12 Junio 2005 Seguir en 
La deuda pública es como una herencia negativa que reciben las futuras generaciones por la mala perfomance financiera del Estado. Esa pesada carga fiscal se traduce en una falta de inversión permanente para combatir la pobreza o mejorar la calidad de vida de los habitantes, mediante obras de infraestructura básica. A su vez, el conjunto de una sociedad sufre sus efectos. Para poder pagar el endeudamiento, el Gobierno apela a herramientas que desalientan la inversión y el poder adquisitivo de la gente. Esto se traduce en mayores impuestos que permitan al Estado atender los servicios de la deuda y en una falta de inversión en obras públicas.
Si hoy se decidiera pagar el total de la deuda, cada tucumano tendría que aportar $ 2.385 de su bolsillo para sanear las cuentas provinciales. Sin embargo, la realidad marca que, cuanto menos, el Estado necesitaría de 13 años para cancelar sus obligaciones con los acreedores. Ese plazo surge de un informe elaborado por el Ministerio de Economía que sostiene que el Gobierno actual y los que los sucedan hasta 2.018 tendrán que destinar un promedio de $ 430 millones anuales para amortizar el capital y abonar los respectivos intereses.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, señaló que los $ 3.100 millones de deuda existente a 2004 deben ser considerados como "plata perdida" porque sólo sirvieron para atender gastos corrientes y no inversión genuina. Desde Buenos Aires, el ex subsecretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Arlía, negociador en tiempos difíciles para la economía del país, señaló que las provincias seguirán necesitando de la asistencia de la Nación para pagar los vencimientos de la deuda.
La premisa oficial de dejar atrás los tiempos de déficit crónico fiscal y de ir, paulatinamente, reduciendo la deuda pública no es un proceso sencillo. Tres reconocidos economistas tucumanos consultados por LA GACETA coincidieron en afirmar que, para que la meta sea posible, el Estado deberá sostener presupuestos con superávit que generar capacidad de pago constante y hacia el futuro. No obstante, advierten que si esos resultados financieros no son los esperados, el peso de la deuda pública lo padecerá el 1,3 millón de habitantes con una mayor presión tributaria, con una menor inversión en obras y, en definitiva, una baja tasa de crecimiento de Tucumán.
Si hoy se decidiera pagar el total de la deuda, cada tucumano tendría que aportar $ 2.385 de su bolsillo para sanear las cuentas provinciales. Sin embargo, la realidad marca que, cuanto menos, el Estado necesitaría de 13 años para cancelar sus obligaciones con los acreedores. Ese plazo surge de un informe elaborado por el Ministerio de Economía que sostiene que el Gobierno actual y los que los sucedan hasta 2.018 tendrán que destinar un promedio de $ 430 millones anuales para amortizar el capital y abonar los respectivos intereses.
El ministro de Economía, Jorge Jiménez, señaló que los $ 3.100 millones de deuda existente a 2004 deben ser considerados como "plata perdida" porque sólo sirvieron para atender gastos corrientes y no inversión genuina. Desde Buenos Aires, el ex subsecretario de Relaciones con las Provincias, Alejandro Arlía, negociador en tiempos difíciles para la economía del país, señaló que las provincias seguirán necesitando de la asistencia de la Nación para pagar los vencimientos de la deuda.
La premisa oficial de dejar atrás los tiempos de déficit crónico fiscal y de ir, paulatinamente, reduciendo la deuda pública no es un proceso sencillo. Tres reconocidos economistas tucumanos consultados por LA GACETA coincidieron en afirmar que, para que la meta sea posible, el Estado deberá sostener presupuestos con superávit que generar capacidad de pago constante y hacia el futuro. No obstante, advierten que si esos resultados financieros no son los esperados, el peso de la deuda pública lo padecerá el 1,3 millón de habitantes con una mayor presión tributaria, con una menor inversión en obras y, en definitiva, una baja tasa de crecimiento de Tucumán.







