12 Junio 2005 Seguir en 
Los fríos números de las cuentas públicas tucumanas revelan que, en los últimos dos años, la gestión del gobernador José Alperovich incrementó el gasto en personal (salarios) en más de $ 232 millones. Para intentar conformar los reclamos sindicales de un haber mínimo de $ 630 mensuales, como lo dispuso el Consejo del Salario, el Estado debió resignar partidas para bienes de capital (adquisición de equipamiento) que, ante el anuncio del mandatario de adherirse al reajuste, están congeladas.
La mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo coincide en que ese es el precio que debe pagar la gestión para sostener la paz social en la provincia, a menos de un mes de la posible visita del presidente Néstor Kirchner, y en un año en el que se plebiscita el Gobierno con las elecciones del 23 de octubre.
La suba del gasto salarial responde a la decisión del Gobierno provincial de otorgar, en 2004, una suma no remunerativa de $ 100 a los estatales, al incremento del 50% en las asignaciones salariales y al nuevo reajuste anunciado por Alperovich para que el haber mínimo llegue a los $ 630. Esto último implicaría un gasto extra de $ 68 millones anuales, que beneficiaría a unos 55.000 empleados de la administración pública provincial.
Para alcanzar el mínimo, el Poder Ejecutivo optaría por blanquear aquellas sumas no remunerativas y, además, abonar otra suma adicional de entre $ 50 y $ 80 mensual por empleado público, ya que el básico actual rondaría los $ 550 promedio. Las definiciones sobre cómo afrontar el incremento salarial se tomarán en el transcurso de esta semana, afirman voceros cercanos al gobernador.
¿Esto implicará una suba salarial proporcional para las demás categorías del escalafón? En principio, el Gobierno no reajustará el salario para aquellos agentes que cobren más del mínimo. "Es posible que se achate la pirámide salarial de las categorías, pero por ahora no se pensó en otro aumento porque no están dadas las condiciones para subir más el gasto", reconoció el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ante una consulta de LA GACETA.
Perspectivas para 2006
A principios de año, el Gobierno había proyectado un superávit total de casi $ 80 millones para el ejercicio 2005. Al negociar el préstamo de $ 115 millones del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), para pagar parte de los vencimientos de la deuda, el Estado había calculado un déficit en las cuentas de $ 26 millones (ver infograma) que se revertiría con la asistencia federal.
Con el nuevo aumento salarial y teniendo en cuenta el incremento de los ingresos, el resultado positivo en las cuentas sería menor al esperado por el Ministerio de Economía. Rondaría los $ 37 millones, con lo que por este año, la Provincia cumpliría los compromisos pactados con la Nación, mediante el Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, el fuerte aumento del gasto en personal enciende luces amarillas para el futuro fiscal de Tucumán. Si no crecen con fuerza los ingresos, se tornará difícil mantener el superávit en las cuentas y encuadrarse dentro de los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, tanto para los gastos como para el endeudamiento público.
Por eso, ya se están analizando medidas que tienden a robustecer la recaudación provincial en 2006, con un revalúo inmobiliario y una mayor fiscalización impositiva. Pero también queda abierta la posibilidad de que, para compensar el mayor gasto salarial, el Estado deba reducir partidas destinadas a obras públicas.
Los mercantiles reclaman un reajuste salarial
Los mercantiles están dispuestos a llegar hasta las medidas de fuerza para lograr que los empresarios concedan un aumento salarial para el sector. Los dirigentes locales están esperando el resultado de la negociación paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio, liderada por Armando Cavalieri, y las cámaras patronales.
Si no hay acuerdo por un nuevo aumento salarial, en Tucumán habrá medidas de fuerza a partir del miércoles 13, según señaló a LA GACETA el secretario de Vivienda de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), Oscar Cano. Si bien el sindicalista y actual concejal capitalino reconoció que el salario promedio mensual de un empleado está en el orden de los $ 730 (por encima del mínimo dispuesto por el Consejo del Salario), cree que es fundamental que los trabajadores reciban una remuneración equivalente al valor de una canasta básica total, es decir, cerca de $ 870.
