Por Redacción Política
12 Junio 2005
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Los profesionales del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) deberán trabajar contra reloj a fin de adecuar los pliegos para la construcción del barrio Lomas de Tafí a la veintena de observaciones efectuadas por el Tribunal de Cuentas (TC) a los documentos oficiales remitidos.
El organismo de control emitió diez acuerdos, numerados entre el 1.163 y el 1.172; uno por cada paquete de viviendas que se contratarán. En total, en este tramo se prevén edificar 3.000 casas, a un costo de $ 250 millones que serán aportados por la Nación.
Todos los pronunciamientos del TC son similares en sus términos críticos, y están firmados por Miguel Chaibén Terraf y por Sergio Díaz Ricci. Como son simples sugerencias no vinculantes al tratarse de un control previo, su cumplimiento no es obligatorio para el Gobierno; pero si no se efectúan las correcciones, la operatoria podría ser objetada y trabada en el futuro.
El trabajo en el IPV no tendrá respiro, ya que el cronograma oficial para este emprendimiento prevé que el jueves tenga lugar el acto de apertura de ofertas de las empresas invitadas a participar en la compulsa. El plazo podría ser extendido, para realizar las reformulaciones exigidas en sede administrativa. Además, mañana la Legislatura impondría a las empresas adjudicatarias la obligación de subcontratar trabajos, lo que debe figurar en los pliegos.
Sin licitación
Basado en los informes de sus profesionales (ingenieros, contadores y abogados fiscales), el TC remarcó cambios de criterio en los distintos convenios firmados con la Nación.
Recordó que mientras en el Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, de julio de 2004, se estableció específicamente que debía aplicarse la licitación pública, en el pacto del 17 de mayo de este año se dejó de lado esa exigencia. De este modo, las obras podrán ser adjudicadas en forma directa, tal como impulsa el Gobierno.
"Excede nuestra competencia todo análisis y/o merituación del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, cuyo control de legalidad es resorte exclusivo y excluyente de la Legislatura", señaló el ente de supervisión.
El TC cuestionó que la adjudicación sea a la oferta de menor precio, cuando lo pautado en las leyes y convenios es que sea a la oferta más conveniente. Sostuvo que la mecánica elegida es jurídicamente inadmisible y técnicamente objetable. Otro punto señalado fue que en ningún pacto con la Nación se establece fecha tope alguna como condición resolutoria del proyecto.
Entre las modificaciones sugeridas para que los pliegos puedan ser aprobados, se destacó la necesidad de determinar fehacientemente que el terreno a utilizar esté libre. En los papeles del IPV se lee: "se ejecutará en un ámbito totalmente ocupado por población estable". El órgano calificó la frase como jurídicamente incongruente e inentendible.
Además, reclamó otra redacción en lo referido a los anticipos financieros para la obra; a los gastos generales (están calculados en un 20% del total, lo que no está justificado); a la cotización de las casas, y a la exclusión de bienes que figuran en el presupuesto (camionetas, impresoras, fax, computadoras y compactadoras de residuos, entre otras).
La DC envió una carta a Kirchner
Mediante carta documento, la Democracia Cristiana (DC) requirió al presidente Néstor Kirchner que tome cartas en el asunto para evitar que, por la construcción del proyecto habitacional de Lomas de Tafí, resulte afectado el patrimonio nacional (la obra demandará $ 250 millones).
"Como intentan obviar el procedimiento de la licitación pública, que tiene imperio legal y rango constitucional, otra vez surgen sospechas de negociados en beneficio de legisladores y miembros del Poder Ejecutivo mediante comisiones o retornos. Estos se transformaron en presupuesto indispensable para cualquier contratación de obras o de servicios públicos en la provincia", aseguraron José Páez (presidente) y Oscar Gómez (secretario).
Los dirigentes se remitieron a Kirchner, porque los fondos involucrados en la iniciativa son federales. "Este dinero, que se manejó con tan sospechosa discrecionalidad, es de la Nación. La administración, por ende, debería adecuarse con las normas de contabilidad pública", afirmaron.
"Apoyamos la concreción de obras y comprendemos la premura porque haya reactivación laboral. Pero el Presidente debe arbitrar los medios para limitar las contrataciones sin licitación", concluyeron Páez y Gómez.
El tiempo de la Legislatura
Mañana, desde las 9, los legisladores debatirán sobre el proyecto del barrio Lomas de Tafí. El PJ llevará su propuesta para la sanción de una ley que reemplace el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, manteniendo el régimen de la adjudicación directa. Las principales diferencias con el decreto se refieren a que exigirán que se subcontraten obras y se creará una comisión parlamentaria de seguimiento. La oposición reclamará la licitación pública.
