La Justicia se expide sobre un planteo de los abogados

Hoy será una día clave para la acción judicial deducida por el Colegio de Abogados contra la reforma de la Constitución. El presidente de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Carlos Giovanniello, se pronunciará sobre el pedido de que, en forma cautelar, ordene a la Convención Constituyente que se abstenga de sancionar el nuevo texto hasta que no sea resuelto el planteo de nulidad e inconstitucionalidad.
El magistrado trabajó ayer durante todo el día en una de la media docena de causas en las que es cuestionada la actuación de la Convención, que la próxima semana sesionará por última vez.
El colegio profesional solicitó que se ordene al presidente de la Convención, Juan Manzur, que se abstenga de poner en vigencia las reformas sancionadas. En especial, pidieron que se prohíba la publicación, por cualquier medio, de las enmiendas aprobadas hasta tanto se dicte una sentencia definitiva en la causa. También requirieron que se notifique de ello al gobernador José Alperovich y al titular de la Legislatura, Fernando Juri.

Un control eficaz
Los abogados consideran que la actuación de la Convención está sometida al control judicial. “Este no sería eficaz si no contara con la protección y el resguardo de las reglas procesales; entre ellas las medidas cautelares”, advirtieron.
La entidad entiende que si las modificaciones cobraran eficacia, una eventual sentencia favorable a la pretensión de los abogados se convertiría en una mera declaración de derechos, imposible de ser consagrados en la práctica, por la consumación previa de los hechos.
“El núcleo sustancial de la reforma ya fue aprobado, y sólo resta ordenar el texto por medio de la comisión de Redacción. Con ello, los convencionales habrían cumplido íntegramente la tarea y el rol institucional que legal y constitucionalmente tienen asignado. Como contrapartida, quedaría plena y efectivamente configurada la lesión a los derechos constitucionales que se intentaron tutelar por medio de nuestra demanda”, planteó la institución.
Los abogados sostienen que el nuevo texto vulnera la independencia del Poder Judicial, porque autoriza la creación de un Consejo de la Magistratura organizado por medio de un decreto del Poder Ejecutivo y de un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, controlado por legisladores. Además, destacan que ciertos dictámenes de la Convención son nulos, con lo cual debe caer todo lo actuado.