omitió el deber de socorro y actuación", denunció.
El de Martínez es uno de los 90 pedidos de extradición planteados por los denunciantes, que se activarán entre setiembre y octubre.
El querellante consideró que hubo una mejora sustancial en la Argentina tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Pero en España se creía que iban a ser activados mucho más rápidamente los procesamientos, lo que no ocurre porque todo es muy lento", dijo, aunque elogió la detención de Antonio Bussi, si bien lamentó que no se avance más. Rechazó la posibilidad de que deba intervenir la Justicia militar, como argumenta el ex gobernador. "No hay que hacer diferencias entre los responsables civiles o militares de las violaciones a los derechos humanos. La Justicia debe ser igual de eficaz en un caso o en otro", agregó.

Jurisdicción universal
El especialista disertó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNT sobre los procesos que se sustancian en Madrid por delitos contra la humanidad cometidos en Tucumán. "Impulsamos los juicios en el ejercicio de la jurisdicción universal establecido en la legislación internacional de las Naciones Unidas, que le permite actuar a la Justicia de un país si existe la presunción de que quedaran impunes los hechos en el lugar donde ocurrieron", precisó.
Santiago y Romero desbarató la tesis de que en los 70 hubo una guerra civil. "No había dos ejércitos combatientes. Y si la hubiese habido (la guerra), se tendrían que haber respetado las Convenciones de Ginebra. En cambio, se atacó a una población civil en forma indiscriminada para exterminar a sectores en su conjunto, con una locura criminal impropia de seres civilizados. Muchos de los desaparecidos difícilmente podrían ser acusados de ser peligrosos terroristas subversivos", dijo.