Internas precipitadas

Apenas anunciado el nuevo calendario electoral, la mayoría de los sectores políticos ha desplazado de sus intereses prioritarios las responsabilidades públicas, para abocarse de inmediato a cuestiones relacionadas con la nominación de candidatos en las elecciones partidarias previstas para el 30 de noviembre. Sin embargo, la convocatoria de referencia ha establecido que las campañas durarán un mes, a pesar de lo cual, especialmente en las mayores organizaciones, ha comenzado el debate por las fórmulas presidenciales. La consecuencia más notoria ha sido una virtual paralización de la actividad legislativa del Congreso a partir de aquel anuncio, lo que ha dejado sin tratamiento hasta el momento asuntos importantes para la transición gubernamental en un receso de hecho que puede prolongarse por el tradicional de invierno.
Entre los asuntos pendientes se hallan el trabado juicio político a la Corte Suprema de Justicia, la flexibilización de requisitos para la formación de partidos políticos, la suspensión de jubilaciones de privilegio y otros temas. Tampoco el Poder Ejecutivo ha remitido nuevas iniciativas, como la oficialización de aquel calendario u otras cuestiones relacionadas con la reforma política, siempre pendientes de mayores inquietudes oficiales.
Quienes deberían prestar mayor concurso a esos asuntos públicos están atendiendo en sus distritos respectivos debates netamente políticos que adelantan una campaña con muy bajo vuelo, especialmente mediática, y que se caracteriza en las grandes organizaciones por el discurso descalificador del rival antes que por propuestas creativas capaces de alentar esfuerzos colectivos en la ciudadanía.
Por añadidura, las confrontaciones entre precandidatos del mismo partido asumen frecuentemente tensiones tan elevadas que parecen colocar, por ejemplo, a justicialistas y a radicales, al borde de sus divisiones. No menos desconcertante es el empeño puesto por la nueva alianza, cuya gran mayoría deviene de la que gobernó hasta hace poco más de seis meses, que invoca la renovación total de los cargos electivos por hallarse comprometidos -se sostiene- con el pasado.
Esa contradicción es uno de los signos más elocuentes del divorcio entre la clase política y la sociedad, algo que las encuestas no permiten disimular por la escasa participación que evidencian frente a las manifestaciones públicas de descontento de distintos sectores y lugares del país.
Consciente de esa realidad, el presidente de la Nación acaba de señalar que la República saldrá de la crisis solamente si sus dirigentes demuestran ser capaces de trabajar todos juntos y para el mismo lado en las cuestiones fundamentales, "sin egoísmos, sin especulaciones, y entendiendo que es un tiempo de renunciamientos".
Esta convocatoria debería tener una respuesta consecuente, pero no es menos cierto que más allá de lo que en ella se demanda subyace el hecho de la notoria vinculación del Gobierno al partido cuya interna está dando lugar a las mayores expectativas públicas.
Esta circunstancia ha impedido hasta el momento que el doctor Eduardo Duhalde haga de su discurso una acción protagónica ante la totalidad de los sectores políticos para exigirles el desprendimiento que los intereses generales les están demandando. Debe advertirse en tal sentido que acceder a las urnas sin una acción de esa naturaleza constituiría un grave error, sin margen de tolerancia para la sociedad.