Los monopolios representativos

El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical han llegado a un acuerdo para atenuar las exigencias de inscripción de nuevas agrupaciones políticas. Pero esa reforma no innova mayormente en el régimen representativo, pues avanza poco más allá de reducir de dos a uno por mil del padrón electoral el número mínimo de afiliados por distrito y a cinco de estos cuando se trate de partidos nacionales, como ocurre actualmente. El proyecto, que cuenta con mayoría decisiva en ambas cámaras, no autoriza candidaturas independientes, desoyendo así las crecientes demandas de la sociedad para institucionalizarlas, con el evidente propósito de no contribuir a la emigración de afiliados de las grandes organizaciones.
Desde la restauración constitucional, pronto hará dos décadas, raros fueron los comicios que no fueron precedidos por promesas de reformas políticas finalmente frustradas. En la actual ocasión tan sólo se ha podido lograr hasta el momento la apertura obligatoria de las elecciones internas en los partidos, de notoria trascendencia por cierto, aunque sin innovar en el sistema de candidatos desconocidos representados por la lista sábana.
La resistencia de la llamada clase política al abandono de la organización anacrónica que la descalifica ha tenido, por el contrario, durante todo ese tiempo una perseverancia excepcional que la llevó, inclusive, a introducir en la Constitución Nacional el reconocimiento de los partidos mediante un texto ambiguo que, según sus redactores, los convirtió en organizaciones exclusivas del ejercicio democrático representativo. Es decir que para asumir representaciones políticas resultaría indispensable la militancia partidaria, criterio que no condice con el espíritu liberal de la Carta Magna. No sólo el ejemplo apuntado testimonia la posición partidocrática con que las grandes fuerzas políticas tradicionales tratan de turnarse en el ejercicio de los poderes públicos, a pesar del inexorable transcurso del tiempo y la sucesión de generaciones sociales que demandan sus renovaciones.
También en la misma reforma constitucional se impuso por mayoría de ambas la figura del tercer senador nacional por distrito para asegurar que la primera minoría del Congreso contase con una presencia asegurada, aumentando innecesariamente para el erario y las exigencias representativas el costo de la política, hasta hacerlo insostenible, como quedó demostrado al convertirse en causa ineludible de la crisis actual.
Pero el proyecto defendido en esta ocasión por los mismos partidos no garantiza ciertamente su vigencia para el día de las urnas, pues la rémora con que está siendo impulsada su legislación y su fecha máxima del 24 de setiembre próximo para la inscripción de nuevos partidos, hacen virtualmente ilusoria la retaceada reforma.
Como puede advertirse una vez más, el ruidoso debate preelectoral no incluye la más recurrente demanda de la ciudadanía a los partidos que usufructúan el poder.