21 Mayo 2006
Un clima enrarecido impera durante el tramo final de la Convención convocada para reformar la Constitución de 1990. El cuerpo se apresta a terminar su tarea entre mañana y el martes, pero los planteos judiciales que comenzaron a llover en los tribunales locales ponen manto de duda sobre la suerte que correrán las distintas enmiendas. También está en duda la presencia de los bloques de la oposición (UCR, PO y ASI) en las últimas dos sesiones, porque sus convencionales están analizando retirarse para no legitimar los cambios que serán aprobados en el recinto. Las objeciones de unos y de otros apuntan, aunque con distintos argumentos, al fortalecimiento que tendrá el poder político en la estructura institucional de Tucumán.
La Justicia tiene pendientes de definición los recursos impulsados por el Partido Obrero y por el diputado Esteban Jerez (ex Recrear) en contra del reglamento interno de la Convención, y la denuncia penal del ex legislador Luis Iriarte para que se investigue si la injerencia del gobernador José Alperovich en el proceso reformista puede considerarse un delito. El constitucionalista cargó sus tintas sobre la reunión que se realizó la semana pasada en la casa del mandatario, en la que los representantes del Frente para la Victoria acordaron los detalles finales del texto que será aprobado esta semana.
En el mismo sentido que Iriarte, realizó ayer una presentación el letrado Oscar López (ver "Advierten sobre...) y mañana hará lo propio el Colegio de Abogados de la capital, que apuntará sus dardos contra el proyecto de conformación del Jury de Enjuiciamiento y el sistema de selección de jueces que se incorporará en la futura Constitución provincial. Las objeciones tienen como eje la preeminencia de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) en los procesos de designación y remoción del poder que debe garantizar la vigencia de la ley.
Primera sesión
El Jury de Enjuiciamiento y el sistema de selección de jueces son dos de los puntos del temario de la sesión convocada para mañana. El orden del día incluye las modificaciones que se introducirán a los capítulos referidos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al nuevo Régimen municipal. En lo que será la primera megasesión de la semana -la segunda fue convocada para el martes- se discutirá, además, las bases del sistema electoral y del procedimiento de Juicio Político.
Se prevé que la reunión comience con un tenso debate político en el período de manifestaciones generales, aunque la oposición concentrará sus críticas para el tratamiento de cada uno de los dictámenes de comisión. Aunque no hubo definiciones concretas al respecto, las especulaciones anticipan que Juan Roberto Robles (UCR), José Páez, y Daniel Blanco y Martín Correa, ambos del PO, abandonarán sus bancas antes de que se sancionen los cambios que, entre otros puntos, asegurarán la posibilidad de la reelección hasta 2015 para las actuales autoridades políticas. En principio la estrategia sería consensuada entre los tres grupos y buscaría dejar a la Convención sesionando sólo con el Frente para la Victoria y sus aliados de Participación Cívica.
El PO convocó a una movilización para mañana a las 17, cuando se estima que estará en debate la reelección. "Queremos que la gente tenga la posibilidad de manifestarse contra esta reforma que se cocinó entre cuatro paredes", dijo Blanco. Robles, en tanto, sostuvo que el radicalismo no convalidará una reforma que pretende darle el poder absoluto al gobernador. "Los cambios son manifiestamente inconstitucionales", advirtió el legislador, que aún no definió cuándo abandonará la Asamblea reformista. Páez denunció que el Gobierno miente sobre los alcances de una enmienda que atentará contra el sistema republicano de gobierno.
Medidas cautelares
Mañana, la Cámara en lo Contencioso Administrativo recibirá la presentación judicial de Jerez contra la Convención, tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal reiteró el criterio dispuesto en la acción que impulsó antes el PO. Inmediatamente se sorteará cuál de las tres salas de la Cámara deberá entender en este nuevo expediente (la Sala III lo hace en el escrito de Correa y Blanco).
Una de las primeras cuestiones por resolver será el pedido de que se dicte una medida de no innovar para paralizar las sesiones de la Asamblea y así, impedirle que sancione artículos que puedan afectar la división de poderes y el Gobierno republicano. Encumbradas fuentes de los tribunales desestimaron que pueda darse esa instancia, ya que cualquier orden de suspensión implicaría, en los hechos, la caída de la Convención y la anulación de todo lo actuado, porque el plazo de 90 días dado a las deliberaciones seguirá corriendo indefectiblemente, y expirará el 12 de junio.