A nivel nacional, los empresarios consideran que el planteo es de difícil cumplimiento, en particular para los pequeños y medianos comercios.
Cano no descartó que el plan de lucha nacional termine con un paro de 24 horas. El dirigente reveló que, en 2001, cuando se profundizó la crisis económica en la Argentina, el sueldo promedio de un trabajador del comercio rondaba los $ 397. Con sucesivos decretos presidenciales para incorporar al salario sumas no remunerativas y con las subas del mínimo posteriores, la mejora para el sector supera el 80% en los últimos cuatro años.
En Tucumán, se calcula que entre 15.000 y 16.000 personas trabajan en esta rama de la actividad de servicios. En el país totalizan 700.000 empleados. El dirigente del SEOC reveló que cerca del 90% de los empleados del comercio se concentran en la capital. Además, Cano expresó la preocupación del gremio por el alto porcentaje de empleo en negro en el sector. Según el sindicalista, el trabajo no registrado está calculado entre un 38% y un 40%.
En la FET, esperan el epílogo de la paritaria
En la Federación Económica de Tucumán (FET) reconocen la legitimidad del planteo salarial de los mercantiles. No obstante, el titular de esa entidad, Humberto Sánchez, consideró ayer que, antes de tomar cualquier determinación, debe esperarse el resultado de las paritarias abiertas en Buenos Aires.
Sánchez aclaró que no es que los empresarios no quieran dar un aumento de sueldos a los trabajadores, sino que la patronal no puede hacerlo por los altos costos fijos de la actividad. "En las discusiones debe primar un punto de equilibrio, porque tanto la presión tributaria como los aumentos de los servicios son constantes", indicó.
El presidente de la FET agregó: "las ventas no contribuyen a absorber los costos fijos que, en definitiva, son la mayor preocupación del empresariado".
A LA ESPERA DE DEFINICIONES
Los sindicatos que representan a los empleados públicos esperan definiciones del Gobierno en cuanto al mecanismo que adoptará para incrementar el salario mínimo en Tucumán. Mañana, desde las 11, habrá un plenario en la sede de ATEP.
La mayoría de los funcionarios del Poder Ejecutivo coincide en que ese es el precio que debe pagar la gestión para sostener la paz social en la provincia, a menos de un mes de la posible visita del presidente Néstor Kirchner, y en un año en el que se plebiscita el Gobierno con las elecciones del 23 de octubre.
La suba del gasto salarial responde a la decisión del Gobierno provincial de otorgar, en 2004, una suma no remunerativa de $ 100 a los estatales, al incremento del 50% en las asignaciones salariales y al nuevo reajuste anunciado por Alperovich para que el haber mínimo llegue a los $ 630. Esto último implicaría un gasto extra de $ 68 millones anuales, que beneficiaría a unos 55.000 empleados de la administración pública provincial.
Para alcanzar el mínimo, el Poder Ejecutivo optaría por blanquear aquellas sumas no remunerativas y, además, abonar otra suma adicional de entre $ 50 y $ 80 mensual por empleado público, ya que el básico actual rondaría los $ 550 promedio. Las definiciones sobre cómo afrontar el incremento salarial se tomarán en el transcurso de esta semana, afirman voceros cercanos al gobernador.
¿Esto implicará una suba salarial proporcional para las demás categorías del escalafón? En principio, el Gobierno no reajustará el salario para aquellos agentes que cobren más del mínimo. "Es posible que se achate la pirámide salarial de las categorías, pero por ahora no se pensó en otro aumento porque no están dadas las condiciones para subir más el gasto", reconoció el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ante una consulta de LA GACETA.
Perspectivas para 2006
A principios de año, el Gobierno había proyectado un superávit total de casi $ 80 millones para el ejercicio 2005. Al negociar el préstamo de $ 115 millones del Plan de Financiamiento Ordenado (PFO), para pagar parte de los vencimientos de la deuda, el Estado había calculado un déficit en las cuentas de $ 26 millones (ver infograma) que se revertiría con la asistencia federal.
