10 Mayo 2006 Seguir en 
LA PAZ.- La decisión del presidente Evo Morales de abolir desde fines de este mes el latifundio en Bolivia afectará grandes posesiones de brasileños en el riquísimo oriente boliviano.
Morales proyecta una profunda reforma agraria, que implica la expropiación de tierras ociosas -por entre 11 y 14 millones de hectáreas- en distritos del este, el sudeste y el norte de Bolivia, según anunció ayer el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
La reforma se focalizará en los departamentos amazónicos de Pando (norte), Beni (nordeste) y Santa Cruz (este), que conforman una frontera de 7.000 km con Brasil, y en menor proporción en tierras del sudeste boliviano. El objetivo es redistribuir los terrenos entre grupos indígenas y campesinos, y a todos los bolivianos que no poseen tierra y estén dispuestos a trabajarla.
El Gobierno espera refundar el país con la nacionalización de tierras, que se anunciará antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto.
Una primera consecuencia de la pretendida reforma agraria se observará en la misma frontera, pues el Gobierno ordenó el desalojo de una veintena de terratenientes brasileños establecidos dentro de una franja de 50 km, donde la Constitución prohíbe actividades a extranjeros.
“En Pando (norte), en el área colindante a (la ciudad de) Cobija está establecido claramente que ciudadanos brasileños están en esa franja de territorio. Se han emitido resoluciones de desalojo y se ha dado un plazo de 15 días para que se cumplan”, afirmó el director nacional de Tierras, Juan Carlos Rojas.
El área mencionada representa el 11% de 1,09 millón de kilómetros cuadrados de Bolivia. El proyecto agrario beneficiaría a unos 2,5 millones de personas. Las tierras de Santa Cruz, el distrito más rico del país y sede de un poderoso empresariado sojero, generan unos U$S 500 millones al año. (Reuter-Especial)
Morales proyecta una profunda reforma agraria, que implica la expropiación de tierras ociosas -por entre 11 y 14 millones de hectáreas- en distritos del este, el sudeste y el norte de Bolivia, según anunció ayer el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.
La reforma se focalizará en los departamentos amazónicos de Pando (norte), Beni (nordeste) y Santa Cruz (este), que conforman una frontera de 7.000 km con Brasil, y en menor proporción en tierras del sudeste boliviano. El objetivo es redistribuir los terrenos entre grupos indígenas y campesinos, y a todos los bolivianos que no poseen tierra y estén dispuestos a trabajarla.
El Gobierno espera refundar el país con la nacionalización de tierras, que se anunciará antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto.
Una primera consecuencia de la pretendida reforma agraria se observará en la misma frontera, pues el Gobierno ordenó el desalojo de una veintena de terratenientes brasileños establecidos dentro de una franja de 50 km, donde la Constitución prohíbe actividades a extranjeros.
“En Pando (norte), en el área colindante a (la ciudad de) Cobija está establecido claramente que ciudadanos brasileños están en esa franja de territorio. Se han emitido resoluciones de desalojo y se ha dado un plazo de 15 días para que se cumplan”, afirmó el director nacional de Tierras, Juan Carlos Rojas.
El área mencionada representa el 11% de 1,09 millón de kilómetros cuadrados de Bolivia. El proyecto agrario beneficiaría a unos 2,5 millones de personas. Las tierras de Santa Cruz, el distrito más rico del país y sede de un poderoso empresariado sojero, generan unos U$S 500 millones al año. (Reuter-Especial)
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