Atacan las pruebas de los investigadores

“Yo no estoy inventando nada. Todo esto sale de la lectura minuciosa del expediente”. De esta forma, el abogado Walter Ojeda, uno de los defensores de Carlos Alberto Conti, intentó hacer creíbles a sus palabras cuando atacaba las pruebas colectadas por los investigadores, en el marco de las causas por los crímenes de los remiseros Marcelo Claudio Pereyra y Carlos Julio Salazar.
El letrado utilizó casi dos horas para criticar, sobre todo, las pericias balísticas y odontológicas ordenadas durante la instrucción, a través de las cuales se afirmó que el arma con la que se mató a los remiseros era la del padre de Conti y se certificó su identidad.
Ojeda también aseguró que Martín Monteros, uno de los amigos de Conti, que, en un principio, lo había comprometido, fue presionado por la Policía y que por eso, durante la audiencia oral, se había rectificado. “Sus declaraciones habían sido dirigidas”, aseguró. Según el abogado, “Carlos Conti no desguazó el auto de Salazar, y eso quedó comprobado con los testimonios de varias personas en esta audiencia”. También recordó que dos peritos de parte, contratados por ellos, el ex comisario y licenciado Oscar Terraza y el ingeniero Alberto Vacaro, cuestionaron la pericia balística, y dijeron que en el informe realizado por la Policía podían detectarse numerosas anomalías.

Elementos cruciales
El alegato de Ojeda, en consecuencia, apuntó a derribar las tres principales pruebas con las que cuenta la fiscal de Cámara Marta Jerez de Rivadeneira y el querellante Jorge Lobo Aragón: la identidad de las víctimas, según ellos, nunca certificada; el arma homicida y los testimonios de los testigos.
Cuando estaba por comenzar a alegar Luis Acosta, el otro defensor, se decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.


La familia de Carlos Conti sufrirá un doble castigo si prospera el pedido del representante de la querella, Jorge Lobo Aragón. Ocurre que, además de que se lo condene a reclusión perpetua, pidió que se pague una indemnización por todo concepto de $ 2,5 millones, que recaerán sobre el padre del imputado, ya que el joven es insolvente.  Tras calificar los crímenes de “horrendos”, aunque él sólo representa a Eva Pereyra, la madre del remisero Claudio Pereyra, como querellante y actor civil, Lobo Aragón, durante dos horas, analizó el caso en la parte penal, y también respecto del dinero con que debería retribuir la familia del acusado.  Así, el abogado definió que por daño emergente debía pagarse una suma de $ 235.000, por lucro cesante, $ 1,235 millón, y después de enumerar las propiedades de la familia Conti, dejó a consideración de los jueces el monto por daño moral, pero dijo que el total no debe ser menor a los $ 2,5 millones.


* Daño emergente: es la pérdida o disminución en el patrimonio actual y efectivo que sufre la víctima.

* Lucro cesante: es lo que deja de ganar o percibir la víctima o sus familiares como consecuencia del daño.

* Daño moral: es normalmente el ítem indemnizatorio más importante en términos de monto. A la hora de cuantificar el “daño moral”, se busca una reparación integral de quien ha sufrido un daño, por lo que se toman en cuenta aspectos como la estética, el dolor sufrido (físico y psicológico) y la pérdida de calidad de vida, incluso de “gozar” la vida, entre otros.