El manejo de los planes sociales

Hace pocos días, uno de nuestros panoramas detallaba el singular universo de problemas que se desarrolla en torno de los planes sociales en Tucumán. Acusaciones de desvío de fondos para punteros políticos o para beneficiar doblemente a algunas personas, dispersión en la asignación y ejecución de los fondos, escasa tarea de control por parte del Tribunal de Cuentas, cuestionamiento de los funcionarios que intervienen, etcétera. Lo real es que allí parece existir, como lo expresaba gráficamente el comentarista, "un ovillo lleno de nudos y de cabos sueltos".
Más allá de analizar las cuestiones específicas (sin que ello suponga negar la necesidad urgente de tal análisis), interesa dejar sentados algunos aspectos. Pueden parecer elementales, pero ello no los hace menos dignos de la debida puntualización.
En primer lugar, hay que recordar que toda actividad oficial que implique movimiento de fondos, es algo que debe estar rodeado de la máxima transparencia. Es la única manera de cerrar el camino a las posibilidades de corrupción, y también el modo de afirmar esa credibilidad del Estado que actualmente se encuentra tan decaída y que es imprescindible restaurar. Aceptado esto, resulta imperativo que se despeje inmediatamente y en profundidad, toda duda acerca del destino final de las partidas de que se trata.
Suena a evidente que la multiplicación de los responsables de la aplicación de las ayudas opera en contra tanto de la transparencia como de la ejecutividad en los trámites. Es el Estado quien debe poner orden en esa cuestión, estableciendo una conducción unificada, y no que ella se distribuya entre el Poder Ejecutivo, la Legislatura y otros organismos.
Es un contrasentido y una actitud desubicada respecto de la realidad que se asista a pugnas a propósito del tema. Pugnas que resultan, obviamente, sospechosas de originarse en aspiraciones a una capitalización política de estos beneficios.
El censo de desocupados sería conveniente, pero su realización no debe convertirse en un obstáculo para el funcionamiento de los programas. Debe implementarse una mecánica que esté a salvo de tales reparos, y la Administración provincial cuenta con personal idóneo para diseñar el adecuado relevamiento.
Resulta fundamental, por cierto, que este movimiento de fondos -que representa cifras muy significativas- tenga el debido control por parte del Tribunal de Cuentas. Control que, para lograr la eficacia que se espera, debe estar dotado de la agilidad correspondiente. Será otra manera de cuidar el dinero del Estado, que es de tan difícil logro en estos tiempos, y de demostrar a la opinión pública que se obra concretamente en esa dirección.
Así, nos parece que no es demasiado complicada la ejecución de los planes sociales, si terminan las oscuridades, las responsabilidades diluidas entre varios y las pujas entre los funcionarios. Pero, repetimos, todas esas dificultades solamente podrán corregirse si el poder público establece normas claras que no dejen resquicios ni dudas.
No puede olvidarse la gravedad que tiene entre nosotros la cuestión social, expresada en alarmantes índices de pobreza y de desocupación. Tal es la realidad de la provincia, que cualquiera puede palpar a lo largo y a lo ancho de todo su territorio.
Frente a tan candente panorama, suena a cruel paradoja que la distribución de las ayudas económicas se vea perturbada por cuestiones extrañas a su esencia. Ellas deben ser removidas sin contemplaciones, en beneficio de sus destinatarios y de la claridad que debe rodear, como dijimos, todo movimiento de fondos públicos.