En caso de una negativa a la cautelar, una alternativa que está en estudio de los accionantes es solicitar a la Justicia que se suspenda la promulgación, publicación y jura de la nueva Constitución hasta tanto haya un fallo de fondo sobre la legalidad de los artículos reformados. La opción sería más aceptable para ciertos sectores de tribunales, ya que no alcanzaría al accionar de la Convención, sino a su resultado.
Segunda sesión
La Convención volverá a sesionar el martes para sancionar el resto de los despachos de las comisiones. Los textos pasarán a una comisión de redacción, que hará los retoques finales a la Constitución.
López advirtió de la situación al presidente Néstor Kirchner y a los titulares de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ante la posibilidad de que la situación derive en una intervención federal a Tucumán. El planteo consistió en una acción de amparo por inconstitucionalidad, para que se declare la nulidad de la Convención por "atentado a la forma de Gobierno prevista en la Constitución nacional". Incluyó una denuncia penal contra Alperovich, a quien calificó de traidor a la Patria por haber atacado las instituciones para recibir facultades extraordinarias y acumular la suma del poder público.
"La magnitud de estos hechos es una gravedad institucional inaudita y escandalosa, con un ataque a la Constitución y a la democracia, que perpetran el gobernador y los convencionales", afirmó el dirigente peronista opositor. Agregó que el cuerpo funciona en secreto, lo que vulnera el principio de la publicidad de los actos de gobierno.
El justicialista alertó sobre la intención del oficialismo de controlar el Poder Judicial ("quedaría como una sucursal del Poder Ejecutivo, dijo) mediante el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, con el control político sobre el modo de designación y de remoción de los jueces. También cuestionó el nuevo mecanismo de juicio político para el gobernador y el acople en las candidaturas políticas.
Cláusula de excepcion para que los actuales funcionarios gocen de la prerrogativa de la reelección en dos oportunidades, al no contemplarse el mandato que termina en 2007 para el conteo de los plazos constitucionales.
El vicegobernador será habilitado para presentarse como candidato a gobernador una vez completados dos períodos al frente en ese cargo.
El gobernador designará los jueces sobre la base de un dictamen vinculante del Consejo Asesor de la Magistratura. Antes, será él quien resolverá quiénes integrarán ese organismo y cómo funcionará.
Un tribunal con mayoría de representantes políticos (cinco legisladores y dos designados por el Poder Ejecutivo) tendrá la tarea de juzgar a los integrantes del Poder Judicial no sometidos al procedimiento de Juicio Político.
La destitución del gobernador o del vice por el procedimiento de Juicio Político requerirá del voto a favor de las 3/4 partes del tribunal de la Legislatura. En el régimen actual sólo se precisaban 2/3 de las voluntades.
La continuidad en el cargo estará asegurada para gobernador y el vice , aun cuando sean acusados por la comisión de Juicio Político. La Carta Magna de 1990 imponía la licencia hasta la absolución o la destitución.
Los municipios tendrán autonomía para dictar su propia organización, pero serán los legisladores quienes fijarán sobre que base se hará esa convocatoria.
Intendentes y concejales gozarán de inmunidades y prerrogativas por el ejercicio del cargo.
La legislatura podrá fijarse su propio presupuesto y el PE no podrá vetarlo. El gobernador tendrá facultades legislativas y sus decretos quedarán firmes con el sólo paso del tiempo y el silencio parlamentario.
El tribunal de cuentas será el organismo de control de la administración pública. Sus tres vocales permanentes seguirán siendo designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
El defensor del pueblo sólo podrá ser removido por Juicio Político, pero el cargo será renovado cada cinco años por la Legislatura. No se prevé un régimen de designación específico en la Constitución.
Las Reformas parciales en la Constitución podrán ser autorizadas por ley. Estas abarcarán sólo al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías y requerirán de una mayoría calificada y de la posterior ratificación popular.
Las organizaciones no gubernamentales no tendrán legitimidad procesal reconocida para impulsar amparos colectivos, salvo en cuestiones ambientales.
La revocatoria de mandatos no será habilitada. Los funcionarios tampoco podrán ser sometidos a Juicio de Residencia al terminar su mandato y no habrá un ministerio público independiente del Poder Judicial.
