La deuda se lleva gran parte de la torta

Desde la estabilización de la economía nacional, a fines de 2003, las provincias comenzaron a experimentar un tiempo de bonanza fiscal que les permitió generar ciertos ahorros para afrontar ciclos económicos recesivos y hasta recuperar el terreno perdido en años anteriores, cuando el déficit en las cuentas públicas era moneda corriente. Así, los presupuestos llegaron hasta duplicarse, al ritmo de los mayores ingresos que recibieron los 24 distritos del país.
Tucumán no fue la excepción a la regla. En 2004, el Poder Ejecutivo gastó $ 1.998,6 millones y esa cifra fue creciendo hasta los $ 2.866 millones previstos como erogaciones para el ejercicio 2006. Paralelamente, mejoraron los ingresos por coparticipación federal de impuestos y por el cobro de los tributos provinciales. Así, en un clima de superávit, el Gobierno avanza con sus planes, aunque no al ritmo esperado por la sociedad. Las obras públicas se constituyeron en el boom del ciclo posdevaluación, gracias al aporte que realiza el Gobierno nacional mediante planes federales para reconstruir la red vial y para construir más viviendas.
Sólo en los últimos dos años, la Nación desembolsó casi $ 3.600 millones en Tucumán, que también fueron a parar a la asistencia social (planes jefes y jefas de Hogar, entre otros). A eso se suma los apoyos financieros para cumplir parte de los compromisos asumidos por el Estado provincial con sus acreedores. Y en este punto salta a la vista el fuerte crecimiento que experimentó el pago de los servicios de la deuda pública (calculada en más de $ 3.400 millones) desde 2005.
Entre 2002 y 2003, el Gobierno nacional se hizo cargo de la pesada carga que significaba para los gobernadores el sostenimiento de los altos niveles de deuda pública. En 2004, considerado un año de gracia, Tucumán registraba el uso de $ 67,2 millones para cumplir con aquellas obligaciones. Sin embargo, en 2005 hubo un aumento exponencial en el destino del presupuesto para abonar parte de la deuda provincial. Ese rubro cuadruplicó la asignación de fondos presupuestarios, alcanzando el año anterior al 12,2% del total de gastos ejecutados (unos $ 324,8 millones). Tucumán está al borde del límite establecido por la vigente Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otras condicionalidades, obliga a la Provincia a usar no más del 15% del ejercicio para la atención del endeudamiento público.
Según un informe de la consultora Economía & Regiones una de las razones de la mayor incidencia de la deuda pública en el presupuesto tiene que ver con que la mayoría de los compromisos asumidos fueron indexados mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). "Esto genera mayores pagos de intereses sobre el capital ajustado y mayores cuotas de amortización", indica el diagnóstico privado. Esta situación se sostendrá hasta 2008 cuando la Provincia comience a cancelar los préstamos que le otorgó la Nación.
Economía & Regiones alerta, ademas, que el comportamiento de la deuda resulta casi insostenible, ya que se basa en un mecanismo de indexación que, combinado con una estructura de vencimientos muy concentrados en el corto plazo, trae como consecuencia que el récord histórico de ahorro fiscal sea insuficiente para reducir el stock de pasivos provinciales.
Una prueba de ese diagnóstico es que para este año, el Poder Ejecutivo proyectó pagos a los acreedores por $ 390 millones, es decir, casi el 13,6% del presupuesto vigente.
Esta situación fue en detrimento de otros rubros del presupuesto. Así, por ejemplo, según un informe provisorio de la Contaduría General de la Provincia, se observa que desde 2003, el porcentaje de recursos asignados a otras áreas como servicios sociales (salud, asistencia social, educación, vivienda e infraestructura básica) ha ido decreciendo. Aunque el nivel presupuestario no fue el mismo, economistas consultados por LA GACETA coinciden en que es fundamental mejorar la calidad del gasto público, con el fin de sacar de la pobreza paulatinamente a la mitad de la población que padece ese problema y al casi 11% de la población económicamente activa que no encuentra empleos.
No obstante, al comparar la cifras de 2003 con la ejecución presupuestaria de 2005, surgen algunos datos:
La promoción y asistencia social pasó de una asignación de $ 57 millones a $ 135,4 millones.
Los fondos para educación y cultura crecieron de $ 295 millones a $ 501 millones.
En viviendas, se destinó en 2003 unos $ 18,6 millones, mientras que el año pasado la asignación alcanzó a $ 149 millones, según las cifras oficiales.
Ante los crecientes aumentos en el destino de fondos para reducir la deuda pública hay una ecuación que se está imponiendo en el Estado provincial: recaudar más para pagar. Pese al reclamo de las organizaciones intermedias, para disminuir la presión tributaria en Tucumán, el Gobierno sostiene que no habrá modificaciones en el esquema impositiva hasta tanto se estabilicen los ingresos provinciales. De hecho, esto resulta un condicionante para el desenvolvimiento de la actividad económica en la provincia que hasta puede desalentar la llegada de inversiones.