Por las tácticas los conocerán...

En el mayor escándalo de la Justicia Federal desde la vuelta de la democracia -por lo menos-, Jorge Parache y Felipe Terán utilizaron tácticas diferentes desde que el Consejo de la Magistratura los sometió -por expedientes separados- al trance del sumario ante la Comisión de Acusación, antesala del proceso de destitución.
El juez Terán intentó dilatar los plazos. Acusación pretendía que efectuara su descargo el 28 de febrero, pero hubo dificultades para notificarlo (se encontraba coincidentemente de licencia) y cuando, por fin, lograron citarlo, pidió un aplazamiento de la audiencia, hecho que terminantemente le fue negado. Había comenzado con el pie izquierdo en las actuaciones por presuntas irregularidades en causas judiciales en las que particulares reclamaban contra el Estado por la normativa que pesificó (depreció) los títulos públicos tras la cesación de pagos "default", declarada en diciembre de 2001.
El 23 de marzo optó por presentar un escrito y el 19 de abril hizo lo mismo con un segundo. En ambos, prefirió descargar responsabilidades en otros. Descalificó las conclusiones de la Procuración del Tesoro de la Nación por considerar que se trataba de una parte interesada (el Estado) y afirmó que si el Estado había pagado de más (sumas correspondientes a la amortización de los títulos, además de la renta) era por decisión de alguna oficina del Ministerio de Economía.
Luego buscó equiparar su situación a la de Parache, que hasta entonces permanecía en silencio. Aseveró que mal podía decirse que él actuó con ligereza cuando la propia Cámara Federal de Apelaciones había confirmado medidas cautelares de Parache -a favor de los bonistas y en contra del erario-, similares a las que él había ordenado, y deslizó que la mayoría de las causas sospechadas de maniobras contra el Estado se tramitaban en el otro juzgado (léase el de Parache), no en el suyo.
Remató jactándose de haber sido el único (otro tiro para Parache) en haber dado intervención al fiscal federal de turno (Carlos Brito) a propósito de la paradigmática "causa Borquez". Hasta le señaló a Brito que aún (por el 19 de abril) no había formulado requerimiento alguno y, como abriendo el paraguas ante la eventualidad de que aquel fuera a pedir su declaración indagatoria, advirtió que, si el funcionario judicial proponía algo, recién iba a analizar si correspondía que él -juez- se apartara de la causa.

Empujón radical
Parache, en cambio, se jugó por ir a poner la cara personalmente. En todo momento, blandió que no había recibido sanciones (tiro elíptico para Terán por los pedidos de juicio político que acumuló en Catamarca). Aunque también culpó a los abogados del Estado, lejos de la victimización, defendió como metodología sistemática la forma en que había librado las cautelares (tipo "cheques en blanco", según la terminología del diputado Carlos Kunkel) en las causas por depósitos bancarios atrapados en el corralito y por bonos pesificados. Esta táctica, al menos, le ha permitido que la comisión de Acusación del CM desvincule su sumario del de Terán. Y alguna ayuda extra -radical- parece tener, porque, curiosamente, el diputado Federico Storani, cada vez que le preguntan sobre Parache, afirma cuidadosamente que no quiere prejuzgar, sigilo que no demostró sobre Terán.
Amén de las tácticas, la discusión en el CM se centró en si los títulos fueron adquiridos antes o después del default. No está claro qué criterios seguían los jueces para ordenar las cautelares. ¿Analizaban si los demandantes se encontraban alcanzados por las excepciones que preveía la Ley 25.587 para que pudiera obviarse la normativa que pesificó los títulos (tratarse de persona mayor de 75 años, o que se encontrara en una situación de riesgo, etcétera) o les bastaba con que los accionantes invocaran la violación del derecho de propiedad generada por la pesificación?
Por ejemplo, en la cautelar concedida a Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Parache sólo afirmó que la situación planteada exhibía "la solidez necesaria para reputar prima facie verosímil el derecho invocado" sin detallar -aunque dice haberlos ponderado- ningún hecho o circunstancia que motivaran el dictado de la cautelar. En la demanda que dedujo el 6 de noviembre de 2003, en la oportunidad de fundar su pretensión, Jiménez Montilla invocó la violación de su derecho de propiedad y no mencionó que los títulos, por los que accionó, tuvieron su origen en una regulación de honorarios profesionales-, cosa que sí hizo espontáneamente en sede penal, semanas atrás, ante el fiscal Brito, para aventar sospechas de que pudieran haber sido adquiridos después del default. Son todas cuestiones que deberán ser aclaradas.