El organismo de control emitió diez acuerdos, numerados entre el 1.163 y el 1.172; uno por cada paquete de viviendas que se contratarán. En total, en este tramo se prevén edificar 3.000 casas, a un costo de $ 250 millones que serán aportados por la Nación.
Todos los pronunciamientos del TC son similares en sus términos críticos, y están firmados por Miguel Chaibén Terraf y por Sergio Díaz Ricci. Como son simples sugerencias no vinculantes al tratarse de un control previo, su cumplimiento no es obligatorio para el Gobierno; pero si no se efectúan las correcciones, la operatoria podría ser objetada y trabada en el futuro.
El trabajo en el IPV no tendrá respiro, ya que el cronograma oficial para este emprendimiento prevé que el jueves tenga lugar el acto de apertura de ofertas de las empresas invitadas a participar en la compulsa. El plazo podría ser extendido, para realizar las reformulaciones exigidas en sede administrativa. Además, mañana la Legislatura impondría a las empresas adjudicatarias la obligación de subcontratar trabajos, lo que debe figurar en los pliegos.
Sin licitación
Basado en los informes de sus profesionales (ingenieros, contadores y abogados fiscales), el TC remarcó cambios de criterio en los distintos convenios firmados con la Nación.
Recordó que mientras en el Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, de julio de 2004, se estableció específicamente que debía aplicarse la licitación pública, en el pacto del 17 de mayo de este año se dejó de lado esa exigencia. De este modo, las obras podrán ser adjudicadas en forma directa, tal como impulsa el Gobierno.
"Excede nuestra competencia todo análisis y/o merituación del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, cuyo control de legalidad es resorte exclusivo y excluyente de la Legislatura", señaló el ente de supervisión.
El TC cuestionó que la adjudicación sea a la oferta de menor precio, cuando lo pautado en las leyes y convenios es que sea a la oferta más conveniente. Sostuvo que la mecánica elegida es jurídicamente inadmisible y técnicamente objetable. Otro punto señalado fue que en ningún pacto con la Nación se establece fecha tope alguna como condición resolutoria del proyecto.
Entre las modificaciones sugeridas para que los pliegos puedan ser aprobados, se destacó la necesidad de determinar fehacientemente que el terreno a utilizar esté libre. En los papeles del IPV se lee: "se ejecutará en un ámbito totalmente ocupado por población estable". El órgano calificó la frase como jurídicamente incongruente e inentendible.
Además, reclamó otra redacción en lo referido a los anticipos financieros para la obra; a los gastos generales (están calculados en un 20% del total, lo que no está justificado); a la cotización de las casas, y a la exclusión de bienes que figuran en el presupuesto (camionetas, impresoras, fax, computadoras y compactadoras de residuos, entre otras).
Mediante carta documento, la Democracia Cristiana (DC) requirió al presidente Néstor Kirchner que tome cartas en el asunto para evitar que, por la construcción del proyecto habitacional de Lomas de Tafí, resulte afectado el patrimonio nacional (la obra demandará $ 250 millones).
"Como intentan obviar el procedimiento de la licitación pública, que tiene imperio legal y rango constitucional, otra vez surgen sospechas de negociados en beneficio de legisladores y miembros del Poder Ejecutivo mediante comisiones o retornos. Estos se transformaron en presupuesto indispensable para cualquier contratación de obras o de servicios públicos en la provincia", aseguraron José Páez (presidente) y Oscar Gómez (secretario).
Los dirigentes se remitieron a Kirchner, porque los fondos involucrados en la iniciativa son federales. "Este dinero, que se manejó con tan sospechosa discrecionalidad, es de la Nación. La administración, por ende, debería adecuarse con las normas de contabilidad pública", afirmaron.
"Apoyamos la concreción de obras y comprendemos la premura porque haya reactivación laboral. Pero el Presidente debe arbitrar los medios para limitar las contrataciones sin licitación", concluyeron Páez y Gómez.
El tiempo de la Legislatura
Mañana, desde las 9, los legisladores debatirán sobre el proyecto del barrio Lomas de Tafí. El PJ llevará su propuesta para la sanción de una ley que reemplace el decreto de necesidad y urgencia del Gobierno, manteniendo el régimen de la adjudicación directa. Las principales diferencias con el decreto se refieren a que exigirán que se subcontraten obras y se creará una comisión parlamentaria de seguimiento. La oposición reclamará la licitación pública.
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