El registro de conductor

La realidad jurídica de Tucumán muestra, a cada momento, aspectos que claman por un cambio en profundidad que en algún momento debiera producirse, para evitar una serie de situaciones que representan, si no una directa burla de la ley, por lo menos una desnaturalización de los principios generales que la inspiran. Tanto tiempo hemos venido conviviendo con esas irregularidades que han causado ya vastos efectos, cuya corrección demandaría un trabajo nada pequeño. También se han creado situaciones de hecho ya incorporadas raigalmente a la vida administrativa y económica, y por lo tanto difíciles de transformar.
Una muestra altamente representativa de lo que venimos diciendo se expresa en el problema de la obtención de los carnets habilitantes para conducir automotores dentro del territorio provincial. En nuestra edición de ayer, una extensa nota suministraba todos los detalles del singular asunto. Ocurre que cada municipio tucumano se maneja a su antojo en la materia, sin importarle que sus normas choquen con las vigentes en otro. Hay jurisdicciones donde el registro se obtiene sin examen de aptitud y en pocos minutos, lo que opera en contra de la Municipalidad de la capital, donde existe una demora de dos o tres días. Como si fuera poco, se asiste a una proliferación de conductores que circulan con permisos que no corresponden (quienes manejan tractores con carnet de motociclistas, por ejemplo) o que están evidentemente adulterados.
En el orden provincial, se alienta la iniciativa de establecer un registro único, que impida a los inhabilitados orillar la ley con los subterfugios descriptos; aunque está también la cuestión de hacer coincidir los códigos de faltas, cuyas normas son diferentes en cada jurisdicción. Ejemplificaba nuestra nota apuntando que quien se traslada de la Banda del Río Salí a Las Talitas, pasando por Alderetes y por la capital, en 10 minutos de viaje está sujeto a cuatro reglamentos diferentes.
Todo esto no hace sino demostrar la ninguna coordinación con que se han manejado, en el territorio de la provincia, cuestiones cuya importancia dista de ser exclusivamente municipal, y que debieron haber sido objeto de un enfoque sustancialmente distinto. Se han creado así, como vemos, problemas que pudieron haber sido conjurados desde que se plantearon, en lugar de permitirles que crecieran sin obstáculos.
Si ya no es posible volver sobre lo desacertado que se hizo, sí lo es organizar algún camino para superar definitivamente tales cuestiones. Nos parece que un primer paso sería la unificación de los Códigos de Faltas y de los registros habilitantes para conducir, logro al que podría llegarse efectuando las respectivas reuniones de coordinación con representantes de la Provincia y de todos los municipios. Por cierto que es un punto a tener muy en cuenta en una futura reforma constitucional, donde convendría establecer cláusulas explícitas que impidan definitivamente este tipo de contradicciones, consumadas al amparo de la autonomía municipal. Pensamos que en nada vulneraría a esta el hecho de sujetarse a una norma común en aspectos de tanta significación general.
Lo que interesa, a partir de todas estas apreciaciones, es que las autoridades empiecen a ponerse de acuerdo sobre los puntos necesitados de urgente corrección, y que se implementen los pasos necesarios para hacerlo, con la obvia intervención de todas las partes involucradas.
De esa manera habrá de lograrse, en última instancia, que la ciudadanía tenga claras las especificaciones de la ley, y que se disponga a cumplirla para no hacerse pasible de las sanciones que el Estado deberá aplicarle con todo rigor.
Conducir un automotor es algo que tiene múltiples implicancias en mil aspectos básicos de la vida diaria. La habilitación para hacerlo no puede estar envuelta en un caos de contradicciones y lagunas legales, como ocurre ahora.