Medicamentos para los jubilados

Un discurso recurrente, de políticos y de funcionarios, es el que asegura enfáticamente que se garantizará a todo trance la atención de la salud a las personas jubiladas. Ese discurso se explaya sobre la grave obligación que compete al Estado en tal sentido, y promete inveteradamente drásticas modificaciones en las injusticias vigentes. Se sancionan, además, leyes y reglamentaciones diversas, todas con el teórico propósito de hacer efectiva aquella asistencia con la mayor amplitud posible.
Venimos escuchando estas expresiones desde hace ya muchos años, pronunciadas por representantes de gobiernos de distinto signo. Sin embargo, como lo comprueba la queja diaria de los afectados, pareciera no haber llegado todavía, a pesar del transcurso del tiempo y de la insistencia de las promesas, la época de transformar a estas últimas en realidades.
Recientemente, dedicamos una extensa nota a los inconvenientes que deben soportar los jubilados para obtener sus medicamentos en el PAMI. El sistema implementado para entregarles los remedios exhibe ramificaciones burocráticas que obligan a largas esperas, doblemente dramáticas en los casos de enfermedades como el cáncer o el mal de Alzheimer. La remisión de las recetas, historias clínicas y estudios a Buenos Aires, para que desde allí se produzca la autorización y se remita el medicamento, a veces implica un lapso de veinte días, que representa una eternidad cuando estamos hablando de enfermedades graves (y todas son graves a cierta edad).
Y de más está decir que a la inmensa mayoría le es imposible adquirir los medicamentos por otra vía dado su costo, imposible de afrontar con las magras asignaciones que los retirados perciben. Se argumenta que con el sistema puesto en marcha se otorga transparencia a la disposición de esas drogas, evitando su desvío a otros fines. Pero la agilidad, que resulta fundamental en este terreno, es algo que no existe, de acuerdo con las declaraciones de los afectados. Si los problemas de salud de las personas de edad constituyen siempre un tema merecedor de la máxima preocupación asistencial del Estado, parece sobreabundante recordar que esa preocupación se torna mucho más imprescindible, si cabe, en una época como la que atravesamos, caracterizada por la más intensa crisis general que registra nuestra historia próxima o remota. En efecto, en la actualidad el retirado tiene que realizar verdaderas alquimias para poder mantenerse con su jubilación, dada la alarmante carestía que muestran todos los órdenes de la vida diaria.
Y si a eso le agregamos que la obtención de los medicamentos que el sistema jubilatorio debe proveerles se transforma en un verdadero calvario de requisitos y de dilaciones, hay que convenir que se lleva a ese sector tan numeroso de la sociedad argentina a situaciones de verdadera desesperación. Sin duda, es patéticamente injusto semejante resultado, y corresponde que el Estado lo modifique con la máxima urgencia. Se trata de realidades que por sus características no pueden esperar.
Deben concluir los retaceos en esa obligación del poder público, y debe implementarse un sistema dotado de la suficiente agilidad como para satisfacer los requerimientos con premura. Si el nuevo mecanismo dispuesto para la distribución de medicamentos no está funcionando como debe, corresponde practicar en el mismo las correcciones que dicte la experiencia, a fin de que pueda cumplir adecuadamente con sus fines.
Las personas añosas y enfermas merecen , fuera de toda duda, estar a salvo de apuros y complicaciones a la hora de atender sus problemas de salud. Es un tema sobre el cual no puede haber dos opiniones.