Objetan un acuerdo de la Caja Popular

El convenio celebrado por la Caja Popular de Ahorros con el Jockey Club para la administración del hipódromo está en la mira del Tribunal de Cuentas. Según consigna un informe del organismo, al que tuvo acceso LA GACETA, las autoridades de la entidad financiera habrían incurrido en vicios graves, evidentes y ostensibles al haber extendido un contrato que genera pérdidas para las cuentas estatales desde hace una década. El documento interno está en análisis del área jurídica y luego pasará a estudio de los vocales del tribunal para una resolución definitiva.
La auditoría realizada sobre el funcionamiento de la actividad hípica entre junio del año pasado y marzo de 2005 fue realizada por los contadores fiscales Jorge Peruzzo y Roberto Lazarte, sobre la base de dos acordadas dictadas por el tribunal en 2004.
En el documento, presentado el 19 de mayo, los contadores fiscales advierten que la tendencia deficitaria del turf sigue siendo constante, con una pérdida de $ 178.479 sólo en los tres primeros meses de este año. En referencia al convenio de prórroga a favor del Jockey, mencionan que la concesionaria cumplió sólo con uno de los siete puntos comprometidos en noviembre para revertir la crítica situación financiera.

Críticas al Casino Club
El trabajo menciona que sólo se están aportando $ 40.000 mensuales desde enero de 2005, pero que nada se avanzó con la redefinición de los contratos de concesión de los bares y del salón VIP ubicado en el predio ni de la publicidad estática, ni en la generación de nuevas actividades de juego. También se cuestiona la decisión de la Caja por la que se dispuso que todo lo que se genere por la realización de los bingos deberá ser imputado a la delegación hípica. Según los contadores fiscales, la decisión es contraria a la normativa vigente.
"Resulta tan absurdo el criterio adoptado que, si nos dejamos llevar a rajatabla por él, bien podrían agregarse los resultados de la quiniela, de las maquinitas, del casino, etc, por el solo hecho de trasladar el bolillero o las mesas de juego al predio del hipódromo, cuando resulta claro que los derechos de estas actividades le corresponden a la Caja Popular, independientemente del lugar en el que se efectúen", menciona el informe.
El aporte de $ 40.000 mensuales comprometido por el Jockey Club es otro punto objetado por los auditores. Según la documentación que respalda los depósitos, estos fueron realizados por Casino Club SA. Los contadores fiscales sostienen que la empresa -que pretende instalar un centro de entretenimientos con 1.000 tragamonedas en el predio concesionado al Jockey- es ajena al acuerdo con la Caja Popular. La intervención de Casino Club en el mercado de los juegos recibió otras observaciones por los auditores del órgano de control, en los que que recalca que agregar a la actividad hípica el beneficio de actividades que son propias del ente estatal tiene un claro impedimento normativo.
Entre las trabas legales, se destacada el artículo 63 de la Constitución provincial, que fija como facultad exclusiva del Poder Legislativo la disposición de las tierras fiscales. Los auditores recalcan que el ministro Jorge Jiménez no estaba facultado -como interventor de la Caja- para firmar la resolución que el 26 de noviembre habilitó la instalación de la empresa patagónica y recomiendan declarar la nulidad del convenio de prórroga que favoreció al Jockey Club.