Abogados, en veredas opuestas

Mientras el Colegio de Abogados de la Capital ultima los detalles de la denuncia judicial que presentará mañana contra el proceso de reforma constitucional, la entidad que agrupa a los letrados del Sur advirtió que no se pueden impugnar las iniciativas de los convencionales, sino que se debe esperar hasta que ellas sean sancionados y entren en vigencia para impulsar cualquier acción en los tribunales.
El presidente de los abogados sureños, Eduardo Fernández, sostuvo que "los proyectos no producen efectos jurídicos directos y carecen de la necesaria autonomía funcional para generar derechos, obligaciones o lesiones, por lo que no puede interponerse acción de amparo alguna". "El control de constitucionalidad de la norma es reparador y no preventivo", dijo.
El directivo advirtió que cualquier decisión del Poder Judicial sobre un proyecto en debate sería inadmisible y una intromisión inconstitucional sobre una esfera privativa del Poder Constituyente, como es el deliberar libremente.
"El Poder Judicial no debería pronunciarse si no se presenta un atolladero constitucional o una inmovilización del Gobierno, pues de lo contrario se alentaría a pequeños grupos o a miembros de la Convención a buscar una resolución judicial antes que a seguir el procedimiento político normal. La amenaza será inminente cuando estemos frente a una norma en vigencia, aunque no se la esté aplicando", señaló Fernández.
El colegio capitalino que lidera Antonio Bustamante mantiene un criterio distinto. El abogado confirmó ayer que mañana, a primera hora, accionará contra la Convención en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dado que la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente en este tema.
La presentación de los abogados girará sobre la falta de coincidencia entre los postulados básicos de la Constitución Nacional acerca de la división de poderes y el intento del oficialismo de que el sector político tenga control absoluto sobre el Poder Judicial, a través del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento. Recordarán que en el debate de la ley que habilitó la reforma se justificó este paso en la necesidad de adecuar el texto provincial a la de 1994. El escrito no contendrá ningún pedido de medida cautelar para que se ordene la suspensión de la Asamblea.