Lengua, prejuicios e ideologías

BUENOS AIRES.- Elisa Carrió tiene la lengua filosa y es una máquina de producir titulares periodísticos. Su frase sobre los liberales decentes y los socialistas corruptos fue un modelo de impacto porque, además de cautivar a la audiencia de empresarios ante quienes la pronunció, puso de cabeza sus conceptos ideológicos y desnudó sus propios prejuicios.
Por esos tres andariveles -lengua, prejuicios e ideología y cómo alinearlos de cara a los votantes- transitó el Gobierno durante la semana en cuestiones de distintas vertientes que se le apilaron de modo caótico, para sacarlo del remanso en que navega, confiado más que nunca en las encuestas.
En la Casa Rosada dicen estar persuadidos -aunque no todos lo parecen- de que ahora hay que dar la pelea por la Capital Federal y presentarla como la nueva madre de todas las batallas. Pero a la vez saben que los porteños son menos proclives a "comer vidrio" y que de todos los hechos hacen segundas lecturas. Por este peligro objetivo de un padrón mañero y sin códigos, y si de lengua se habla, la danza bailada por los funcionarios alrededor de las eventuales inversiones de Venezuela en la Argentina no tiene desperdicio. En este caso, todo sucedió con la cooperación de la prensa, que describió la situación con muy poca rigurosidad y presentó los anuncios sobre probables acuerdos petroleros como si fueran hechos consumados.
No es la primera vez que las necesidades oficiales hacen que el periodismo defina titulares que luego no se corresponden con la realidad. Todavía se está esperando que Telefónica resigne su demanda ante el Ciadi, que se prometió con fecha cierta desde el Ministerio de Planificación y sobre la que la empresa nunca ha dicho hasta ahora "esta boca es mía". Por lo groseros, no vale la pena recordar siquiera los supuestos acuerdos con China.
En esta ocasión lo que se magnificó en exceso es nada más que una simple e importante asociación entre dos petroleras, una privada (la hispano-argentina Repsol-YPF) y otra estatal (la venezolana Pdvsa). Aquí, la operación se entronca con otro anuncio que se dio por hecho, cuando en realidad Venezuela empezó recién a estudiar la posibilidad de quedarse con las 63 bocas de expendio (menos de 3% del mercado), el puerto y la destilería de Rhasa en Campana, por las que arriesgó una oferta de U$S 93 millones, siempre y cuando en dos meses se ponga de acuerdo con la familia marplatense Sambucetti, dueña del negocio.
Al fin y al cabo, las operaciones tan promocionadas por la Argentina son negociaciones entre terceros. Si alguna vez Pdvsa adquiere Sol Petróleo, será una compañía uruguaya la que se va de la Argentina y se llevará los dólares que ponga el nuevo jugador. Pero la operación con Rhasa tiene otros bemoles, ya que no se diferencia para nada de las compras que empresas extranjeras vienen haciendo de compañías locales.
En este caso, la frase de Carrió permite una variante que nunca fue pronunciada, pero que se le podría haber endilgado al Gobierno, bajo todos y cada uno de los parámetros del análisis: "preferimos capital estatal venezolano que dinero privado brasileño", es lo que subyace del episodio.
Las preguntas que quedan para una eventual segunda lectura es por qué al Gobierno (y a la UIA) le preocupa tanto la venta (que llama "desnacionalización") de Loma Negra o de Swift a Camargo Correa y Fribol, mientras que difunde como un gran logro esta venta de una empresa nacional al Estado venezolano. Por qué se dejó que el Presidente se exponga en una cuestión tan delicada, en la que, se sabe, piensa de otro modo. La respuesta a ambos interrogantes es sencilla: a la lengua fácil dedicada al tachín-tachín mediático se le sumó mucho de ideología y algo de prejuicios.
Los mismos condimentos se descubren en el caso del gendarme Pedro Pasteris; en la destitución del juez Antonio Boggiano; en la rebeldía de la Cámara de Diputados; en el caso de los deudores hipotecarios; en el viaje a Brasilia, con desencuentro programado con Eduardo Duhalde incluido, y hasta en algunas intervenciones del ministro de Economía, Roberto Lavagna. Todas estas cuestiones crisparon en demasía a los habitantes de Balcarce 50, en los eternos siete días que pasaron. Como tras sus muros todo se piensa en clave electoral, hubo un denominador común: el Gobierno se cruza de vereda como un rayo apenas observa cómo le da el sol.
Pasteris fue reemplazado por una denuncia sobre derechos humanos que lo involucró en su carácter de alférez, en los 80. Había sido nombrado por quien lo relevó (Kirchner), pese a que la fuerza se había constituido en un eficaz apoyo de control de piqueteros. En este tema se habló menos y se ejecutó rápido, pero el episodio se corporizó ante los votantes independientes como la revelación de un poder supragubernamental e ideológico que digita el quién es quién.
Boggiano quedó afuera de la Corte Suprema, después de haber bailado una danza de apoyos cruzados y de despechos mutuos. El ministro de la Corte dijo haber sido traicionado; la cuestión seguirá debatiéndose judicialmente, lo que podría abrir un conflicto de poderes con el Congreso, pero el costo político del relevo parece haberlo pagado el Gobierno por sus idas y vueltas.
En cuanto a la situación de los deudores que el miércoles prorrogaron los diputados, el Gobierno se sacó. Con mucho tino, Economía no quería mantener en el limbo la cuestión para inducir a que el mercado inmobiliario termine de clarificarse. Una intervención del propio Lavagna, en todo caso buscó encauzar la situación a través de un nuevo proyecto, pero no le fue bien, ya que desde el Gobierno se hizo trascender el malestar por haber negociado con Eduardo Camaño, titular de la Cámara, un duhaldista nada popular en la Casa Rosada. Pese a todo, todo se dio vuelta de cabeza en la Cámara Baja. El progresismo kirchnerista quedó a la par del macrismo para no dar quórum y los tan criticados duhaldistas terminaron votando con ARI la media sanción de extensión de plazos por 120 días. El Presidente, primero le pegó al duhaldismo por no asimilarse; pero luego prometió un proyecto de ley alternativo para solucionar el problema.
Otra factura que le pasan a Lavagna desde el Gobierno son sus referencias a la posibilidad de arreglar hacia el futuro con los tenedores de bonos aún defaulteados. La semana pasada esta columna publicó que un funcionario del área económica había dicho que la cuestión comenzaría a encauzarse después de las elecciones. Lo mismo trascendió en Washington, vía FMI, y el pobre de Lavagna tuvo que salir a explicar, sin ponerse colorado, que entre los acreedores sin arreglo estaba el Club de París y que se había referido a esa institución. (DyN)