Especialistas objetan el tratamiento de la basura

Un trabajo financiado por el Banco Mundial cuestionó la prestación del servicio de recolección de residuos en la capital.

PACARA PINTADO. El trabajo realizado por expertos objeta la forma en que trabaja una cooperativa de recuperadores de materiales residuales. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
PACARA PINTADO. El trabajo realizado por expertos objeta la forma en que trabaja una cooperativa de recuperadores de materiales residuales. LA GACETA / JUAN PABLO SANCHEZ NOLI
Por Redacción Política 03 Julio 2006
Falta de conocimiento de las normativas ambientales; escaso cumplimiento y aplicación de esas pautas; poco ejercicio del poder de policía; falta de transparencia de la gestión pública y carencia de recursos materiales y humanos, fueron algunas de las conclusiones (ver aparte) a las que arribó la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que dirige el constitucionalista Daniel Sabsay, luego de analizar la problemática de los residuos sólidos urbanos que padece Tucumán.
Con financiamiento del Banco Mundial (BM), un equipo de profesionales de la institución trabajó durante más de cuatro meses en 2005 (febrero a junio). El objetivo fue la elaboración de recomendaciones para la construcción de un marco regulatorio provincial, teniendo en cuenta que la Nación y el BM habían elegido a Tucumán y a Chubut para desarrollar las pruebas piloto de un plan integral para el tratamiento de los residuos.
El trabajo de FARN cobra dimensión a partir de la decisión del Gobierno provincial de apartarse del mecanismo de financiación ofrecido por el Banco Mundial para el diseño, construcción y explotación de una planta de tratamiento y clasificación de los residuos en San Felipe, y de un centro de disposición final en Monte Redondo.
El argumento esgrimido por las autoridades -fue el propio gobernador José Alperovich quien lo anunció- se circunscribe a dos cuestiones: la dilación del proceso de licitación y las elevadas exigencias requeridas por el BM a las empresas interesadas en participar.
"El 28 de abril se iba a concretar la licitación; pero 10 días antes el banco decidió iniciar un proceso de precalificación de las empresas bastante exigente, lo que limitaría el número de interesados y encarecería el proyecto. A su vez, se traduciría en una demora en la adjudicación y la ejecución de los trabajos. Por eso la Provincia decidió encarar por su cuenta el proceso de licitación, que concretaremos a fines del corriente mes", justificó el coordinador del Plan Estratégico Provincial para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Pepgirsu), Jorge Malmierca.

Diagnóstico
El estudio realizado por las investigadoras Carina Quispe Merovich y Lucía Marco planteó en 2005 un crudo diagnóstico de la realidad ambiental de la provincia y formuló una serie de recomendaciones para la solución de los problemas detectados.
El informe final destacó que en Tucumán la disposición final de los residuos se efectúa en predios a cielo abierto, sin impermeabilización del suelo y sin cobertura diaria de la basura.
Menciona como uno de los principales inconvenientes para avanzar en la mejora del tratamiento de los desechos la falta de capacidad económica de los municipios. "Los representantes municipales entrevistados o bien desconocen el nivel de recaudación de la tasa que comprende el servicio de higiene urbana o bien refieren porcentajes de cobro que en algunos casos llegan sólo al 18%. En ningún caso conocen el costo real del servicio", enfatiza el texto.
La fundación, a su vez, calificó de grave la situación que se presenta en San Miguel de Tucumán, a partir del cierre del basural de Los Vázquez y de la utilización del predio de Pacará Pintado para la disposición final de la basura. "Ambos servicios (recolección y disposición final) son prestados de modo deficiente por las empresas concesionarias, no obstante lo cual continúa la relación contractual con el municipio", resume.
Finalmente, los investigadores advirtieron sobre la escasa transparencia de la gestión pública, para lo cual aconsejaron a las autoridades que establezcan mecanismos de control ciudadano y la implementación de campañas de concientización.