Son la contracara en todo sentido. El oficialismo, con la estructura del Gobierno como base, está sustentado en la bonanza fiscal que permite hacer obras, con todo lo que ello implica para cambiarle el humor al electorado. Lo demostró el 23 de octubre pasado y quiere confirmarlo el 19 de febrero próximo. Dinero, en el Estado, sobra; pero se guarda para épocas de vacas flacas, dicen puertas adentro de la Casa de Gobierno. En la otra vereda está la oposición, que no sólo perdió su capital financiero, sino también el político hace poco más de 20 días.
Sin embargo, oficialismo y oposición se necesitan para que, en la Convención Constituyente, no se repita la novela de 1990 y a la que tildaron "Constitución netamente bussista". Los hechos parecen demostrar que José Alperovich no tendrá oposición para reformar la Carta Magna, con el peligro latente de un poder hegemónico y reeleccionista. De hecho, las deserciones de las tradicionales fuerzas políticas en la contienda prevista para febrero no deja de preocupar al oficialismo, por la lectura que dejará aquella elección en la ciudadanía.
Ni siquiera en el Partido Justicialista se atreven a discutirle espacios de poder al alperovichismo reinante, que se montó en la cima de la montaña tras el aplastante triunfo del 23 de octubre. Nadie duda de que será Alperovich quien designará las candidaturas a convencionales constituyentes.
Las arcas de los partidos de la oposición están vacías. Tampoco hay fuerza para afrontar una nueva elección, sin siquiera haber hecho una autocrítica de lo que sucedió aquel trágico domingo 23. La confrontación interna en cada partido político se tornó una rutina y los dirigentes se señalan con el dedo por no haber asegurado, al menos, el piso de votos de otras elecciones.
Fuerza Republicana, el partido que más dinero recibe en la actualidad desde la Nación por los votos obtenidos en anteriores elecciones (unos $ 100.000), decidió no participar en la Constituyente, desertando por primera vez en su historia de casi 18 años de una confrontación electoral. Su presidente, el senador nacional Ricardo Bussi, tendrá que pagar el costo político de perder terreno hasta 2007. Pero se defiende afirmando que no tiene un peso para hacer campaña y que su partido no quiere ser financiado por el oficialismo. Un pensamiento similar tiene el líder de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, quien ni siquiera inscribió a su fuerza para las próximas elecciones y cree que la Constituyente sólo tendrá dos semanas de debate.
La crisis de los partidos de la oposición también debe ser entendida como la crisis de representatividad. Sólo el Frente Cívico por Tucumán, donde confluirán la UCR, Ciudadanos Independientes y Recrear, se anima a hacerle frente a la estrategia reformista del Gobierno. El argumento de sus dirigentes pasa por la confrontación de ideas más que el no, liso y llano, a la reforma constitucional.
La oposición está ante un callejón sin salida y parece decirles, más temprano que tarde, adiós a sus proyectos políticos de corto y mediano plazo. Mientras tanto, el alperovichismo sigue captando a los dirigentes que antes resistían su modo de actuar como funcionario. Ese parece ser el resultado de la nueva política, la que pregonó el gobernador desde que asumió el cargo aquel 29 de octubre de 2003.
Con semejante dispersión de sectores políticos de la oposición y ante una nueva oportunidad para consolidar y perpetuar una gestión, tal vez la más clara de los últimos tiempos, la reforma constitucional sería sólo un mero trámite, con poca discusión y con ideas claras sobre los cambios que se quieren introducir. En la vida democrática, la oposición es necesaria. Y eso lo sabe Alperovich. Tal vez ello explique la preocupación oficial por no haber logrado hacer una reforma, en base a consensos.
