En el coqueto country de Pilar (Buenos Aires), Antonio Bussi debe restregarse las manos. Desde hace una semana es noticia. El viernes 23, el secretario de Derechos Humanos, Bernardo Lobo Bugeau, denunció que el militar no podía seguir bajo arresto domiciliario, porque, según vecinos de la zona, más que detenido, parecía un veraneante. El funcionario alertó al fiscal federal Emilio Ferrer de que el ex gobernador saldría de compras, pasearía con displicencia y hasta probaría cómo le responde la muñeca derecha jugando al tenis; todo esto, supuestamente, ante la mirada distraída de la custodia (personal del estado mayor del Ejército). El juez federal Jorge Parache, que se olvidó de la causa en diciembre de 2003, cuando permitió el traslado de Bussi a Buenos Aires, no estaba precisamente preocupado por esto. Más bien lo atormentaban los auditores que, a él y a su colega, Felipe Terán, les envió el Consejo de la Magistratura de la Nación, por los corralitos destrabados mediante curiosos amparos. No obstante, los Bussi no querían correr riesgos. Entonces, movieron de posición al jefe del clan y, de veterano paseante, presuntamente feliz, lo convirtieron en víctima de una campaña de persecución que lo obligaba a renunciar a la intendencia de la capital, cuando en realidad nunca pudo asumir por las causas que lo esperan por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. Se ve que estaban preocupados como para haber agotado esa prenda flotante que desde junio de 2003 habían constituido sobre el municipio. Cuando viajó a Buenos Aires, en Fuerza Republicana (FR) sabían que era difícil que pudiera volver a recuperar la libertad; no obstante, no lo apuraron para que dimitiera, para poder tener en jaque -y en el rango de provisorio- al peronista Domingo Amaya.
Desde hace un mes, en FR azuzan con la posibilidad de la dimisión. Primero fue el titular del partido, Ricardo Bussi, para generarle problemas al gobernador José Alperovich por medio de un tiro contra su mimado -Amaya- y nada menos que en la capital. Luego, el rancio sector díscolo que sostiene a José Luis Bussi, para hacerle ruido al oficialismo de FR y demostrar que, si hubiera elecciones, el Bussi emergente podría ser el candidato. De hecho, José Luis presentó la nota de su padre en el Concejo Deliberante -un día antes de la fecha que figuraba en el texto- y antes había hecho lo mismo con la carta de renuncia -también de su papá- a la afiliación de FR. Pero la bomba estalló más allá de los cuarteles republicanos.
A ciencia cierta, en un partido montado sobre un único apellido, puertas afuera no distinguen entre hermanos que, aunque no se hablen, se parecen. Por eso, Ricardo Bussi terminó capitalizando la jugada. El fue a la Casa de Gobierno y ayer, al Concejo Deliberante, para reclamar que el próximo intendente sea elegido mediante elecciones, y no por un colegio electoral conformado por ediles. Pero lo único que podría haber frenado esto hubiera sido una acción de amparo -con una medida cautelar-, para cuestionar las paradojas del artículo 38 bis de la Carta Orgánica de Municipalidades. Esta norma, de 1993, mientras exige comicios para resolver los problemas de acefalía en los municipios del interior, veda tal posibilidad para la capital. ¡Toda una contradicción! Por eso, los ediles oficialistas, doctos en subterfugios, se apresuraron por sesionar, para que el asunto fuera pronto cosa juzgada, y para que Amaya pudiera seguir cortando cintas, gracias a los alegrones presupuestarios que le concede su amigo, el gobernador.
El enroque de los Bussi impidió ver que el fiscal Ferrer andaría husmeando en filmaciones (de centros comerciales) y en tarjetas de crédito, para saber si el general anda de compras (o de shopping, como dicen ahora), mientras sus hijos siguen jugando al fratricidio; y los alperovichistas, a los hechos consumados. Aprovechando el runruneo bussista, los legisladores redistribuyeron las 40 bancas, como les había indicado un dedo de la Corte Suprema.
