Piden la banca al edil Danesi

Esta vez no hubo policías ni insultos, como hace una semana. Pero el clima igualmente era tenso. En la madrugada de ayer, la convención provincial de Ciudadanos Independientes (CI) optó por expulsar del partido al concejal Osvaldo Hugo Danesi, al entender que su comportamiento parlamentario lesiona la imagen pública de la agrupación.
Doce horas después, la Junta de Gobierno del CI, que promovió la acusación, reclamó a Danesi la renuncia a su banca como edil de la capital. Según afirmaron Roberto Sobre Casas, Francisco de Rosa, Susana Albornoz de Ponce de León y Luis Sáez, la obtención del escaño implicó un esfuerzo colectivo del partido que debe ser respetado por el edil con su dimisión al Concejo.
Tres decisiones adoptadas en votaciones clave terminaron por sentenciar la suerte de Danesi en CI. Su aval a la prórroga del contrato con la empresa 9 de Julio; al reconocimiento de una deuda de $ 16 millones a favor de la firma y su apoyo al cuestionado pliego de licitación para la recolección representaron una actitud reprobable del edil, según manifestaron los convencionales que aprobaron su expulsión del partido.
La resolución fue adoptada por 17 votos a favor y cuatro abstenciones. Sólo el convencional Ramiro Ponssa se expresó en contra del pedido de la Junta de Gobierno. De Rosa, representante de la juventud partidaria, aseguró ayer que Ciudadanos Independientes estaba obligado a expulsar a Danesi. "Si no lo hubiéramos hecho, habríamos sido unos hipócritas con las razones que nos llevaron a formar esta agrupación. Queremos cambiar la política y la actuación del concejal tenía poco que ver con esa idea", concluyó.

Se reaviva el debate por la propiedad del cargo

La decisión de Ciudadanos Independientes (CI) de expulsar al concejal Osvaldo Hugo Danesi reavivó una vieja polémica. ¿La banca le pertenece a la persona o al partido? Fuentes de la Junta Electoral provincial aseguran que el escaño corresponde al ciudadano que resultó elegido.
En la junta explicaron a LA GACETA que la clave es el acto de la proclamación -se realiza a posteriori de las elecciones-, que tiene carácter personal e intransferible, porque el elegido representa al pueblo -en este caso de la capital-, no a la fuerza política.
El partido sólo tiene facultades disciplinadoras y disciplinarias contra un afiliado -tenga cargo público o no-. En estos casos, por diferencias contra las medidas que le puedan haber impuesto, el miembro de la fuerza política puede recurrir a la Justicia si considera que la decisión no se ajusta a derecho, o que violó su derecho a la defensa o las disposiciones legales vigentes. La competente es la Justicia Electoral Nacional o provincial si el partido tiene reconocimiento nacional o local, respectivamente.
Las fuentes consultadas advirtieron que, si la banca perteneciera a los partidos que facilitaron la llegada de una persona a un cargo público, en Tucumán habría habido numerosas reclamaciones. Como consecuencia de la derogada Ley de Lemas, muchos legisladores y concejales, luego de resultar electos, se escindieron de los lemas para formar unibloques.