En el futuro inmediato, no hará falta convocar a elecciones provinciales para reformar la Constitución de Tucumán. La tarea podrá ser ejercida directamente por los propios legisladores que debatan y decidan normalmente leyes comunes, quienes tendrán potestad para cambiar el texto de la Carta Magna. Esta facultad les fue otorgada en el artículo 155 de la nueva Ley Fundamental, aprobada por la Convención Constituyente en su última sesión.
A partir de ahora conviven dos mecanismos paralelos para consagrar los cambios constitucionales: el tradicional, que consiste en elegir directamente en comicios generales a un cuerpo específico de convencionales; y el de la enmienda, que es la facultad dada a una mayoría calificada de los legisladores ordinarios. En el caso tucumano, la vigencia de las modificaciones decididas con el segundo sistema tendrá lugar luego de que sea ratificada por la mitad más uno de los votantes, consultados al respecto en la primera votación que tenga lugar tras la enmienda.
La introducción de este nuevo sistema implica un cambio en el carácter de la Constitución, que pasa del esquema histórico (imperante a nivel nacional y originario en la doctrina francesa, el que siempre se aplicó en Tucumán) de una Carta Magna rígida, a otro flexible (propio de la cultura y tradición legal de los Estados Unidos), que ha comenzado a ganar terreno en distintos distritos del país.
Desde la oposición miran con desconfianza la facultad dada a la próxima Legislatura (no se puede tocar ninguna disposición constitucional durante los próximos dos años), y algunos dirigentes políticos anticiparon que están estudiando si pueden objetarla judicialmente, en una nueva presentación que se sumaría a la media docena en trámite. Los oficialistas, en tanto, se escudan en que en diez provincias ya se legisló sobre este asunto sin ningún problema.
La misma exigencia
Uno de los puntos conflictivos es que sancionar una ley que declare la necesidad de la reforma total o parcial por medio de una Convención Constituyente o decidir los cambios directamente por la Legislatura requiere la misma cantidad de votos: 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara.
En cambio, hay otras diferencias importantes. En caso de una reforma a través de la Convención, se impone la obligación de que se difundan los asuntos que serán sometidos a debate por un plazo de dos meses antes de las elecciones; mientras que esa exigencia de publicidad no existe en caso de una enmienda (teóricamente, bastaría con que figure en el orden del día de la sesión parlamentaria).
Tampoco se excluyeron temas en el sistema de la enmienda, por lo cual cae bajo esta figura la Constitución en su integridad. Sólo se previó que no se puedan declarar caducos los nombramientos.
A la saga de un proceso de reforma caracterizado por la consumación de los prepotentes deseos oficiales, la nueva Carta Magna establece un procedimiento de modificación que prescinde de la necesidad de convocar a una Convención para ese fin. La novedad no hace más que eliminar la rigidez que caracteriza a los textos constitucionales en nuestra tradición jurídica, que siempre reservaron para la reforma de la Constitución un proceso sustancialmente diferente del proceso de sanción de las leyes.
El artículo en análisis, además, no excluye de la posibilidad de enmienda a ningún artículo, ni de la parte dogmática (la que refiere a los derechos individuales) ni de la parte orgánica (la que organiza el Estado).
En una provincia caracterizada por el desatino institucional, la innovación no hace sino agregar mayor incertidumbre a la ya magullada vigencia del sistema de frenos y contrapesos que caracterizan el estado constitucional de derecho.
En los hechos, si algún límite al ejercicio del poder quedaba vigente, bien puede ser eliminado de un plumazo; basta con una mayoría circunstancial de legisladores. Así, por ejemplo, la re-reelección ya obtenida podrá transformarse en tantas re como, oportunamente, quieran el oficialismo y sus amigos. La cláusula se estrenará, seguramente, para otorgar mayores privilegios para los detentadores del poder.
Redacción confusa
Párrafo aparte para referirse al único tema excluido del sistema de enmiendas. En una redacción confusa (y sintácticamente errada), el artículo dice: “mediante este procedimiento no podrán declararse caducos los nombramientos del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y/o de la Corte Suprema, obtenidos y efectuados de conformidad a las disposiciones de la Constitución de la Provincia y leyes vigentes” (sic). Una vez más, los constituyentes limitaron la actuación de los legisladores en algo para lo que nunca estuvieron facultados.
El procedimiento tucumano difiere sustancialmente del que se incorporó a nivel nacional en la reforma de 1994 a la Carta Magna, que dispone un mecanismo similar a utilizarse sólo para otorgar jerarquía constitucional a tratados internacionales sobre derechos humanos.
El constitucionalismo, como movimiento histórico y político, nació para resguardar los derechos individuales ante el atropello de una mayoría circunstancial. En Tucumán, el gobernador José Alperovich cree que los votos (traccionados con planes y bolsones) lo habilitan para cualquier cosa.
