Pese a que ayer fue sábado, el reconocimiento por parte del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Raúl David Mender, de la existencia de hechos de corrupción en causas vinculadas a títulos públicos tras la pesificación, repercutió hasta en el Consejo de la Magistratura (CM).
"Estas afirmaciones no hacen más que confirmar lo que estamos haciendo en el CM, así como la necesidad de que haya una investigación", aseguró a LA GACETA Luis Pereira Duarte, consejero en representación de los abogados.
El letrado subrayó que compartía con Mender en la necesidad de que pueda esclarecerse lo que sucedió en Tucumán. No obstante y, aunque señaló que había que estudiar con detenimiento las manifestaciones del camarista, aclaró que no podían ser utilizadas -como prueba- en el proceso de destitución en marcha contra el juez federal Felipe Terán por presunto mal desempeño. "En el momento en que formulamos la acusación, también ofrecemos los elementos en los que nos basamos", precisó.
Pereira Duarte y el diputado nacional justicialista Carlos Kunkel fueron designados para impulsar la acusación contra Terán ante el jurado de enjuiciamiento, que deberá llegar a una conclusión (si lo absuelve o si lo destituye) dentro de los próximos seis meses, plazo por el cual el magistrado quedó suspendido desde el viernes.
Mayores precisiones
De todos modos, Pereira Duarte aseveró que, si tiene elementos a su disposición o precisiones, Mender debería aportarlos o hacerlas ante el CM, porque aún hay un sumario en marcha -por el mismo tema- contra el otro juez federal de Tucumán, Jorge Parache, en la comisión de Acusación del órgano. "También podrían servir, eventualmente, para la actuación que solicité contra Carlos Jiménez Montilla (vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal) y que aún no se puso en marcha (ver ?Piden que...?)", manifestó.
Mender dijo también que, como en al amor, si había un juez corrupto también existía un abogado podrido. LA GACETA intentó comunicarse con las autoridades de la institución que nuclea a los letrados. El secretario de la entidad, Francisco García Posse, aclaró que hablaba a título personal.
"De acuerdo con la declaración publicada, Mender no se refiere en términos ofensivos a todos los abogados. Está planteando una hipótesis de casos de corrupción, que, según él, requieren de un magistrado y de un abogado corruptos. No ofende a todos; se trata de una opinión que podemos compartir o no", concluyó García Posse.
"Me llama la atención que la denuncia aún no haya sido girada ni a la comisión de Acusación ni a la de Disciplina. Solicitaré a Storani que acelere la asignación", aseguró a LA GACETA Pereira Duarte.
Cuando ingresa una denuncia al CM se reúnen los miembros del comité de Asignación -formado por el presidente del CM (Enrique Petracchi), o el secretario (Pablo Hirschman), eventualmente, y los titulares de las comisiones de Acusación y de Disciplina-, para determinar a qué grupo la asignan.
Opiniones diferentes
En mayo, Pereira Duarte, consejero por los abogados, solicitó que se ponga en marcha una actuación contra Jiménez Montilla. El motivo: presuntas irregularidades en la causa mediante la que, ante el juez federal Jorge Parache, Jiménez Montilla demandó al Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos luego de la declaración, de diciembre de 2001, de que el país había entrado en default.
"Los bonos con los que accionó habían ingresado a su patrimonio ?en default? y en pleno proceso de renegociación de la deuda", aseveró el consejero en la presentación. No obstante, Jiménez Montilla se presentó ante el fiscal Carlos Brito, que analiza el expediente en forma preliminar y aseguró que a los bonos los había recibido en pago de honorarios pendientes, regulados en 1996, antes de que asumiera como magistrado.
"La fecha (de la audiencia) no depende de nosotros, sino de cuánto puedan demorarse la Caja de Valores, el Ministerio de Economía de la Nación y las otras instituciones a las que les libramos oficios para que nos aporten información. Pretendemos acumular todo, porque no queremos que hayan tantos actos procesales como elementos nuevos tengamos", explicó el consejero a LA GACETA.
Tal como sucedió antes con el juez federal Felipe Terán, Parache está bajo sumario por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares reclamaban que el Estado no les aplicara la normativa que pesificó los títulos públicos después de que el país se declaró en default.
Los próximos pasos
Una vez que todo el material probatorio sea reunido y de que Parache vaya a ampliar su descargo, Fernández deberá elaborar un dictamen, y aconsejar que el expediente sea archivado o que el magistrado sea sometido a un proceso de destitución, como ocurrió con Terán. Luego, el proyecto deberá ser puesto a la consideración de la comisión de Acusación.
Fernández aún no sabe cuándo elaborará la propuesta de dictamen. "No estamos ni cerca ni lejos. No voy a acelerar ni a lentificar la actuación hasta que no haya reunido toda la prueba. Seré muy riguroso porque estamos juzgando conductas y, para eso, hay que tener elementos", destacó.
En cuanto a si hay similitudes con el caso de Terán, precisó: "a simple vista hay una casuística parecida; pero en cada juzgado se actuaba de diferente manera o no; eso es lo que hay que determinar".
"Estas afirmaciones no hacen más que confirmar lo que estamos haciendo en el CM, así como la necesidad de que haya una investigación", aseguró a LA GACETA Luis Pereira Duarte, consejero en representación de los abogados.
