Piden al Consejo de la Magistratura que también investigue a Jiménez Montilla

Además de los jueces Jorge Parache y Felipe Terán, un tercer magistrado federal de Tucumán podría tener que dar explicaciones ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM).
Luis Pereira Duarte, consejero por los abogados, formuló una denuncia contra Carlos Jiménez Montilla, vocal del Tribunal Oral (TOF) en lo Criminal Federal. El motivo: presuntas irregularidades en la causa por la que, ante Parache, Jiménez Montilla demandó al Estado por la normativa que pesificó los títulos públicos luego de la declaración, de diciembre de 2001, de que el país había entrado en  default.
El consejero dedujo un escrito ante el titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del CM, Enrique Petracchi. Se basó en una presentación que Federico Nazur, apoderado del Estado en la causa, concretó ante la Cámara Federal, y en un informe del Ministerio de Economía, que acompañó como prueba.  
“Del escrito surge... que los bonos con los que accionó habían ingresado a su patrimonio ‘en default’ y en pleno proceso de renegociación de la deuda, habiéndolos adquiridos a un precio que nada tiene que ver con sus valores originales y por los cuales se ordena su pago (aproximadamente un 20% del valor real)”. Esto dijo el consejero en la denuncia que el comité de Asignación girará a la comisión de Acusación o de Disciplina para que sea sustanciada.

Duros términos
Pereira Duarte insistió. “De resultar cierto lo expresado por el representante del Estado nacional, estaríamos en presencia de una maniobra especulativa por parte del magistrado que, para poder concretarla, utilizó los estrados de la Justicia engañando al juez (quien, a su vez, no tomó los recaudos para verificar la real situación)”, manifestó.
El consejero, que integra la comisión de Acusación, afirmó que urge poner en marcha una actuación contra Jiménez Montilla, por la obligación de preservar la transparencia de la Justicia.
“De acreditarse (lo denunciado) nos encontraríamos ante una conducta indigna de un magistrado de la Nación, a todas luces incompatible con el cargo que ostenta, razón por la cual su conducta debe ser investigada a fin de determinar la veracidad de lo expuesto. De resultar cierto, debe procederse a su acusación, por parte del CM, ante el jurado de enjuiciamiento para que proceda a su destitución”, advirtió el cordobés Pereira Duarte.
El consejero pidió que se oficie al Ministerio de Economía. “Debe brindar un informe detallado sobre la fecha de adquisición de los bonos por parte de Jiménez Montilla”, concluyó.



Previo a que el consejero Luis Pereira Duarte (lo hizo el jueves 11) formulara su denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación contra Carlos Jiménez Montilla, el vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal se había presentado espontáneamente ante el fiscal federal Carlos Brito. “La fecha en la que dichos bonos fueron adquiridos es anterior a la declaración del default”, había asegurado.
Jiménez Montilla aseguró que, como consecuencia de honorarios regulados por una actuación profesional que se remonta a 1996, en 1999 el Estado depositó compulsivamente -a su nombre- títulos de la deuda pública.
El magistrado precisó que, con la renta y amortización de los bonos depositados en una cuenta (la número 5.903) de la Nueva Bolsa de Comercio de Tucumán, efectuó diferentes operaciones y compras de títulos, la última de las cuales fue realizada el 17 de diciembre de 2001.
En el texto presentado a Brito, Jiménez Montilla hizo otras aclaraciones. “El 15 de mayo de 2002 se realizó una transferencia al  Banco Hipotecario Nacional (por una operación hipotecaria que no llegó a concretarse) de Bonos Pro 4 (en U$S) por 23254,7696 (valores en bonos, no en pesos), los que reingresaron a la cuenta el 4 de junio de 2003”, aseveró.
Luego, el vocal del TOP señaló: “el 11 y el 12 de marzo de 2003 se transfieren a Comafi Sociedad de Bolsa, por error de imputación, 1.000,6416 y 500,3208, los que reingresan a la cuenta el 14 de marzo y el 20 de noviembre de 2003, respectivamente”. “El 11 de julio de 2003 se transfiere la misma cantidad de títulos, ya a la cuenta 7.916 (que se individualiza en la medida cautelar -dispuesta por el juez Jorge Parache-), de M.A. Valores S.A.”, expresó.
Respecto de los títulos Pro 1 (en pesos), Jiménez Montilla indicó: “el 15 de mayo de 2002 se realiza una transferencia al BHN por 22013,5292, los que reingresan a la cuenta el 13 de junio de 2003. El 11 de julio de ese año se hace la transferencia a la cuenta 7.916 por aquella cantidad”, dijo.