Con el nuevo aumento salarial y teniendo en cuenta el incremento de los ingresos, el resultado positivo en las cuentas sería menor al esperado por el Ministerio de Economía. Rondaría los $ 37 millones, con lo que por este año, la Provincia cumpliría los compromisos pactados con la Nación, mediante el Régimen de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, el fuerte aumento del gasto en personal enciende luces amarillas para el futuro fiscal de Tucumán. Si no crecen con fuerza los ingresos, se tornará difícil mantener el superávit en las cuentas y encuadrarse dentro de los límites impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, tanto para los gastos como para el endeudamiento público.
Por eso, ya se están analizando medidas que tienden a robustecer la recaudación provincial en 2006, con un revalúo inmobiliario y una mayor fiscalización impositiva. Pero también queda abierta la posibilidad de que, para compensar el mayor gasto salarial, el Estado deba reducir partidas destinadas a obras públicas.
Los mercantiles están dispuestos a llegar hasta las medidas de fuerza para lograr que los empresarios concedan un aumento salarial para el sector. Los dirigentes locales están esperando el resultado de la negociación paritaria entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio, liderada por Armando Cavalieri, y las cámaras patronales.
Si no hay acuerdo por un nuevo aumento salarial, en Tucumán habrá medidas de fuerza a partir del miércoles 13, según señaló a LA GACETA el secretario de Vivienda de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercio (SEOC), Oscar Cano. Si bien el sindicalista y actual concejal capitalino reconoció que el salario promedio mensual de un empleado está en el orden de los $ 730 (por encima del mínimo dispuesto por el Consejo del Salario), cree que es fundamental que los trabajadores reciban una remuneración equivalente al valor de una canasta básica total, es decir, cerca de $ 870.
A nivel nacional, los empresarios consideran que el planteo es de difícil cumplimiento, en particular para los pequeños y medianos comercios.
Cano no descartó que el plan de lucha nacional termine con un paro de 24 horas. El dirigente reveló que, en 2001, cuando se profundizó la crisis económica en la Argentina, el sueldo promedio de un trabajador del comercio rondaba los $ 397. Con sucesivos decretos presidenciales para incorporar al salario sumas no remunerativas y con las subas del mínimo posteriores, la mejora para el sector supera el 80% en los últimos cuatro años.
En Tucumán, se calcula que entre 15.000 y 16.000 personas trabajan en esta rama de la actividad de servicios. En el país totalizan 700.000 empleados. El dirigente del SEOC reveló que cerca del 90% de los empleados del comercio se concentran en la capital. Además, Cano expresó la preocupación del gremio por el alto porcentaje de empleo en negro en el sector. Según el sindicalista, el trabajo no registrado está calculado entre un 38% y un 40%.
En la FET, esperan el epílogo de la paritaria
En la Federación Económica de Tucumán (FET) reconocen la legitimidad del planteo salarial de los mercantiles. No obstante, el titular de esa entidad, Humberto Sánchez, consideró ayer que, antes de tomar cualquier determinación, debe esperarse el resultado de las paritarias abiertas en Buenos Aires.
Sánchez aclaró que no es que los empresarios no quieran dar un aumento de sueldos a los trabajadores, sino que la patronal no puede hacerlo por los altos costos fijos de la actividad. "En las discusiones debe primar un punto de equilibrio, porque tanto la presión tributaria como los aumentos de los servicios son constantes", indicó.
El presidente de la FET agregó: "las ventas no contribuyen a absorber los costos fijos que, en definitiva, son la mayor preocupación del empresariado".
A LA ESPERA DE DEFINICIONES
Los sindicatos que representan a los empleados públicos esperan definiciones del Gobierno en cuanto al mecanismo que adoptará para incrementar el salario mínimo en Tucumán. Mañana, desde las 11, habrá un plenario en la sede de ATEP.
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