No obligarán a ningún juez a que se jubile

El retiro de magistrados del Poder Judicial a partir de la implementación del nuevo régimen jubilatorio tendrá carácter voluntario y no será impuesto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, descartó que vaya a haber presiones para que quienes estén en condiciones se acojan al régimen. En declaraciones a LA GACETA el sábado, antes de viajar al exterior, remarcó que no habrá plazo para que lo hagan.
"No sabemos quién se quiere jubilar, pero nos cuesta creer que no se aprovechen las ventajas que presenta la unificación con los beneficios que da la Nación -manifestó el juez-. No vamos a presionar, es una decisión estrictamente personal. No podemos obligar a los jueces a jubilarse ni impulsarlos a hacerlo; pero sí a los funcionarios, porque el Estatuto del Empleado Público establece que el cumplir con los requisitos jubilatorios es causal de recisión del contrato en la administración del Estado", aclaró.
A partir del acuerdo firmado entre la Provincia y la Nación, jueces, fiscales, defensores, jueces de paz y funcionarios hasta la categoría de Prosecretario Judicial "D" podrán retirarse a los 60 años, con el 82% del sueldo que perciban mientras estén en en actividad.
Dato sostuvo que el pacto no debe pasar por el control de la Legislatura, sino que alcanza con que lo ratifique el Poder Ejecutivo, ya que es un acta complementaria de la ley 6.772, por la cual se traspasó el sistema previsional a la Nación.

Unidad especial
Para definir cuántos y quiénes están en condiciones de dejar el cargo, se creará una suerte de unidad ejecutora especial integrada por representantes de la Provincia, de la Anses y del Poder Judicial, que elaborará un padrón. Respecto de cada magistrado o empleado, se determinará el nivel de aportes y cuál es el monto del cargo adicional que tendrá que pagar para completar la cifra correspondiente. Ocurre que los jueces nacionales y federales tienen un aporte jubilatorio superior al de los tucumanos; también hay diferencias entre quienes están en el sistema privado de capitalización y los que se mantuvieron en el de reparto, del Estado.
"Luego de tener la lista, se otorgarán los beneficios según se cumpla con las exigencias. En la Justicia tenemos un problema con la precisión, ya que manejamos solo dos variables: la edad y el tiempo en el cargo. Pero puede haber personas que tengan los 60 años de edad sin los 30 años de aportes. Nuestro cálculo es que hay más de 50 jueces, una veintena de jueces de paz y unos 40 funcionarios en condiciones de pasar a retiro", dijo el titular de la Corte, y señaló que las primeras jubilaciones se concretarán en unos 90 días. Agregó que la hecho de que no haya tanta desvinculación entre el sueldo en actividad y los haberes jubilatorios hace a la independencia del juez. "Así no le hará falta asegurarse una vejez por fuera de sus haberes mientras esté trabajando", señaló. "Con las nuevas condiciones, yo me jubilaría; pero me faltan 2 años y 8 meses", dijo.
Acerca de cómo se reemplazará a los magistrados que se irán, afirmó que se evaluará el nuevo método fijado en la flamante Constitución provincial,que fija algunas pautas importantes. Afirmó que el régimen diseñado es un progreso frente al sistema que está vigente. "Pero queda por verse cómo será la integración del Consejo de la Magistratura cuando el gobernador, José Alperovich, emita su decreto", añadió.

Según proyecciones extraoficiales, hasta fines de año estarán en condiciones de alejarse de la actividad 51 de los casi 200 miembros del Poder Judicial, entre defensores, fiscales y jueces: 35 ocupan cargos de segunda instancia (vocalías o fiscalías de Cámara), y 11, de primera instancia (juzgados y fiscalías). Los cinco restantes son defensores oficiales.
Quienes se acojan al régimen duplicarán la expectativa sobre el monto de sus haberes. El acuerdo con la Nación suprimió el tope salarial mensual de $ 3.100, y quienes dejen los despachos podrán acceder al 82% móvil de los sueldos que perciben actualmente.
La diferencia económica es sustancial, teniendo en cuenta que (como ya fuera publicado) un defensor oficial en actividad y en condiciones de jubilarse está cobrando aproximadamente unos $ 6.000.


La Constitución que rige desde el miércoles establece un nuevo mecanismo para cubrir vacantes en la Justicia. La designación de los magistrados sigue a cargo de la Casa de Gobierno, con acuerdo de la Legislatura. Pero la Carta Magna instrumenta un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) en el Poder Ejecutivo. Este organismo se encargará de proponer al gobernador ternas de candidatos. Como su dictamen será vinculante, el mandatario deberá elegir, sí o sí, a uno de ellos.
Sin embargo, la Ley Fundamental no fija cómo debe conformarse el CAM, y esta es una de las razones por las que el Colegio de Abogados la cuestionó en Tribunales. La Justicia ratificó que nadie podrá arrogarse derechos adquiridos hasta que se defina el pleito. El ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, afirmó que el PE está igualmente obligado a crear el organismo.