La Justicia tiene pendientes de definición los recursos impulsados por el Partido Obrero y por el diputado Esteban Jerez (ex Recrear) en contra del reglamento interno de la Convención, y la denuncia penal del ex legislador Luis Iriarte para que se investigue si la injerencia del gobernador José Alperovich en el proceso reformista puede considerarse un delito. El constitucionalista cargó sus tintas sobre la reunión que se realizó la semana pasada en la casa del mandatario, en la que los representantes del Frente para la Victoria acordaron los detalles finales del texto que será aprobado esta semana.
En el mismo sentido que Iriarte, realizó ayer una presentación el letrado Oscar López (ver "Advierten sobre...) y mañana hará lo propio el Colegio de Abogados de la capital, que apuntará sus dardos contra el proyecto de conformación del Jury de Enjuiciamiento y el sistema de selección de jueces que se incorporará en la futura Constitución provincial. Las objeciones tienen como eje la preeminencia de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) en los procesos de designación y remoción del poder que debe garantizar la vigencia de la ley.
Primera sesión
El Jury de Enjuiciamiento y el sistema de selección de jueces son dos de los puntos del temario de la sesión convocada para mañana. El orden del día incluye las modificaciones que se introducirán a los capítulos referidos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al nuevo Régimen municipal. En lo que será la primera megasesión de la semana -la segunda fue convocada para el martes- se discutirá, además, las bases del sistema electoral y del procedimiento de Juicio Político.
Se prevé que la reunión comience con un tenso debate político en el período de manifestaciones generales, aunque la oposición concentrará sus críticas para el tratamiento de cada uno de los dictámenes de comisión. Aunque no hubo definiciones concretas al respecto, las especulaciones anticipan que Juan Roberto Robles (UCR), José Páez, y Daniel Blanco y Martín Correa, ambos del PO, abandonarán sus bancas antes de que se sancionen los cambios que, entre otros puntos, asegurarán la posibilidad de la reelección hasta 2015 para las actuales autoridades políticas. En principio la estrategia sería consensuada entre los tres grupos y buscaría dejar a la Convención sesionando sólo con el Frente para la Victoria y sus aliados de Participación Cívica.
El PO convocó a una movilización para mañana a las 17, cuando se estima que estará en debate la reelección. "Queremos que la gente tenga la posibilidad de manifestarse contra esta reforma que se cocinó entre cuatro paredes", dijo Blanco. Robles, en tanto, sostuvo que el radicalismo no convalidará una reforma que pretende darle el poder absoluto al gobernador. "Los cambios son manifiestamente inconstitucionales", advirtió el legislador, que aún no definió cuándo abandonará la Asamblea reformista. Páez denunció que el Gobierno miente sobre los alcances de una enmienda que atentará contra el sistema republicano de gobierno.
Medidas cautelares
Mañana, la Cámara en lo Contencioso Administrativo recibirá la presentación judicial de Jerez contra la Convención, tras declararse incompetente la Corte Suprema de Justicia. El máximo tribunal reiteró el criterio dispuesto en la acción que impulsó antes el PO. Inmediatamente se sorteará cuál de las tres salas de la Cámara deberá entender en este nuevo expediente (la Sala III lo hace en el escrito de Correa y Blanco).
Una de las primeras cuestiones por resolver será el pedido de que se dicte una medida de no innovar para paralizar las sesiones de la Asamblea y así, impedirle que sancione artículos que puedan afectar la división de poderes y el Gobierno republicano. Encumbradas fuentes de los tribunales desestimaron que pueda darse esa instancia, ya que cualquier orden de suspensión implicaría, en los hechos, la caída de la Convención y la anulación de todo lo actuado, porque el plazo de 90 días dado a las deliberaciones seguirá corriendo indefectiblemente, y expirará el 12 de junio.
En caso de una negativa a la cautelar, una alternativa que está en estudio de los accionantes es solicitar a la Justicia que se suspenda la promulgación, publicación y jura de la nueva Constitución hasta tanto haya un fallo de fondo sobre la legalidad de los artículos reformados. La opción sería más aceptable para ciertos sectores de tribunales, ya que no alcanzaría al accionar de la Convención, sino a su resultado.