La inclusión de un referéndum con el 50% de electores como nota de validez final para el contenido de la enmienda es, a todas luces, una inmensa hipocresía.
El nuevo artículo 155 de la Constitución de Tucumán prevé la posibilidad de reforma por la vía de la enmienda. Este mecanismo está ausente en la Constitución nacional, pero ha sido incorporado por varias provincias.
Estos antecedentes se encuentran en las legislaciones vigentes en Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego.
A diferencia del sistema de la Convención Constituyente, en el cual el pueblo elige representantes que integran una Asamblea para reformar la Constitución provincial, en la enmienda es la propia Legislatura -en tanto poder constituido- la que, en una primera etapa, aprueba las modificaciones. Se requiere para ello una mayoría agravada de dos tercios del total de sus miembros, exigencia que apunta a reunir un grado sustancial de consenso político.
En una segunda etapa, es el pueblo de la Provincia, mediante un referéndum obligatorio, el que deberá votar afirmativamente las enmiendas y, luego de que se concrete ese paso, la decisión adoptada por la mayoría calificada de los legisladores provinciales quedará incorporada al texto constitucional. Esta consulta a la población deberá realizarse conjuntamente con la primera elección de carácter provincial que se efectúe.
Para que el referéndum se considere válido, deberá votar más de la mitad del padrón electoral provincial. Este segundo paso obliga a que la decisión política sea ratificada por el pueblo, y evita que el poder de reforma se concentre únicamente en la Legislatura.
Una opción conveniente
La conveniencia de incorporar esta novedosa vía de introducir modificaciones radica en que, si bien el sistema de Convención Constituyente parece ser el indicado para realizar una reforma total o sustancial de la Carta Magna, la enmienda resulta más conveniente para una reforma de menor envergadura, es decir, cuando se necesite revisar o actualizar unos pocos artículos.
La doctrina señala que el sistema de enmiendas debe ser regulado con un criterio que no entorpezca su aplicación, y que a la vez lo limite dentro de pautas razonables.
Al respecto, la reforma de Tucumán ha seguido la tendencia de varias constituciones provinciales al establecer que la enmienda sólo podrá aplicarse una vez cada dos años.
Sin embargo y, a diferencia del criterio mayoritario vigente en las disposiciones de otros distritos que permite enmendar uno o dos artículos como máximo, la flamante Constitución de Tucumán no establece límite alguno en la posibilidad de retoques. En este aspecto, se identifica únicamente con la nueva Carta Magna de Neuquén, que fue reformada en febrero de este año.
A partir de ahora conviven dos mecanismos paralelos para consagrar los cambios constitucionales: el tradicional, que consiste en elegir directamente en comicios generales a un cuerpo específico de convencionales; y el de la enmienda, que es la facultad dada a una mayoría calificada de los legisladores ordinarios. En el caso tucumano, la vigencia de las modificaciones decididas con el segundo sistema tendrá lugar luego de que sea ratificada por la mitad más uno de los votantes, consultados al respecto en la primera votación que tenga lugar tras la enmienda.
La introducción de este nuevo sistema implica un cambio en el carácter de la Constitución, que pasa del esquema histórico (imperante a nivel nacional y originario en la doctrina francesa, el que siempre se aplicó en Tucumán) de una Carta Magna rígida, a otro flexible (propio de la cultura y tradición legal de los Estados Unidos), que ha comenzado a ganar terreno en distintos distritos del país.
Desde la oposición miran con desconfianza la facultad dada a la próxima Legislatura (no se puede tocar ninguna disposición constitucional durante los próximos dos años), y algunos dirigentes políticos anticiparon que están estudiando si pueden objetarla judicialmente, en una nueva presentación que se sumaría a la media docena en trámite. Los oficialistas, en tanto, se escudan en que en diez provincias ya se legisló sobre este asunto sin ningún problema.
La misma exigencia
Uno de los puntos conflictivos es que sancionar una ley que declare la necesidad de la reforma total o parcial por medio de una Convención Constituyente o decidir los cambios directamente por la Legislatura requiere la misma cantidad de votos: 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara.
En cambio, hay otras diferencias importantes. En caso de una reforma a través de la Convención, se impone la obligación de que se difundan los asuntos que serán sometidos a debate por un plazo de dos meses antes de las elecciones; mientras que esa exigencia de publicidad no existe en caso de una enmienda (teóricamente, bastaría con que figure en el orden del día de la sesión parlamentaria).
Tampoco se excluyeron temas en el sistema de la enmienda, por lo cual cae bajo esta figura la Constitución en su integridad. Sólo se previó que no se puedan declarar caducos los nombramientos.
PUNTO DE VISTA
El poder buscará obtener mayores privilegios
Por Rodolfo Tercero Burgos - Profesor de derecho constitucionalEl poder buscará obtener mayores privilegios
A la saga de un proceso de reforma caracterizado por la consumación de los prepotentes deseos oficiales, la nueva Carta Magna establece un procedimiento de modificación que prescinde de la necesidad de convocar a una Convención para ese fin. La novedad no hace más que eliminar la rigidez que caracteriza a los textos constitucionales en nuestra tradición jurídica, que siempre reservaron para la reforma de la Constitución un proceso sustancialmente diferente del proceso de sanción de las leyes.
