19 Mayo 2006 Seguir en 
Toda una ironía para Jorge Parache. Durante 21 años, desde el elevado estrado de juez federal, le tocó participar de cientos de audiencias en las que los imputados eran estrujados a preguntas y repreguntas. Sin embargo, el martes debió bajar de esas alturas, sentarse en un sillón negro y afrontar durante dos horas y cuarto el equivalente a una estresante declaración indagatoria -como lo reconoció el consejero Luis Pereira Duarte- ante la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
Intentó que lo diferenciaran, aunque más no sea exteriormente, de su colega, Felipe Terán, también bajo sumario por presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos después de la declaración, de fines de 2001, de que el país había entrado en "default". Terán prefirió no correr el riesgo -elevado- de un cara a cara interminable con los consejeros, y se limitó a presentar su descargo por escrito.
Una y otra vez, seis de los siete consejeros ensayaron la misma pregunta en todos los tonos, desde el inquisitivo hasta el condescendiente. Pero no lograron entender por qué si los accionistas contra el Estado, en sus demandas, acompañaban -supuestamente- certificados de tenencias de títulos públicos que acreditaban sus saldos al momento de esgrimir la pretensión, el juez libraba medidas cautelares prácticamente abiertas; esto es, sin identificar los bonos respecto de los cuales el Estado debía abstenerse de concretar la pesificación (desvalorización) a $ 1,4 por dólar más CER, lo que habría dejado abiertas las puertas para que las cuentas fueran abultadas con bonos comprados a posteriori. Nicolás Fernández inquirió si no le llamaba la atención que algunos demandantes hubieran adquirido los títulos dos días antes de interponer la demanda y si no le parecía extraño que personas mayores de 75 años anduvieran en complejas maniobras financiero-especulativas. En el segundo caso, cual sofista, el juez escapó planteando que no podía discurrir sobre las razones del fuero interno de las personas.
Parache no se movió de su posición. Argumentó que esa había sido la modalidad elegida para las cautelares desde cuando los ahorristas, por millares, se habían largado a destrabar judicialmente los depósitos que habían quedado atrapados en el corralito. Esgrimió hasta el hartazgo que los bancos y el Estado, según el caso, estaban en mejores condiciones de determinar cuál era la deuda que mantenían con los depositantes o con los bonistas. Hasta recordó su pasado como bancario. En definitiva, equiparó ambas situaciones: lidiar con plazos fijos, con diferentes montos y tipos de interés, que con títulos que, de forma más sencilla, tenían establecidos, según la serie, el valor nominal, el de cotización y la renta que generaban.
En el afán de desmarcarse, Parache sentenció que, en su juzgado, no había una causa equivalente a la de Borquez, como sucedió con Terán: la mujer que, cuando entabló la demanda, acompañó certificados por sólo U$S 620.000, pero cuando salió la cautelar (del tipo "cheque en blanco", como las bautizó el consejero Carlos Kunkel) en su cuenta había U$S casi 5 millones en títulos. No obstante, Fernández le buscó el talón de Aquiles con preguntas punzantes sobre la causa "Scaravilli López".
Otra vía que exploró el juez fue la de ofrecer como testigo a Dardo Molina, su prosecretario -y no, por ejemplo, a un funcionario de mayor jerarquía, como la secretaria civil, Sara Pelliza-. Molina, sentado detrás, le soplaba algún detalle. Pero lejos de aclarar, confundió más.
Pero lo que más averió a Parache -y a Terán- fue el informe de la Cámara Federal. Lejos de la parquedad que la caracteriza, esta recordó que en la causa "Díaz, Ramón Fernando" sentó el criterio de que los jueces, antes de librar las cautelares, debían haber verificado si los títulos habían sido adquiridos antes del "default". De hecho, en "Díaz" advirtió que Terán no había acreditado tal extremo. En el colmo de la locuacidad, la Cámara adelantó que, por lo menos tres de sus cinco vocales, reiterarán esa posición en dos próximos casos. Quizá en ese corto pero filoso informe la Cámara selló la suerte de sus subordinados.
Intentó que lo diferenciaran, aunque más no sea exteriormente, de su colega, Felipe Terán, también bajo sumario por presuntas irregularidades en la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos después de la declaración, de fines de 2001, de que el país había entrado en "default". Terán prefirió no correr el riesgo -elevado- de un cara a cara interminable con los consejeros, y se limitó a presentar su descargo por escrito.
Una y otra vez, seis de los siete consejeros ensayaron la misma pregunta en todos los tonos, desde el inquisitivo hasta el condescendiente. Pero no lograron entender por qué si los accionistas contra el Estado, en sus demandas, acompañaban -supuestamente- certificados de tenencias de títulos públicos que acreditaban sus saldos al momento de esgrimir la pretensión, el juez libraba medidas cautelares prácticamente abiertas; esto es, sin identificar los bonos respecto de los cuales el Estado debía abstenerse de concretar la pesificación (desvalorización) a $ 1,4 por dólar más CER, lo que habría dejado abiertas las puertas para que las cuentas fueran abultadas con bonos comprados a posteriori. Nicolás Fernández inquirió si no le llamaba la atención que algunos demandantes hubieran adquirido los títulos dos días antes de interponer la demanda y si no le parecía extraño que personas mayores de 75 años anduvieran en complejas maniobras financiero-especulativas. En el segundo caso, cual sofista, el juez escapó planteando que no podía discurrir sobre las razones del fuero interno de las personas.
Parache no se movió de su posición. Argumentó que esa había sido la modalidad elegida para las cautelares desde cuando los ahorristas, por millares, se habían largado a destrabar judicialmente los depósitos que habían quedado atrapados en el corralito. Esgrimió hasta el hartazgo que los bancos y el Estado, según el caso, estaban en mejores condiciones de determinar cuál era la deuda que mantenían con los depositantes o con los bonistas. Hasta recordó su pasado como bancario. En definitiva, equiparó ambas situaciones: lidiar con plazos fijos, con diferentes montos y tipos de interés, que con títulos que, de forma más sencilla, tenían establecidos, según la serie, el valor nominal, el de cotización y la renta que generaban.
En el afán de desmarcarse, Parache sentenció que, en su juzgado, no había una causa equivalente a la de Borquez, como sucedió con Terán: la mujer que, cuando entabló la demanda, acompañó certificados por sólo U$S 620.000, pero cuando salió la cautelar (del tipo "cheque en blanco", como las bautizó el consejero Carlos Kunkel) en su cuenta había U$S casi 5 millones en títulos. No obstante, Fernández le buscó el talón de Aquiles con preguntas punzantes sobre la causa "Scaravilli López".
Otra vía que exploró el juez fue la de ofrecer como testigo a Dardo Molina, su prosecretario -y no, por ejemplo, a un funcionario de mayor jerarquía, como la secretaria civil, Sara Pelliza-. Molina, sentado detrás, le soplaba algún detalle. Pero lejos de aclarar, confundió más.
Pero lo que más averió a Parache -y a Terán- fue el informe de la Cámara Federal. Lejos de la parquedad que la caracteriza, esta recordó que en la causa "Díaz, Ramón Fernando" sentó el criterio de que los jueces, antes de librar las cautelares, debían haber verificado si los títulos habían sido adquiridos antes del "default". De hecho, en "Díaz" advirtió que Terán no había acreditado tal extremo. En el colmo de la locuacidad, la Cámara adelantó que, por lo menos tres de sus cinco vocales, reiterarán esa posición en dos próximos casos. Quizá en ese corto pero filoso informe la Cámara selló la suerte de sus subordinados.
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