El control de los recursos sociales

El Estado nacional dispondrá de 1.350 millones de pesos con destino a planes de trabajo para situaciones de emergencia. Hasta el momento el programa de asistencia alcanza a trescientos mil beneficiarios, pero su desarrollo está resultando por de más ineficiente, a causa de una organización donde la variedad de intermediaciones afecta los resultados previstos y provoca corruptelas y clientelismo político. Para hacer frente a la gravosa realidad, los planes de empleo en que consiste el nuevo programa exigirán la inscripción previa de sus beneficiarios -jefes y jefas de hogar con hijos menores de 18 años-, estimados en 1,2 millón. El subsidio se elevará a 150 pesos y requerirá una contraprestación laboral, con una duración de tres meses renovables.
Para evitar desvíos de los recursos asignados por efecto de las intermediaciones, habrá un registro único de beneficiarios a cargo de la cartera nacional de Trabajo y de la ANSES, mediante el cual se tratará de comprobar la desocupación de los solicitantes. Claro está que ello no será posible en los casos de empleo irregular o en negro, para lo cual debería incorporarse otra metodología. Por lo demás, los recursos serán monitoreados por otros organismos de la Nación y provinciales, así como una comisión de organizaciones no gubernamentales y sindicatos. La compleja red de control de eficiencia incluye un registro único al que los beneficiarios deben acceder personalmente, sin intermediarios ni gestores, mediante un sistema que las autoridades se proponen dar a conocer durante los próximos días en todo el país.
El método de registro único de beneficiarios ya fue intentado el año último por la ex ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza, Patricia Bullrich, para tratar de poner fin a las nuevas organizaciones de piqueteros como intermediarias en la distribución de los recursos. Ese vano empeño contribuyó a su alejamiento del cargo y fue así como entidades ad hoc, paralelas a una función que el Estado no debería resignar, integraron con dinero público sólidas clientelas políticas, ampliando sus actividades con el estímulo de los efectos sociales de la crisis.
Posteriormente, de una manera u otra, esas siglas de activistas llegaron a condicionar la ejecución de los planes oficiales de ayuda social hasta el presente, practicando sus intermediaciones bajo controles muy precarios que la ineficacia estatal no ha sido capaz de mejorar hasta el momento. Estadísticamente, los recursos que el país ha destinado desde hace décadas a fines sociales y de salud pública han figurado entre los más cuantiosos per cápita en el orden internacional. No así, sin embargo, la capacidad oficial para distribuirlos con eficacia, amén de las deficiencias institucionales en el sector y el uso de esos recursos en proporción llamativa sin los controles adecuados.
El anunciado plan oficial es nuevamente fruto de la cantidad de denuncias sobre corrupción y clientelismo político, acumuladas mientras los efectos de la crisis no retroceden. Impunemente, entre las mismas se señala, inclusive, a presuntas entidades no gubernamentales que ocultan a notorios grupos políticos, beneficiarios de recurrente impunidad.
Es muy complejo improvisar un sistema adecuado de cobertura pública de emergencia como el requerido, cuando una de las demandas más urgentes del país es recuperar la eficiencia del Estado.
Pero la realidad presente convoca a un esfuerzo sin concesiones a los condicionamientos políticos, al servicio de una transparencia ejecutiva que satisfaga la urgente demanda social mediante un óptimo empleo de los recursos asignados.