El artículo en análisis, además, no excluye de la posibilidad de enmienda a ningún artículo, ni de la parte dogmática (la que refiere a los derechos individuales) ni de la parte orgánica (la que organiza el Estado).
En una provincia caracterizada por el desatino institucional, la innovación no hace sino agregar mayor incertidumbre a la ya magullada vigencia del sistema de frenos y contrapesos que caracterizan el estado constitucional de derecho.
En los hechos, si algún límite al ejercicio del poder quedaba vigente, bien puede ser eliminado de un plumazo; basta con una mayoría circunstancial de legisladores. Así, por ejemplo, la re-reelección ya obtenida podrá transformarse en tantas re como, oportunamente, quieran el oficialismo y sus amigos. La cláusula se estrenará, seguramente, para otorgar mayores privilegios para los detentadores del poder.
Redacción confusa
Párrafo aparte para referirse al único tema excluido del sistema de enmiendas. En una redacción confusa (y sintácticamente errada), el artículo dice: “mediante este procedimiento no podrán declararse caducos los nombramientos del Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura y/o de la Corte Suprema, obtenidos y efectuados de conformidad a las disposiciones de la Constitución de la Provincia y leyes vigentes” (sic). Una vez más, los constituyentes limitaron la actuación de los legisladores en algo para lo que nunca estuvieron facultados.
El procedimiento tucumano difiere sustancialmente del que se incorporó a nivel nacional en la reforma de 1994 a la Carta Magna, que dispone un mecanismo similar a utilizarse sólo para otorgar jerarquía constitucional a tratados internacionales sobre derechos humanos.
El constitucionalismo, como movimiento histórico y político, nació para resguardar los derechos individuales ante el atropello de una mayoría circunstancial. En Tucumán, el gobernador José Alperovich cree que los votos (traccionados con planes y bolsones) lo habilitan para cualquier cosa.
La inclusión de un referéndum con el 50% de electores como nota de validez final para el contenido de la enmienda es, a todas luces, una inmensa hipocresía.
PUNTO DE VISTA
Se sigue una tendencia de otras provincias
Por Oscar Flores, profesor de Derecho ConstitucionalSe sigue una tendencia de otras provincias
El nuevo artículo 155 de la Constitución de Tucumán prevé la posibilidad de reforma por la vía de la enmienda. Este mecanismo está ausente en la Constitución nacional, pero ha sido incorporado por varias provincias.
Estos antecedentes se encuentran en las legislaciones vigentes en Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Formosa y Tierra del Fuego.
A diferencia del sistema de la Convención Constituyente, en el cual el pueblo elige representantes que integran una Asamblea para reformar la Constitución provincial, en la enmienda es la propia Legislatura -en tanto poder constituido- la que, en una primera etapa, aprueba las modificaciones. Se requiere para ello una mayoría agravada de dos tercios del total de sus miembros, exigencia que apunta a reunir un grado sustancial de consenso político.
En una segunda etapa, es el pueblo de la Provincia, mediante un referéndum obligatorio, el que deberá votar afirmativamente las enmiendas y, luego de que se concrete ese paso, la decisión adoptada por la mayoría calificada de los legisladores provinciales quedará incorporada al texto constitucional. Esta consulta a la población deberá realizarse conjuntamente con la primera elección de carácter provincial que se efectúe.
Para que el referéndum se considere válido, deberá votar más de la mitad del padrón electoral provincial. Este segundo paso obliga a que la decisión política sea ratificada por el pueblo, y evita que el poder de reforma se concentre únicamente en la Legislatura.
Una opción conveniente
La conveniencia de incorporar esta novedosa vía de introducir modificaciones radica en que, si bien el sistema de Convención Constituyente parece ser el indicado para realizar una reforma total o sustancial de la Carta Magna, la enmienda resulta más conveniente para una reforma de menor envergadura, es decir, cuando se necesite revisar o actualizar unos pocos artículos.
La doctrina señala que el sistema de enmiendas debe ser regulado con un criterio que no entorpezca su aplicación, y que a la vez lo limite dentro de pautas razonables.
Al respecto, la reforma de Tucumán ha seguido la tendencia de varias constituciones provinciales al establecer que la enmienda sólo podrá aplicarse una vez cada dos años.
Sin embargo y, a diferencia del criterio mayoritario vigente en las disposiciones de otros distritos que permite enmendar uno o dos artículos como máximo, la flamante Constitución de Tucumán no establece límite alguno en la posibilidad de retoques. En este aspecto, se identifica únicamente con la nueva Carta Magna de Neuquén, que fue reformada en febrero de este año.






