Las conclusiones del informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales acerca de la problemática ambiental en Tucumán generó la reacción de las autoridades del área en el Poder Ejecutivo. “No dice nada que no se sepa. Además, quedó desactualizado”, señaló la directora de Medio Ambiente, Patricia Jalil de Arriazu.
La funcionaria recordó que la institución que dirige Daniel Sabsay fue contratada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de una recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo. “Pretendíamos que efectúe un estudio sobre la legislación ambiental, porque había una atomización de competencias. Este Gobierno sí tiene una política ambiental”, dijo.
Advirtió que las conclusiones del informe pueden ser refutadas por el Gobierno, en especial cuando objeta el desconocimiento de las normativas ambientales por parte de los intendentes. “Si se basa en la ley anterior, tiene toda la razón, pero con la nueva ley dimos un giro de 180 grados. Ahora, la norma les dice a los intendentes que hagan lo que ellos consideren con la recolección de residuos, pero que en lo atinente a la disposición deben allanarse a lo que disponga la Provincia”, aseveró.
Jalil de Arriazu advirtió que la seriedad con la que el PE toma la problemática ambiental queda evidenciada con la jerarquización del área, que dejará de ser una dirección para convertirse en Secretaría de Estado. “Eso nos dará nuevas herramientas”, sostuvo.
La funcionaria recordó que la institución que dirige Daniel Sabsay fue contratada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a partir de una recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo. “Pretendíamos que efectúe un estudio sobre la legislación ambiental, porque había una atomización de competencias. Este Gobierno sí tiene una política ambiental”, dijo.
Advirtió que las conclusiones del informe pueden ser refutadas por el Gobierno, en especial cuando objeta el desconocimiento de las normativas ambientales por parte de los intendentes. “Si se basa en la ley anterior, tiene toda la razón, pero con la nueva ley dimos un giro de 180 grados. Ahora, la norma les dice a los intendentes que hagan lo que ellos consideren con la recolección de residuos, pero que en lo atinente a la disposición deben allanarse a lo que disponga la Provincia”, aseveró.
Jalil de Arriazu advirtió que la seriedad con la que el PE toma la problemática ambiental queda evidenciada con la jerarquización del área, que dejará de ser una dirección para convertirse en Secretaría de Estado. “Eso nos dará nuevas herramientas”, sostuvo.






