La Provincia está a favor de la ley de biocombustibles

El ministro Paz dijo que al PE le interesa que se apruebe la iniciativa. La norma cuenta con media sanción del Senado y espera que sea tratada en Diputados. Implica que habría que destinar alcohol de caña para las naftas.

IMPORTANCIA. El cañaveral tucumano cobraría relevancia especial en la provisión de alcohol para los biocombustibles. LA GACETA
IMPORTANCIA. El cañaveral tucumano cobraría relevancia especial en la provisión de alcohol para los biocombustibles. LA GACETA
22 Octubre 2005
El Poder Ejecutivo tucumano sentó posición en favor del proyecto de ley de biocombustibles, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación y que se encuentra en comisiones de la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva.
"La Secretaría de Agricultura de la Nación y nosotros como Provincia tenemos interés en que esta ley se sancione. El mensaje de la Provincia es que consideramos muy importante esa ley", dijo el ministro de Desarrollo Productivo, José Manuel Paz, ante una consulta de LA GACETA. La iniciativa es impulsada también por la Secretaría de Energía de la Nación, pero se encuentra frenada en Diputados por el Ministerio de Economía, por el temor al impacto fiscal que podría generar su implementación.
El proyecto de ley de biocombustibles planea lograr que en cuatro años las naftas se expendan en los surtidores de manera obligatoria en su elaboración con un 5% de etanol, logrado a partir del maíz o de la caña de azúcar. Lo mismo se establece para el gasoil, aunque en base a biodiesel de soja. La norma estipula que quienes desarrollen este tipo de combustibles conseguirán beneficios fiscales por un período de hasta 15 años -exención de IVA o tasa de combustibles-, lo que permitiría que llegue al consumidor final a un precio razonable en relación con los tradicionales.
En la Argentina se producen 10 litros de alcohol por cada 100 kilos de azúcar, aproximadamente. Con un volumen de producción estimado en esta zafra de 2 millones de toneladas, se obtendrían unos 200 millones de litros de etanol, algo menos de lo que sería necesario para la fabricación del alconafta. Según cálculos de los industriales azucareros, el reemplazo del aditivo MTBE de las naftas demandaría unos 230 millones de litros de alcohol, valor que se podría superar con mejoras en las destilerías de los ingenios.
"Los temas energéticos y ambientales estarán al tope en los próximos años. El petróleo día a día es menos aceptado por cuestiones de precio y ambientales. Ante eso, energías alternativas como el alcohol cada día tienen más futuro", sostuvo Paz.
"Posicionarnos como provincia para tener como moneda de cambio al alcohol es una estrategia importante", remarcó el ministro de Desarrollo Productivo.
Lamentó a falta de iniciativa en torno de la ley por parte del sector azucarero. "Nos parece que hace falta mayor visión del conjunto de la actividad, de industriales y de cañeros", concluyó Paz.

En la actividad azucarera las opiniones son diversas

No hay un posición unívoca en el sector azucarero argentino en favor o en contra del proyecto de ley de biocombustibles.
El gerente de los ingenios Concepción, Marapa y Leales, Néstor Chiappe, consideró que la iniciativa "es interesante, porque ayudaría a mejorar el mercado del azúcar y del alcohol".
"Hay excedentes que se podrían volcar a hacer alcohol, y no tanto a exportar azúcar a tan bajo precio. El combustible, a la larga, será renovable", subrayó.Según el propietario de los ingenios La Florida y Aguilares, Jorge Rocchia Ferro, la ley sería viable si no favoreciera con subsidios a algunos de los sectores productivos involucrados. "Nosotros no necesitamos ayuda oficial, pero tampoco podríamos aceptar que se favorezca la producción de maíz, por ejemplo", destacó.
Por su parte, el presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Zorreguieta, opinó ante LA GACETA que si la actividad recibiera un precio rentable por el alcohol para mezclarlo con las naftas, el sector analizará la conveniencia de hacer inversiones para tal fin. Dejó en claro, sin embargo, que el sacrificio fiscal que exigiría la ley "es una preocupación para el Gobierno".

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