Se activaron las actuaciones en el Ministerio de Economía

En el Ministerio de Economía de la Nación ya han comenzado a tomarles declaraciones a empleados y funcionarios. El objetivo es determinar si hubo algún tipo de irregularidad o responsabilidad vinculada a las causas judiciales tramitadas en la Justicia Federal de Tucumán por títulos de la deuda pública tras la declaración de cesación de pagos (default), de diciembre de 2001.
Las actuaciones que lleva adelante la Dirección de Sumarios, según fuentes del ME, se concentran en todas las dependencias que intervinieron en los expedientes judiciales.
Los sumarios cobraron mayor impulso luego de que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) citó al subsecretario legal del ME, Osvaldo Siseles, para el 30 del corriente, en el marco de las actuaciones contra el juez federal Reynaldo Rodríguez (Santa Fe).
La diputada nacional Diana Conti (justicialismo) requirió el testimonio del funcionario para que explique si respecto de Santa Fe también habían decidido iniciar sumarios como sobre las causas de Tucumán.
Las actuaciones en el ME son una derivación de los sumarios que, a su vez, el CM lleva adelante contra los jueces federales Jorge Parache y Felipe Terán, por supuestas irregularidades durante la tramitación de causas vinculadas a títulos públicos.
El 4 de abril, Siseles le había informado al fiscal federal Carlos Brito -lleva una investigación penal y actuaciones preliminares por el tema- que los sumarios apuntaban a determinar eventuales responsabilidades y un perjuicio contra el Estado.  
Ante el ME, los abogados de los particulares que conseguían el dictado de medidas cautelares (ordenaban al Estado que se abstuviera de aplicar la pesificación sobre los títulos depositados en la cuenta del beneficiado) diligenciaban los oficios, por medio de los cuales eran notificadas las decisiones de los jueces.

Malestar con la Cámara
En el ME no habrían caído bien las observaciones que la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán efectuó sobre el proceder de los abogados que representaban al Estado en las causas que se sustanciaban ante los juzgados a cargo de Parache y de Terán.
En un informe dirigido a la comisión de Acusación del CM, el tribunal aseguró que se había visto obligado a declarar desierto los recursos de apelación deducidos (por el Estado) contra las cautelares por falta de crítica concreta y razonada. “No se imputa a los letrados ningún incumplimiento procesal sino que, en defensa de su propia decisión judicial, sostiene que los agravios esgrimidos no eran suficientes. Estos argumentos son de práctica cuando tribunales de instancias superiores deciden rechazar un recurso de apelación”, dijeron a LA GACETA fuentes del ME.
Las mismas fuentes advirtieron: “la estructura y contenido de los recursos había sido fijada por la Procuración del Tesoro de la Nación”. “Además, contra las resoluciones de la Cámara Federal se dedujeron recursos extraordinarios ante la Corte Suprema de la Nación”, concluyeron.