Gestos, nada más

Cuando faltan dos meses para el cierre del ejercicio fiscal, y con un nivel de recaudación superior a todo lo ingresado en 2004, el Poder Ejecutivo dio algunas señales de estar dispuesto a reducir la carga tributaria. Si se analizan detenidamente los decretos dictados por el Ministerio de Economía, que dan vigencia a la alícuota cero, puede notarse que sus alcances son demasiado limitados y que aún no responden a las expectativas de las empresas, motores del crecimiento de la actividad económica.
La desaparición de Ingresos Brutos, el impuesto más distorsivo para la economía, es sólo una expresión de anhelo, ya que, hoy por hoy, es la gallina de los huevos de oro para la Dirección de Rentas. Ese tributo representa el 70% de la recaudación total de la provincia y, por lo tanto, el Gobierno no está dispuesto a tocarlo.
Tampoco se piensa en su reconversión a un IVA provincial, ya que el Gobierno nacional no delegará su facultad de recaudar y luego redistribuir, vía coparticipación, los ingresos que por ese impuesto se obtengan. Esa actitud puede encuadrarse en el histórico centralismo institucional del país. De allí que surgen algunas humoradas como la que "todos somos federales, pero hasta que aparece el dinero en la discusión", por la sencilla razón de que los recursos, en esencia, constituyen la base de poder de cualquier gestión.
Sólo así se puede explicar el fracaso y la desidia para debatir un nuevo régimen coparticipable que tenga en cuenta la conducta de cada jurisdicción a la hora de producir y de recaudar. Ese escenario de desencuentros también se observó en Tucumán cuando naufragó la reforma del Código Tributario. El Estado, como recaudador y fiscalizador, quiere que la norma le brinde amplias facultades para combatir la morosidad y la evasión fiscal. Los empresarios, en tanto, reclaman que el Gobierno busque alternativas que le permitan reducir los costos de producción y que no sea pesada la carga impositiva.
En el fondo, a uno y a otro sector le falta una condición esencial para arrancar cualquier discusión seria: sinceramiento. Analicemos esto: el Estado tendría que poner las cartas sobre la mesa y decir hasta dónde reducirá los impuestos y si dará incentivos para aquellos contribuyentes que estén al día con sus facturas. A su vez, los empresarios buscan pagar menos y, en muchos casos, ni siquiera cumplen con las obligaciones tributarias regularmente; no declaran todo lo que facturan (evasión) o no registran a todos sus trabajadores (empleo en negro).

El común de los contribuyentes
En el medio de todo ese debate aparece el común de los contribuyentes; aquel que destina parte de su salario para pagar los impuestos patrimoniales, por su casa o por su automóvil. Esa franja está esperando anuncios respecto de cómo será el esquema impositivo para 2006. Sucede que el revalúo catastral, a punto de concluir y en manos de la Dirección de Catastro, actualizará los valores de las propiedades y, por ende, el impuesto Inmobiliario experimentará un fuerte aumento.
Hasta ahora no se conoce, con exactitud, si el Gobierno tendrá en cuenta el nivel de ingresos de cada contribuyente o si habrá una suba generalizada en el tributo, tal como sucedió a partir de 2004, cuando se actualizó la boleta en un 57%. En tiempos donde la inflación golpea con fuerza el bolsillo de los trabajadores, el Gobierno tendría que dar más señales para tranquilizar a la comunidad y hacer más previsible la economía hogareña.
La decisión oficial de avanzar con reducciones impositivas (alícuota cero en Salud Pública y en Ingresos Brutos) al sector productivo también tendría que significar cierta reducción en los precios de los productos. De otro modo, sólo constituirán gestos, nada más que eso, y no una sana intención de disminuir la carga fiscal hacia el futuro.