A causa de una huelga se resiente la atención al público en Yerba Buena

Los conflictos institucionales mantienen en vilo al municipio de Yerba Buena. Esta vez no hubo disputas entre el Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo, sino enfrentamientos entre la intendencia y dirigentes gremiales.
Con quema de cubiertas frente a la sede municipal, un grupo de trabajadores encabezados por el secretario adjunto del sindicato, Ramón Ruiz, retomó ayer las medidas de fuerza que habían paralizado durante varios días de marzo la administración de Roberto Martínez Zavalía. Aducen que la intendencia no dio cumplimiento a los puntos del acta acuerdo firmada en aquella oportunidad, que permitió destrabar el conflicto.
Los dirigentes reclaman el pago de una deuda salarial originada en 1999; la devolución de categorías a empleados (fueron quitadas durante anteriores gestiones) y la aplicación de la ordenanza a través de la cual familiares de los trabajadores tienen prioridad para ingresar en la planta laboral de la comuna.
Sin embargo, Martínez Zavalía denunció que el paro sólo fue cumplido por una veintena de empleados y que esconde un trasfondo político. “El paro es una medida de fuerza que surge cuando se agotan instancias de diálogo que tienden a mejorar condiciones laborales, no una extorsión con fines prebendistas de un puñado de dirigentes”, espetó el jefe municipal.
Según denunció, los principales referentes gremiales se encuentran bajo sumario administrativo por inconductas “como amenazas a sus compañeros en paros anteriores, lesiones a otros empleados y agresiones a funcionarios”. “Sólo pretenden -prosiguió Martínez Zavalía- ejercer presión política para evitar que los sumarios lleguen a tener su resultado, que podría ser la exoneración”.

Medida de fuerza ilegal
El secretario de Gobierno, Pablo Majul, señaló que la medida de fuerza es ilegal, puesto que el sindicato no cuenta con personería gremial. “Tampoco se notificó con antelación a la Municipalidad ni a la Secretaría de Trabajo”, dijo.
Majul remarcó que el pago de la deuda salarial reclamada depende de la Provincia y que no corresponde la recategorización exigida. “Pretenden forzar la ley”, enfatizó.