Exigen explicaciones al Gobierno y a Casino Club

La causa judicial iniciada en 2004 para evitar la construcción de un centro de entretenimientos en el Hipódromo tomará un nuevo impulso esta semana. La Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales solicitará a los vocales de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que intimen a Casino Club y a la Provincia para que especifiquen si aún mantienen la intención de instalar las 1.000 tragamonedas en el parque 9 de Julio.
El planteo que efectuarán los ambientalistas cobra dimensión ante la posibilidad de que la empresa patagónica haya modificado su proyecto original. En efecto, fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron el miércoles a LA GACETA que la estrategia oficial para eludir el cerco judicial sería emplazar la sala de juegos y el centro de convenciones en el oeste de la capital.
Precisamente, Casino Club obtuvo en diciembre un permiso provisorio de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para explotar 300 maquinitas en Adolfo de la Vega 473. Las mismas fuentes admitieron, inclusive, que el local que perteneció a la concesionaria Orly -inmueble que se encuentra en remodelación- reúne las condiciones adecuadas para albergar a la totalidad de las tragamonedas concesionadas en forma directa a la empresa. El Código de Planeamiento Urbano municipal permite la ubicación de este tipo de emprendimientos en esa zona de la ciudad.
Los ambientalistas entienden que, de concretarse esa posibilidad, el juicio iniciado en diciembre de 2004 devendría en abstracto. “Queremos que nos digan claramente si desistieron del proyecto en el parque. De ser así, nuestro planteo judicial ya no tendría sentido porque habríamos logrado nuestro cometido: que no se instalen garitos en un paseo público. De todas formas, la sensación que nos queda por la marcha de la causa es que el Jockey Club y la Caja Popular están más interesados que Casino Club en ubicar las maquinitas en el Hipódromo”, aseveró el secretario general de la federación, Juan Manuel Prado Iratchet.
Similar pregunta habían formulado los denunciantes a la Justicia, en febrero, al tomar conocimiento de la habilitación provisoria firmada por la CPA. Aquella vez, la institución oficial había ratificado por escrito la marcha del proyecto y aclaró que el instrumento mencionado por los ambientalistas revestía el carácter de transitorio. “Dicho emplazamiento es provisorio y tiene por objeto permitir a la empresa seguir manteniendo el apoyo a la actividad hípica y queda sujeta a lo que se resuelva en el juicio iniciado por la federación”, especificó en forma tajante la Caja Popular.

El futuro de un aporte
El cambio de lugar para la realización del centro de entretenimientos también abre un interrogante respecto del futuro de la actividad hípica en la provincia.
Desde la firma del convenio inicial el 26 de noviembre de 2004, Casino Club paga mensualmente $ 40.000 al Jockey Club de Tucumán. Esta entidad tiene a su cargo la concesión del Hipódromo, donde el Estado y la empresa han proyectado construir el centro de entretenimientos. La concesión a favor del Jockey Club fue prorrogada en aquella oportunidad por la Caja Popular, durante la gestión de Juan Carlos Veiga, por 20 años (vencía en enero de 2005).
La resolución 978/05, por la que en diciembre el actual interventor de la CPA, Osvaldo Jaldo, otorgó a la empresa la habilitación provisoria por 300 maquinitas, especifica que Casino Club continuará momentáneamente con el aporte establecido. “Se mantiene provisoriamente y hasta tanto cese la restricción dispuesta por la medida cautelar en el juicio el pago al Jockey Club de $ 40.000 mensuales”, aclaró Jaldo. Ante la falta de definiciones, en el gremio que nuclea a los obreros y empleados del Jockey Club temen que la ayuda económica se pierda si es que las condiciones convenidas inicialmente sufren algún tipo de modificación.