El letrado subrayó que compartía con Mender en la necesidad de que pueda esclarecerse lo que sucedió en Tucumán. No obstante y, aunque señaló que había que estudiar con detenimiento las manifestaciones del camarista, aclaró que no podían ser utilizadas -como prueba- en el proceso de destitución en marcha contra el juez federal Felipe Terán por presunto mal desempeño. "En el momento en que formulamos la acusación, también ofrecemos los elementos en los que nos basamos", precisó.
Pereira Duarte y el diputado nacional justicialista Carlos Kunkel fueron designados para impulsar la acusación contra Terán ante el jurado de enjuiciamiento, que deberá llegar a una conclusión (si lo absuelve o si lo destituye) dentro de los próximos seis meses, plazo por el cual el magistrado quedó suspendido desde el viernes.
Mayores precisiones
De todos modos, Pereira Duarte aseveró que, si tiene elementos a su disposición o precisiones, Mender debería aportarlos o hacerlas ante el CM, porque aún hay un sumario en marcha -por el mismo tema- contra el otro juez federal de Tucumán, Jorge Parache, en la comisión de Acusación del órgano. "También podrían servir, eventualmente, para la actuación que solicité contra Carlos Jiménez Montilla (vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal) y que aún no se puso en marcha (ver ?Piden que...?)", manifestó.
Mender dijo también que, como en al amor, si había un juez corrupto también existía un abogado podrido. LA GACETA intentó comunicarse con las autoridades de la institución que nuclea a los letrados. El secretario de la entidad, Francisco García Posse, aclaró que hablaba a título personal.
"De acuerdo con la declaración publicada, Mender no se refiere en términos ofensivos a todos los abogados. Está planteando una hipótesis de casos de corrupción, que, según él, requieren de un magistrado y de un abogado corruptos. No ofende a todos; se trata de una opinión que podemos compartir o no", concluyó García Posse.
Piden que se tramite la tercera denuncia
El martes, el abogado Luis Pereira Duarte solicitará formalmente al presidente de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (CM), el diputado radical Federico Storani, que pregunte qué sucedió con la denuncia que él interpuso contra Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal. "Me llama la atención que la denuncia aún no haya sido girada ni a la comisión de Acusación ni a la de Disciplina. Solicitaré a Storani que acelere la asignación", aseguró a LA GACETA Pereira Duarte.
Cuando ingresa una denuncia al CM se reúnen los miembros del comité de Asignación -formado por el presidente del CM (Enrique Petracchi), o el secretario (Pablo Hirschman), eventualmente, y los titulares de las comisiones de Acusación y de Disciplina-, para determinar a qué grupo la asignan.
Opiniones diferentes
En mayo, Pereira Duarte, consejero por los abogados, solicitó que se ponga en marcha una actuación contra Jiménez Montilla. El motivo: presuntas irregularidades en la causa mediante la que, ante el juez federal Jorge Parache, Jiménez Montilla demandó al Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos luego de la declaración, de diciembre de 2001, de que el país había entrado en default.
"Los bonos con los que accionó habían ingresado a su patrimonio ?en default? y en pleno proceso de renegociación de la deuda", aseveró el consejero en la presentación. No obstante, Jiménez Montilla se presentó ante el fiscal Carlos Brito, que analiza el expediente en forma preliminar y aseguró que a los bonos los había recibido en pago de honorarios pendientes, regulados en 1996, antes de que asumiera como magistrado.
Una vez que reúnan la prueba, citarán nuevamente a Parache
A fin de mes, el titular del juzgado federal número uno, Jorge Parache, podría ser citado nuevamente por la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) para que amplíe su descargo, tal como él mismo lo requirió. El senador nacional Nicolás Fernández (PJ), que instruye el sumario contra el magistrado, pretende acumular toda la prueba instrumental antes de que Parache concurra otra vez a Buenos Aires, como lo hizo el 16 de mayo. "La fecha (de la audiencia) no depende de nosotros, sino de cuánto puedan demorarse la Caja de Valores, el Ministerio de Economía de la Nación y las otras instituciones a las que les libramos oficios para que nos aporten información. Pretendemos acumular todo, porque no queremos que hayan tantos actos procesales como elementos nuevos tengamos", explicó el consejero a LA GACETA.
Tal como sucedió antes con el juez federal Felipe Terán, Parache está bajo sumario por presuntas irregularidades en la tramitación de causas en las que particulares reclamaban que el Estado no les aplicara la normativa que pesificó los títulos públicos después de que el país se declaró en default.
Los próximos pasos
Una vez que todo el material probatorio sea reunido y de que Parache vaya a ampliar su descargo, Fernández deberá elaborar un dictamen, y aconsejar que el expediente sea archivado o que el magistrado sea sometido a un proceso de destitución, como ocurrió con Terán. Luego, el proyecto deberá ser puesto a la consideración de la comisión de Acusación.
Fernández aún no sabe cuándo elaborará la propuesta de dictamen. "No estamos ni cerca ni lejos. No voy a acelerar ni a lentificar la actuación hasta que no haya reunido toda la prueba. Seré muy riguroso porque estamos juzgando conductas y, para eso, hay que tener elementos", destacó.
En cuanto a si hay similitudes con el caso de Terán, precisó: "a simple vista hay una casuística parecida; pero en cada juzgado se actuaba de diferente manera o no; eso es lo que hay que determinar".






