Suman herramientas para la acción ciudadana

La Convención Constituyente incorporó en la Carta Magna nuevas herramientas para la acción ciudadana, tendientes a exigir el cumplimiento de derechos. Justamente, se los conoce como institutos de tutela eficaz, y se trata del amparo, el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo colectivo.
El recurso de amparo es una demanda jurídica que precautela los derechos constitucionales del ciudadano. La Ley Suprema vigente ya la consagra en su artículo 34. Allí indica que toda persona podrá pedir el amparo a los jueces cuando “en forma actual o inminente se restrinjan, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución o por la Constitución nacional”. Indica que debe apelarse a este recurso cuando no exista otra vía pronta o eficaz para evitar un grave daño.
Los reformadores agregaron un artículo 34 bis. “Esta acción podrá interponerse contra cualquier decisión, hecho, acto u omisión emanada de autoridad pública, así como de cualquier persona física o jurídica que, de modo actual o inminente, amenace, altere, restrinja o impida de manera ilegítima el ejercicio de los derechos mencionados, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta”, agrega la norma. Su último párrafo indica que esta acción será expedita y rápida. Y que el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en la que se funda el acto o la omisión que lesionan el derecho invocado.

Legitimaciones
A esa norma se agregó el artículo 34 ter, que consagra el hábeas data. Etimológicamente, quiere decir “que muestren los datos”. Justamente, diversos diccionarios jurídicos lo definen como una garantía constitucional reciente, que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida privada y de la intimidad frente al avance de la tecnología y de la recopilación de información personal en bancos de datos. Apunta a evitar que el tratamiento de esa información pueda vulnerar dichos derechos, dando la posibilidad de corregirla, actualizarla o eliminarla. (Ver “La acción de...”)
El hábeas corpus (“que muestren el cuerpo”), ya está fijado en la Carta Magna del 90. La reforma amplió su campo de aplicación (Ver “Ampliación...”). El instituto en cuestión es una garantía constitucional que tutela los derechos fundamentales derivados de la vida y de la libertad, frente a cualquier acto u omisión de cualquier autoridad, funcionario o persona que pueda vulnerar dichos derechos.
El amparo colectivo también está pautado en el texto reformado. La discusión durante la sesión del 9 de mayo giró en torno de quién tendrá legitimidad para impulsarlo, dado que cuando sea admitido por la Justicia sus efectos alcanzarán a todos los ciudadanos y no sólo a quien lo impulsa. Se determinó, finalmente, que el legitimado para impulsarlo es el defensor del pueblo.


*La Constitución actual fija que toda persona que sufra prisión arbitraria podrá concurrir, por sí o por medio de otras personas, ante cualquier juez. Compareciendo ante el magistrado, deberá informarse cómo fue apresado. Si se incumplieron requisitos constitucionales y legales, será puesto en libertad en el acto.

*La reforma agrega que la acción procederá, también, cuando de modo inminente se amenace la libertad ambulatoria de una persona, o se agrave ilegítimamente las formas o condiciones de detención, o en caso de desaparición forzada de personas.


La última sesión de la Convención Constituyente, en la que se aprobará el texto unificado de la nueva Constituyente, sigue sin fecha cierta. En el Gobierno insisten en concretarla esta misma semana, pero en la Legislatura aseguran que no hay tiempo para completar la tarea en este plazo. Hoy, desde las 11, la comisión redactora mantendrá su tercera reunión.


El abogado Luis Iriarte solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Carlos Dato, que en forma urgente tome cartas en el asunto. La razón: el tiempo que ha transcurrido sin que haya novedades en las denuncias penales concretadas (por el letrado) contra el gobernador José Alperovich por distintos motivos. “Deben instruirse los sumarios que indica la Ley Orgánica de Tribunales para la determinación de las responsabilidades en que incurrieron los funcionarios que actuaron -o dejaron de hacerlo- en tiempo oportuno. Hay que imponer las más duras sanciones, a fin de que sea restablecida la confianza en la Justicia tucumana”, aseveró el ex legislador. Iriarte recordó que, anteriormente, había requerido lo mismo al ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, sin que haya obtenido respuesta alguna. El letrado agregó que, respecto de una de las denuncias, se está por cumplir un año de su interposición. “Hasta la fecha no ha sido tramitada por el juez de instrucción que corresponda”, destacó.


La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararse incompetente en el planteo del dirigente peronista opositor Oscar López contra la nueva Constitución abrió una nueva instancia judicial en este tema.
López cuestionó el pronunciamiento del máximo tribunal y afirmó que debería haber seguido su propia jurisprudencia (dictada cuando entendió en un planteo del ex legislador Víctor Arias contra la ley que habilitó la reforma) y tratar sobre el fondo de la cuestión. Sin embargo, consideró que “es muy importante que se haya girado la presentación al fuero penal para que analice si el gobernador José Alperovich y los convencionales constituyentes del oficialismo cometieron el delito de infames traidores a la Patria”.
El planteo se refiere al otorgamiento a la cabeza del Poder Ejecutivo de la acumulación de potestades y facultades que les corresponderían a los otros poderes del Estado, de modo violatorio a lo dispuesto por la Carta Magna nacional.


La ausencia en la nueva Constitución de una cláusula específica sobre el régimen de monopolio estatal a los juegos de azar fue justificada por el convencional Daniel Heredia. Admitió que no hubo tratamiento parlamentario de este asunto, que estaba contemplado en la ley 7.469 que habilitó la reforma parcial, pero señaló que tampoco se incorporaron a la Carta Magna otros institutos tales como creación de la Policía y de la carrera judicial, cuya discusión también había sido impulsada.
“El monopolio estatal en los juegos de azar se encuentra perfectamente establecido por la ley vigente y sus modificatorias, que sirven como marco legal para el desarrollo de esta actividad. En la Convención no se consideró necesario que esta cuestión tuviese rango constitucional, del mismo modo que no figura en ninguna otra Constitución provincial, ni siquiera en las más modernas. Estas cuestiones se dejan reservadas para leyes especiales que las reglamenten adecuadamente”, destacó.