Los concejales de Yerba Buena tienen otra vez en sus manos la posibilidad de eliminar o de mantener los beneficios tributarios a los vecinos residentes de countries. Ayer al mediodía de ayer, el intendente Roberto Martínez Zavalía firmó el veto parcial al proyecto de ordenanza que fija descuentos de hasta un 30% en la Contribución que Incide Sobre los Inmuebles (CISI) para quienes viven en barrios privados.
La discusión sobre la tasa diferencial desató una crisis en el bloque justicialista, dividió en dos al Concejo Deliberante y derivó en un conflicto institucional con el Departamento Ejecutivo.
Fue el intendente quien impulsó en 2005 la derogación del beneficio vigente desde 2003, pero el pedido recién fue debatido por el Concejo el 11 de mayo. Aquella noche, el proyecto fue desestimado con el voto mayoritario de cinco concejales peronistas (Ricardo Salomón, Francisco Pisano, Luis Baldizón, Alfredo Carrizo y Rubén Aráoz) y del edil de Ciudadanos Independientes, Manuel Sancho Miñano. Sólo José Marrades (PJ), Alejandro Sangenis (MP3), Cristina Mirande (Recrear) y Marcelo Rojas (CI) apoyaron la idea del jefe municipal.
Tal como lo había adelantado a LA GACETA un día después de la sesión, Martínez Zavalía optó por un veto parcial. "Los padrones involucrados en barrios y cerrados y countries gozan de los servicios, tanto directos como indirectos, con los que se benefician los demás vecinos del municipio que no optaron por aquella modalidad de convivencia", expresa el decreto remitido al Concejo. En el veto, además, califica de extraño el porcentaje de reducción dispuesto por los ediles. "Nada se explica sobre los parámetros utilizados para establecerlos, por lo que resultan arbitrarios e infundados", agrega. Sostiene, finalmente, que el descuento es injusto. "Es necesario poner fin a las diferencias injustificadas sin sustento alguno en el tributo municipal en cuestión, lesivo del principio de equidad existente en todo sistema tributario que se precie de tal", señala el texto.
Protesta
Un sector del gremio municipal de esa ciudad continuó ayer con la protesta frente a la intendencia, por mejoras laborales.
La discusión sobre la tasa diferencial desató una crisis en el bloque justicialista, dividió en dos al Concejo Deliberante y derivó en un conflicto institucional con el Departamento Ejecutivo.
Fue el intendente quien impulsó en 2005 la derogación del beneficio vigente desde 2003, pero el pedido recién fue debatido por el Concejo el 11 de mayo. Aquella noche, el proyecto fue desestimado con el voto mayoritario de cinco concejales peronistas (Ricardo Salomón, Francisco Pisano, Luis Baldizón, Alfredo Carrizo y Rubén Aráoz) y del edil de Ciudadanos Independientes, Manuel Sancho Miñano. Sólo José Marrades (PJ), Alejandro Sangenis (MP3), Cristina Mirande (Recrear) y Marcelo Rojas (CI) apoyaron la idea del jefe municipal.
Tal como lo había adelantado a LA GACETA un día después de la sesión, Martínez Zavalía optó por un veto parcial. "Los padrones involucrados en barrios y cerrados y countries gozan de los servicios, tanto directos como indirectos, con los que se benefician los demás vecinos del municipio que no optaron por aquella modalidad de convivencia", expresa el decreto remitido al Concejo. En el veto, además, califica de extraño el porcentaje de reducción dispuesto por los ediles. "Nada se explica sobre los parámetros utilizados para establecerlos, por lo que resultan arbitrarios e infundados", agrega. Sostiene, finalmente, que el descuento es injusto. "Es necesario poner fin a las diferencias injustificadas sin sustento alguno en el tributo municipal en cuestión, lesivo del principio de equidad existente en todo sistema tributario que se precie de tal", señala el texto.
Protesta
Un sector del gremio municipal de esa ciudad continuó ayer con la protesta frente a la intendencia, por mejoras laborales.






