A más de un funcionario se le erizó ayer la piel al conocer que los gremios estatales preparan una marcha para el 9 de julio. Por eso no sorprendió que el gobernador José Alperovich reaccionara rápidamente y declarara públicamente que está dispuesto a dar todo aumento salarial que disponga el Gobierno nacional.
En la Casa de Gobierno nadie quiere imaginar un Tucumán convulsionado como el de 2004, con protestas callejeras en pleno corazón de la ciudad y en un día en el que el oficialismo pretende que el presidente, Néstor Kirchner, levante los brazos de los candidatos del Frente para la Victoria.
La suba salarial -la piedra de la discordia en el oficialismo- era un hecho mucho antes de los estudios efectuados por el Ministerio de Economía, que sostienen que el impacto presupuestario de tal decisión le significará al Estado unos $ 72 millones anuales. La presión sindical iba a ser insoportable, confiesan algunos colaboradores de Alperovich. Por ese motivo se cortó por lo sano, pese a que las señales que llegaban desde Buenos Aires no eran alentadoras ni para Tucumán ni para ninguna de las provincias en conflicto.
En su incursión por la Capital Federal, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, recibió por parte de los técnicos del Palacio de Hacienda una respuesta más que clara. "No hay previsiones presupuestarias adicionales para las provincias, y cada gobernador debe cumplir con los acuerdos firmados", fue la sentencia del subsecretario de Relaciones con las Provincias, Carlos Fernández, orden que emana del propio ministro Roberto Lavagna.
La respuesta de Economía de la Nación tiene varias interpretaciones, pero todas ellas conducen a la misma conclusión: hay que limitar el gasto y el endeudamiento provinciales, algo escrito en la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La aseveración de Fernández no es más que la confirmación de que el Gobierno nacional no desembolsará a las provincias más de los $ 2.700 millones (a Tucumán le correspondieron $ 115 millones) distribuidos mediante los acuerdos bilaterales para financiar parte del endeudamiento. Significa también que la Nación no está dispuesta a redistribuir los ingresos obtenidos este año, que rozaron el récord de 2004 hasta ahora; no quiere poner en riesgo las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, en pos de un nuevo acuerdo con el organismo.
Posiblemente, los próximos meses sean una prueba de fuego para los gobernadores, que deberán enfrentar el manejo de las finanzas sin dependencia de la Nación.
¿Está en riesgo el superávit fiscal de Tucumán? En principio, esta respuesta puede contestarse negativamente. Hay fondos suficientes como para afrontar el mayor gasto en sueldos, pero sólo por este año. Las luces amarillas se encienden si se proyecta en el futuro mediato y en el largo plazo. Nada asegura que los ingresos serán los mismos a partir de 2006 si la economía no crece al ritmo de los últimos dos años.
Pese a la negativa de la Nación a otorgar ayudas extras a las provincias, en el Gobierno aún alimentan la ilusión de que habrá una revisión de esa postura. Se sostienen en el hecho de que la mayoría de los distritos del interior entraría incumpliendo el nuevo régimen fiscal, con lo que este sería letra muerta, como sucedió con otros pactos fiscales. Quizás la inminencia de la campaña electoral -esperan también- flexibilice posturas en la Casa Rosada para que las provincias no tengan un panorama conflictivo con vistas a los comicios del 23 de octubre.
Si bien en cuestiones vinculadas a las finanzas y a la economía suele primar la lógica, en el escenario político lo imposible se torna posible, sobre todo, cuando se trata de fortalecer un frente para la victoria electoral como el que impulsa Kirchner en distritos, afines y no a su proyecto político.
