"Así, para 2004, el gobierno central de Argentina presentaba un ratio del 23%, que aparece como demasiado pequeño ante los números superiores al 37% que presentan en promedio los países de la OCDE. En cambio, el alumno aplicado de la región, Chile, mostraba un ratio del 21,9%, mientras que en Brasil ascendía al 23,9%", señalaron los expertos. Pero ese tipo de comparaciones no capta la verdadera carga tributaria que sufre quien paga todos sus impuestos, dados los altos niveles de evasión existentes en países como Argentina, advierten.
Una idea sobre esta situación la da la comparación de la cantidad de impuestos y de las tasas legales que se aplican en los distintos impuestos. "Por ejemplo, si nos comparamos con Chile, el país transandino no aplica retenciones a las exportaciones, ni impuesto a los débitos y créditos bancarios, ni aportes patronales a la seguridad social, ni impuesto a los ingresos brutos o tasas similares municipales. A su vez, la alícuota de IVA es del 19%, y a las empresas que reinvierten sus utilidades se les aplica una tasa de Ganancias del 17%, contra 35% en Argentina (más el efecto del no ajuste por inflación)", justificaron.
Por esa razón, los especialistas creen que no quedan dudas de que, tras la crisis, la Argentina ha quedado con un sistema tributario que impone una muy elevada presión tributaria a sus familias y empresas. "Para peor, una vez pasada la emergencia, todo el superávit fiscal primario del sector público nacional descansa en la recaudación de retenciones e impuesto al cheque, con lo que la eliminación de ambos tributos supondría caminar por un estrecho desfiladero", indicaron.
¿Qué implicaría ese desfiladero? "No tener problemas de financiamiento a la hora de servir la deuda, y para ello resulta clave lo que ocurra en el actual y los próximos dos años con dos variables claves: los vencimientos con el FMI y la evolución del gasto público", puntualizaron.
El escenario que permitiría dar cabida a una reforma tributaria integral en Argentina es uno en que se logre refinanciar la mayor parte de los vencimientos con el Fondo hasta 2007 y en que el gasto primario aumente menos que lo que lo hace el PIB en el mismo lapso. "El problema es que hasta mayo de este año el gasto todavía aumenta bastante más que el PIB nominal, y eso se va comiendo las posibilidades futuras de que baje la presión tributaria", remarcaron los economistas del Ieral.
La informalidad provoca una idea de mayor presión fiscal
Por Giselle Courtade de Benito, profesora adjunta de Teoría y Técnica Impositiva de la UNT.
Una de las formas de medir la presión fiscal es mediante la relación entre la recaudación tributaria y el PBI. Según datos proporcionados por la AFIP, en 2004 esta relación fue del orden del 22,1% a nivel nacional, tomando en cuenta tanto los tributos internos como los del comercio exterior y la seguridad social. A este indicador debe agregarse la incidencia provincial y municipal para obtener la presión tributaria total. Acorde con estudios del Ieral (de la Fundación Mediterránea) esta incidencia alcanza al 5,4% del PBI, del que corresponde 4% a las provincias y 1,4% a los municipios.
Si se toma en cuenta que la actividad económica muestra una tendencia creciente en 2005, es posible sostener que en Argentina la presión tributaria se sitúa alrededor del 27% del PBI. Este porcentaje es bastante bajo cuando se lo compara con los indicadores de los países europeos donde en algunos casos se eleva por encima del 50% (por ejemplo en Suecia y Dinamarca).
¿Por qué entonces los contribuyentes perciben que esa presión es demasiado elevada? Diversos factores confluyen a generar esta sensación individual. Por una parte, la realidad indica que la presión fiscal aumenta debido a la existencia de una economía marginal que genera producto bruto pero no arrima ingresos a los fiscos. Sin embargo no es menos cierto que la renuencia a contribuir es, frecuentemente, la consecuencia de una excesiva presión fiscal, con lo que se termina generando un círculo vicioso que se realimenta en forma permanente.
A esto se suma la existencia de un sistema tributario complejo, plagado de parches y de gravámenes distorsivos -que son de fácil recaudación pero altamente perjudiciales para la actividad económica-, que cada vez se aleja más de los principios elementales que deben regir la tributación (legalidad, neutralidad, eficiencia, etcétera). La feroz competencia entre las provincias y municipios para apropiarse, a cualquier costo, del ingreso tributario a fin de solventar sus siempre crecientes erogaciones, produce la superposición de gravámenes y la creación de "tasas" que en la mayoría de los casos no se corresponden con servicios efectivamente prestados, desalentando la inversión productiva.
En Tucumán, por ejemplo, la recaudación de los impuestos a los ingresos brutos y sellos representa más del 70% del total fiscal provincial que ronda los $ 30 millones mensuales. Sin embargo, ambos gravámenes son sumamente resistidos por el sector empresario, a raíz de que entorpecen el tráfico comercial.
Indudablemente la cuestión de la presión fiscal es demasiado importante por todas sus consecuencias, tanto para los ciudadanos como para el estado y para la economía. Por lo tanto, el tema debería ser de alta prioridad para el Gobierno, ya que una adecuada política en materia fiscal puede ayudar notablemente a generar condiciones de crecimiento económico y así promover el bienestar general.
