La seguridad está al límite. Si bien el ministro de Gobierno, Fernando Juri, piensa que Tucumán se encuentra por debajo de la media nacional en cuanto a delitos y violencia (piensa en la paranoia que cunde en Buenos Aires por los secuestros express y por los asesinatos de policías), el panorama no es el ideal.
La situación es como la del mar poco antes de la tormenta. Hay tensión, poca claridad y mucha inquietud. La viven los vecinos que han comenzado a movilizarse porque ya no pueden salir a la calle, ya que los ladrones y los asaltantes están al acecho. Las denuncias de la gente de La Ciudadela, del barrio SEOC III (donde un cartel -"entrá si querés, salí si podés"- muestra la desazón vecinal), de Tafí Viejo y de Monteros parecen marcar una radiografía de la seguridad en la provincia. La Policía está desbordada por la violencia y el delito, que crecen por lo menos en la percepción colectiva de la inseguridad. Hay una tensión larvada y bastaría una chispa para que la sensación deje de serlo para convertirse en certeza.
No se conocen las estadísticas, porque en Tucumán no hay un organismo independiente que las haga, y la fuerza de seguridad no es confiable en ese sentido, por dos motivos: aunque tiene un departamento de Estadísticas, padece una crónica falta de elementos y tiene, por otro lado, una dependencia absoluta del poder político. Nunca va a hacer conocer una estadística que diga que aumentó el delito.
Las respuestas del Gobierno siempre son similares. La endémica falta de elementos se volvió crítica a partir del default. Casi ninguna repartición tiene autos en condiciones, y sólo se puede esperar donaciones prometidas por empresarios (que están en crisis también), motocicletas nuevas, 300 armas que regalaría la Policía Federal y, posiblemente, algo de dinero de la venta de vehículos oficiales en desuso.
Marginalidad y violencia
Pero todo será como una gota de agua en el desierto. La crisis está produciendo cada vez más marginalidad y más violencia. Por ahora, el Estado quiere paliar la falta de personal con la habilitación de beneficiarios de planes sociales para tareas de vigilancia diurna. Es una salida interesante y original, aunque surgida evidentemente de la precariedad absoluta en que nos manejamos: en Monteros, donde están actuando los nuevos vigilantes, hay mujeres embarazadas cumpliendo esa tarea.
El panorama no pinta bueno. Acaso la salida sea repensar los programas con participación comunitaria, abandonados simplemente porque se hicieron en gestiones ministeriales anteriores. A fin de cuentas, sólo los vecinos saben cuáles son las necesidades de cada barrio y pueden ejercer un control directo sobre la forma en que trabaja la Policía. Así ocurre en el barrio Piedrabuena.
Si el Estado no se decide a organizar una seguridad con participación comunitaria, cada vez habrá más violencia y aislamiento, y los barrios tenderán a construir cercas a su alrededor, y los delincuentes y los violentos reinarán en las calles.
