La bonanza fiscal fue aprovechada por los gobernadores para dejar atrás años de postergación en la inversión en obras públicas. Pero, a la vez, le dio capacidad financiera para cumplir regularmente con los acreedores. Tucumán transita esa senda fiscal. El peso de su deuda pública, calculada en más de $ 3.400 millones, se siente en los presupuestos de 2005 y de este año. Así, durante el período posdevaluación, de una asignación de fondos equivalentes al 3,4% del presupuesto de 2004, el Estado provincial pasó a comprometer el 12,2% del gasto de 2005 sólo para atender el pago del endeudamiento. Tucumán está al borde de sobrepasar el límite impuesto por la Ley de Responsabilidad Fiscal para el nivel de deuda (un 15%).
La alta afectación de fondos para abonar a los acreedores se mantendrá, al menos, hasta 2008, cuando la Provincia comience a cancelar los préstamos que la Nación le otorgó, desde 2002, para cerrar sus ejercicios fiscales con superávit. El Poder Ejecutivo, ante ese escenario, intenta equilibrar la asignación de dinero para saldar los compromisos financieros con los recursos que se necesitan para brindarle al 1,3 millón de habitantes de la provincia las necesidades básicas de educación, salud, seguridad y asistencia social . Dos economistas consultadas por LA GACETA advirtieron que, sin reformas estructurales, es difícil mejorar la calidad del gasto público y que eso sirva para disminuir los elevados indicadores socioeconómicos que ostenta Tucumán en pobreza o desempleo. Liliana Macián de Barbieri y Ana María Cerro reconocen que hay más obras públicas, pero que aún falta mucho camino por recorrer para hacer más eficiente el gasto del Estado provincial. "El contexto favorable que genera el crecimiento de la economía y los paulatinos aumentos en la recaudación, brindan a los gobernadores, la oportunidad histórica para destinar los excedentes a la inversión pública y, en el futuro, hacer frente a un posible desaceleramiento de la economía", sostiene, por su parte, Rogelio Frigerio (n), de la consultora Economía & Regiones.
Los empresarios, en tanto, afirman que es fundamental que el Gobierno destine más fondos para obras de infraestructura. Esa decisión brindaría más competitividad a la provincia y permitiría bajar los índices socioeconómicos.
La Nación sigue de cerca el comportamiento fiscal
"Creo que es fundamental reestructurar el gasto y se lo está haciendo, aumentándolo en aquellos sectores como salud y educación destinados a las personas de menores ingresos. Se están también realizando importantes gastos en obra pública. Sin embargo hay que advertir que no se trata de gastar sólo más sino de mejorar las prestaciones, de mejorar calidad y en eso todavía estamos lejos". El análisis es de la profesora de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, Liliana Macián de Barbieri.
La economista afirma que el gasto se orientó hacia áreas que sin dudas lo necesitaban. "Aunque todavía con valores provisorios, se habría incrementado nominalmente en casi 33% en 2005 respecto de 2004 (algunas estimaciones muestran una tasa superior). Dentro de ese marco hay sectores que han mejorado relativamente, aumentado más que el promedio, como lo son Vivienda y Urbanismo 144%, Salud 60% y Asistencia social 48%", puntualiza.
Respecto de la composición del gasto, Macián de Barbieri recordó la vigencia de la Ley de Financiamiento Educativo, de fines de 2005 que obliga a las provincias a realizar una asignación específica de los incrementos que reciba de los recursos coparticipables, para ser destinados a la Educación la Ciencia y la Tecnología. "En 2005 el gobierno de Tucumán ha invertido en educación un 35% más en valores nominales que en 2004 y se espera un aumento en esa área no menor al 30% para este año. Este aumento en educación es muy importante (aunque muchos observan fallas en el funcionamiento de la misma) y se ha traducido en más cantidad de educación, esto es más escuelas, aulas, cargos docentes, más años obligatorios de escolaridad y matrícula atendida", analiza.
La economista, a su vez, aclara que el Gobierno nacional sigue con lupa el comportamiento fiscal de las provincias, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
"Se pretende un límite al gasto público provincial y a su endeudamiento con alguna válvula de escape para determinadas áreas de gobierno", expresa la especialista.
Según la profesora de la UNT, en 2005 el crecimiento nominal del gasto público ha superado con creces el aumento nominal del PBI de la Argentina, tasa la última que no debía ser superada por la del gasto público provincial.
Sin reformas que mejoren la calidad del gasto estatal
Desde hace un par de años, el Gobierno viene recibiendo fondos crecientes de la Nación que se destinan, en su mayor parte, a las obras públicas. Esto es positivo pero, sin embargo, el Estado tucumano posee la misma estructura que antes de la crisis de 2002, es decir, no se hicieron las reformas estructurales necesarias para mejorar la calidad del gasto. Así lo entiende la decana de la Facultad de Economía y Administración de la Unsta, Ana María Cerro.
Esta situación abre un interrogante hacia el futuro, cuando por efecto de la descaleración de la economía, los recursos comiencen a disminuir., advierte. La también profesora de la UNT considera que hay que tener en cuenta que gran parte de la asistencia a sectores más carenciados de la sociedad provienen de la Nación (planes Jefes de Hogar o Familias) y, por lo tanto, sus fondos no pueden ser redireccionados. "Lo que sí puede hacer la provincia es bajar los indicadores socioeconómicos (pobreza, desocupación, entre otros) dedicando más fondos a la infraestructura, en particular, la sanitaria (cloacas, agua potable o red vial)", afirma. Además, una de las grandes deudas pendientes que tiene el Poder Ejecutivo y las municipalidades -sostiene la economista- es resolver el problema del transporte público de pasajeros.
En esta tarea de afianzar la calidad del gasto público, Cerro considera que el presupuesto debería dedicar mayor participación de los fondos a la inversión en educación en un plazo relativamente corto, pensando en 12 años de educación obligatoria, salud, infraestructura, seguridad, justicia y menos burocracia y administración.
La decana de la Unsta insiste en que, si bien el Estado provincial está volcando mayores partidas del presupuesto a la ejecución de obras públicas, "hay que tener en cuenta que un peso extra que gasta el sector público, es un peso menos con el que cuenta el sector privado para invertir. "Sabemos que la productividad de este último es superior a la del Estado", acota.
Cerro, finalmente, puntualiza que, tal como lo vienen reclamando las organizaciones intermedias, el Estado tendría que revisar la fuerte presión impositiva que recae sobre los privados en Tucumán. "Recordemos que la provincia es una de las menos favorecidas en los ránking de inversión y de crédito, debido a posee los mayores indicadores de presión impositiva del país", señala.
