Los votos y los bolsones

Con lamentable resignación, la ciudadanía contempla que, una vez más, los tiempos electorales vienen acompañados con la nefasta práctica del reparto de dádivas con la intención -velada o explícita- de conquistar el voto de los electores. Este tipo de acciones, que ya se ha convertido en una costumbre, se concreta cada vez más desembozadamente, al punto que ya ha perdido casi definitivamente la connotación escandalosa que la caracteriza.
No debe confundirse la asistencia social a los sectores más castigados por la crisis con el reparto de comestibles y de otros bienes que precede a todo acto electoral. El Estado está obligado a atender a las necesidades de los ciudadanos que por distintas circunstancias -desempleo, problemas familiares o de salud, contingencias adversas- se ven privados de la posibilidad de trabajar y de percibir la remuneración correspondiente para atender al sustento de sus familias. Debe hacerlo, además, a través de los organismos oficiales constituidos a tal efecto y cumpliendo con todas las disposiciones legales vigentes para garantizar la transparencia de esos actos. Y, desde luego, debe prescindir de toda connotación de política partidaria al prestar este servicio a la comunidad, al que está obligado por imperio de la Constitución.
El ciudadano debe entender, por su parte, que tales acciones asistenciales son encaradas por el Estado, no como una graciosa concesión del mandatario de turno, sino porque está obligado a hacerlo. De modo que tampoco corresponde que los funcionarios a cargo de la entrega de los bienes se adjudiquen mérito personal alguno o esperen el agradecimiento por la vía del voto de parte de los beneficiarios.
Nada hay más potente que la miseria a la hora de menoscabar la dignidad de los seres humanos. Quienes se ven obligados a mendigar para saciar su hambre -o peor, el de sus hijos- van resignando fatalmente los reparos morales que actúan como dique de contención de sus impulsos. Es por eso doblemente condenable el hecho de sacar provecho de esa posición de debilidad y, a través del clientelismo, someter a los más necesitados a un comercio que compromete su voluntad y sus libertades.
La sociedad en pleno debe entender que no corresponde a los políticos realizar beneficencia a título personal, y mucho menos cuando los recursos que utilizan provienen directa o indirectamente de los fondos públicos. Y que quienes disputan cargos electivos deben ser particularmente cuidadosos a la hora de separar las acciones que les impone el ejercicio de sus cargos con los actos vinculados con la campaña para captar los votos de la ciudadanía. De otro modo, el reparto de bolsones seguirá patéticamente ligado a las estrategias electorales, en un abuso descarado de la situación de vulnerabilidad en la que viven muchos conciudadanos.
En referencia a las necesidades de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad, el arzobispo de Tucumán ha dicho que ellos no sólo están en la periferia de la ciudad, sino también en la periferia de los derechos, de las posibilidades de trabajo y de educación. "Causa dolor, indignación y vergüenza que, en tiempos electorales, se repartan bolsones. Esto no sólo humilla al necesitado y no respeta su dignidad de persona sino que además denigra a la política. Los problemas sociales no se resuelven con el clientelismo sino con educación, con trabajo y con salarios dignos", dijo el prelado en la homilía que pronunció el 24 de setiembre pasado en la iglesia Catedral. La provincia y el país, en salvaguarda del futuro de las generaciones más jóvenes, necesitan que nuestros dirigentes escuchen estas reflexiones y actúen en consecuencia, con decisión y con patriotismo.
No es posible que una democracia crezca y goce de buena salud si muchos de sus dirigentes entienden el voto como una contraprestación a determinado tipo de favores.