El Congreso ante la transición

A poco más de tres meses de la investidura presidencial de Eduardo Duhalde por el Congreso, las relaciones entre ambos poderes no han llegado a cumplir adecuadamente con las exigencias de un gobierno de transición afectado por la profunda y prolongada crisis que agobia a la República. En tal sentido, no debe dejar de observarse que así como el jefe de Estado ostenta su cargo con una calidad institucional inobjetable, carece del poder político emergente de las urnas, lo que condiciona considerablemente su gestión a la fuente de su investidura, es decir, el Poder Legislativo. Al menos, el doctor Duhalde debería contar con la lógica ventaja representada por el hecho de que su partido, el Justicialista, dispone de una mayoría parlamentaria suficiente para aliviar la marcha de su gobierno.
Mas no ocurre así, como puede advertirse en las dificultades con que el Poder Ejecutivo tropieza frecuentemente en el Congreso cuando deben debatirse propuestas fundamentales para hacer frente a las urgencias de la crisis. Hasta cierto punto, puede afirmarse así que la actual administración ha encontrado en el poder parlamentario una situación parecida a la de la Alianza con sus propios partidos, con el agravante de su falta de origen electoral.
Durante la reciente semana se produjo una serie de reuniones entre el PEN y legisladores oficialistas, destinadas a allanar esas dificultades, pero cuyos resultados no han sido suficientes, como se deduce de la integración de comisiones para discutir la viabilidad de ciertos proyectos gubernamentales. Algunos de ellos fueron señalados editorialmente por LA GACETA, el viernes último, por ser causas que perturban los acuerdos requeridos para la ayuda internacional que demanda la crisis.
Por añadidura, la mayoría parlamentaria no parece hacerse eco de la velocidad de transferencia que tal situación tiene sobre las actividades privadas, al afectarlas prospectivamente en el orden productivo. Testimonio de ello puede ser el simple hecho de que la Cámara de Diputados haya transcurrido hasta el momento tres semanas sin reunirse en plenario, a raíz de no lograrse quórum para tratar un proyecto de resolución que reprueba la supuesta condena del Gobierno nacional en la ONU al régimen cubano. Entretanto, en el Senado se ha necesitado mes y medio para aprobar el Pacto Fiscal de la Nación con las provincias, requerido insistentemente por el Poder Ejecutivo, pero que todavía deberá esperar tratamiento por la Cámara Baja.
Sería un tanto ocioso repetir aquí la extensa nómina de asuntos pendientes y solicitados por el gobierno de transición, entre los cuales aparece sugestivamente la reforma política de una legislatura que no termina de advertir la profunda deuda de confianza que mantiene con la sociedad.
Más útil en esta ocasión será señalar la perentoria necesidad de que el Gobierno nacional y el Congreso encaren con seriedad y energía el acuerdo tácito sobre sus relaciones que facilite el proceso de transición, y en el que el Partido Justicialista tiene la mayor responsabilidad por ser usufructuario de la mayoría.
El poder no se tiene, en este caso, por la mera investidura de una asamblea legislativa, sino que debe ser permanentemente consolidado por la fuente institucional de origen, la mayoría del Congreso, cuyo comportamiento no condice en la medida necesaria con la dura realidad que afecta a la República.