Segunda sesión
La Convención volverá a sesionar el martes para sancionar el resto de los despachos de las comisiones. Los textos pasarán a una comisión de redacción, que hará los retoques finales a la Constitución.
Advierten sobre una posible intervención federal a la Provincia
Una nueva denuncia judicial contra el proceso de reforma constitucional fue presentada ayer por Oscar López. El escrito está dirigido a la Corte Suprema de Justicia y en él consideró que hay violaciones a los derechos Público y Penal en la actuación de la Convención, por las que responsabilizó al gobernador José Alperovich y al oficialismo.López advirtió de la situación al presidente Néstor Kirchner y a los titulares de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ante la posibilidad de que la situación derive en una intervención federal a Tucumán. El planteo consistió en una acción de amparo por inconstitucionalidad, para que se declare la nulidad de la Convención por "atentado a la forma de Gobierno prevista en la Constitución nacional". Incluyó una denuncia penal contra Alperovich, a quien calificó de traidor a la Patria por haber atacado las instituciones para recibir facultades extraordinarias y acumular la suma del poder público.
"La magnitud de estos hechos es una gravedad institucional inaudita y escandalosa, con un ataque a la Constitución y a la democracia, que perpetran el gobernador y los convencionales", afirmó el dirigente peronista opositor. Agregó que el cuerpo funciona en secreto, lo que vulnera el principio de la publicidad de los actos de gobierno.
El justicialista alertó sobre la intención del oficialismo de controlar el Poder Judicial ("quedaría como una sucursal del Poder Ejecutivo, dijo) mediante el Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento, con el control político sobre el modo de designación y de remoción de los jueces. También cuestionó el nuevo mecanismo de juicio político para el gobernador y el acople en las candidaturas políticas.
El nuevo mapa del poder político
Reelección por un período para todas las autoridades políticas ( gobernador, vice, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales).Cláusula de excepcion para que los actuales funcionarios gocen de la prerrogativa de la reelección en dos oportunidades, al no contemplarse el mandato que termina en 2007 para el conteo de los plazos constitucionales.
El vicegobernador será habilitado para presentarse como candidato a gobernador una vez completados dos períodos al frente en ese cargo.
El gobernador designará los jueces sobre la base de un dictamen vinculante del Consejo Asesor de la Magistratura. Antes, será él quien resolverá quiénes integrarán ese organismo y cómo funcionará.
Un tribunal con mayoría de representantes políticos (cinco legisladores y dos designados por el Poder Ejecutivo) tendrá la tarea de juzgar a los integrantes del Poder Judicial no sometidos al procedimiento de Juicio Político.
La destitución del gobernador o del vice por el procedimiento de Juicio Político requerirá del voto a favor de las 3/4 partes del tribunal de la Legislatura. En el régimen actual sólo se precisaban 2/3 de las voluntades.
La continuidad en el cargo estará asegurada para gobernador y el vice , aun cuando sean acusados por la comisión de Juicio Político. La Carta Magna de 1990 imponía la licencia hasta la absolución o la destitución.
Los municipios tendrán autonomía para dictar su propia organización, pero serán los legisladores quienes fijarán sobre que base se hará esa convocatoria.
Intendentes y concejales gozarán de inmunidades y prerrogativas por el ejercicio del cargo.
La legislatura podrá fijarse su propio presupuesto y el PE no podrá vetarlo. El gobernador tendrá facultades legislativas y sus decretos quedarán firmes con el sólo paso del tiempo y el silencio parlamentario.
El tribunal de cuentas será el organismo de control de la administración pública. Sus tres vocales permanentes seguirán siendo designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
El defensor del pueblo sólo podrá ser removido por Juicio Político, pero el cargo será renovado cada cinco años por la Legislatura. No se prevé un régimen de designación específico en la Constitución.
Las Reformas parciales en la Constitución podrán ser autorizadas por ley. Estas abarcarán sólo al capítulo de Declaraciones, Derechos y Garantías y requerirán de una mayoría calificada y de la posterior ratificación popular.
Las organizaciones no gubernamentales no tendrán legitimidad procesal reconocida para impulsar amparos colectivos, salvo en cuestiones ambientales.
La revocatoria de mandatos no será habilitada. Los funcionarios tampoco podrán ser sometidos a Juicio de Residencia al terminar su mandato y no habrá un ministerio público independiente del Poder Judicial.
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