Violencia sin respuesta legal

Durante las recientes semanas -especialmente en el distrito federal y en la región metropolitana- se han multiplicado las acciones de protesta con interrupciones de tránsito y de servicios públicos por parte de piqueteros, que habían disminuido considerablemente tras la masiva concesión de subsidios estatales. A esos hechos se han agregado ahora conflictos sindicales en los que organizaciones gremiales aplican los mismos métodos de protesta, a pesar de disponer de cauces legales para la negociación de sus demandas y de hallarse en algunos casos en períodos de conciliación obligatoria.
Autopistas, cruces de rutas y espacios urbanos se han convertido en zonas prohibidas, o al menos vulnerables, para la gran mayoría de los ciudadanos que deben acudir a sus ocupaciones y cuyos derechos son violados impunemente. Un fallo de la Cámara de Casación Penal sostuvo un año atrás, a propósito de un conflicto de esa naturaleza, que interrumpir el funcionamiento de los medios de transporte y el tránsito normal constituye un delito, por más que ello ocurra durante un conflicto o en reivindicación de derechos constitucionales. En cuanto a los cortes de rutas, se señaló que son procedimientos inaceptables y, además de delitos, actos de disgregación social.
Es evidente que entre nosotros se sigue confundiendo peligrosamente el legítimo derecho a peticionar con el ejercicio de la democracia directa que la Constitución fulmina, especialmente por la baja calidad de la representación política que, sin dejar de reconocer la grave vulneración del orden social, no acierta a resolver la emergencia. "Con los piquetes, lo dije siempre, las discusiones se deben dar en el marco del respeto de todos, y hay que tener comprensión y terminar con una medida que no responde a las necesidades de los argentinos", señaló recientemente el presidente, Néstor Kirchner, si bien agregó que se mantendrá la política de persuasión. Por su parte, el ministro del Interior ha expresado que esa clase de actos debe terminarse. "El gobierno debe poner cordura y analizar una nueva actitud como para tomar el toro por las astas, garantizándole a la sociedad que las cosas funcionen normalmente", señaló. Esas y otras expresiones oficiales permiten advertir que, tras largo tiempo y pese al cambio en las circunstancias impuestas por la crisis, el poder político carece de una alternativa precisa, en tanto los portavoces de la protesta más violenta aseguran que proseguirán con sus métodos.
Hasta el momento, la llamada política de persuasión oficial ha consistido, salvo raras excepciones, en la pasividad del sistema de seguridad y orden público, términos estos que las autoridades eluden en sus explicaciones, a pesar de estar referidos al orden legal. Sus normas jurídicas específicas han sido sancionadas para situaciones de excepción y no requieren necesariamente la antigua represión de los zares. La Constitución nacional, en su artículo 120, establece que el Ministerio Público -los fiscales- tiene autonomía funcional, y que debe promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República.
Esa es la vía indiscutible y obligada para enfrentar el dilema taurino del ministro político, y no las inquietudes preelectorales que la impiden, interponiéndose a las acciones de aquel organismo mediante el control de los medios de seguridad.
Las vagas promesas expresadas frente a un problema tan acuciante, no contribuyen en manera alguna a facilitar el rumbo electoral oficialista, sino a debilitar las esperanzas de la sociedad en la firmeza de las instituciones.