Se complica la situación de Agostina Páez: la fiscalía brasileña rechazó un acuerdo que podía evitarle una condena
El Ministerio Público de Río de Janeiro descartó la posibilidad de cerrar la causa mediante tareas comunitarias o el pago de una suma de dinero. La abogada santiagueña está acusada de injuria racial contra empleados de un bar de Ipanema y espera la sentencia.
Resumen para apurados
- La fiscalía de Río de Janeiro rechazó un acuerdo penal para la argentina Agostina Páez, acusada de injuria racial en un bar de Ipanema, por la gravedad y la escala penal del hecho.
- En enero, Páez insultó e imitó a un mono ante empleados tras discutir la cuenta. Tras pagar una fianza de 20.000 dólares y usar tobillera, logró regresar a la Argentina.
- La abogada aguarda la sentencia final. Si recibe una condena mayor a cuatro años de prisión, no podrá sustituirla por tareas comunitarias y se complicaría su ejecución.
La situación judicial de Agostina Páez se complicó en Brasil. A la espera de la sentencia por la causa de injuria racial contra empleados de un bar de Ipanema, el Ministerio Público del estado de Río de Janeiro rechazó ofrecerle un acuerdo de no persecución penal (ANPP), una alternativa que le habría permitido cerrar el expediente sin condena ni antecedentes, a cambio de cumplir determinadas condiciones, como realizar tareas comunitarias o pagar una suma de dinero.
"En las condiciones en que la acusada practicó las ofensas raciales que se le imputan, no hay posibilidad de acuerdo", sostuvo el Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ) en una nota enviada al diario La Nación.
La abogada santiagueña, de 29 años, espera ahora el fallo del juez Carlos Márcio da Costa, de la 37ª Vara Criminal de Río. El expediente se encuentra en la etapa de alegatos finales, la última instancia antes de la sentencia, que todavía no tiene fecha.
La defensa de Páez, encabezada por la abogada brasileña Carla Junqueira, considera que la postura de la fiscalía no es vinculante para el magistrado. Sin embargo, el rechazo prácticamente cerró la posibilidad de acceder a ese beneficio.
Por qué rechazaron el acuerdo
El episodio que originó la causa ocurrió el 14 de enero en un bar de la calle Vinícius de Moraes, en el barrio de Ipanema. Páez estaba con dos amigas cuando discutió con los empleados del establecimiento por el valor de la cuenta. Según la acusación, durante el altercado insultó a los trabajadores con expresiones racistas y realizó gestos que imitaban a un mono. Una de esas escenas quedó registrada en un video que se viralizó y generó una fuerte repercusión en Brasil y Argentina.
La Justicia de Río aceptó la denuncia y llegó a dictar su prisión preventiva. Posteriormente, la abogada recuperó la libertad con una tobillera electrónica y la prohibición de salir de Río de Janeiro. Durante ese período pidió disculpas públicamente y manifestó que desconocía la gravedad que ese delito tenía en Brasil.
Después de permanecer más de dos meses en la ciudad, a fines de marzo el Tribunal de Justicia autorizó su regreso a la Argentina, previo pago de una caución de cerca de U$S 20.000.
El 23 de septiembre, el juez había enviado el expediente a la fiscalía para que evaluara la posibilidad de un acuerdo. El fiscal del caso lo rechazó y la defensa solicitó una revisión. Finalmente, la Asesoría Criminal de la Procuraduría General de Justicia confirmó la negativa en un dictamen firmado por el procurador Alexandre Araripe Marinho, al que el mencionado medio accedió el martes.
El MPRJ fundamentó su decisión en dos motivos. El primero está relacionado con la escala penal: el acuerdo de no persecución solo puede aplicarse cuando la pena mínima prevista es inferior a cuatro años.
Según la denuncia original, Páez fue acusada de tres injurias raciales contra tres personas diferentes, cada una con una pena mínima de dos años. "La suma de las penas alcanza seis años de reclusión, lo que impide la celebración del acuerdo", explicó el organismo.
El segundo argumento está vinculado con la gravedad de los hechos. Según la reconstrucción de la fiscalía, Páez primero llamó "mono" al empleado de la caja mientras imitaba a un primate y luego insultó a otros trabajadores.
"Incluso después de haber sido alertada de que esas conductas eran delictivas, la acusada, ya de salida del local, ofendió a otras víctimas, llamándolas a los gritos 'monos' y 'negros de mierda'", detalló el Ministerio Público.
También sostuvo que la santiagueña les habría dicho a los empleados que no le ocurriría nada por ser abogada e influencer. Para la fiscalía, esa actitud reflejó una posición de superioridad frente a los trabajadores y las propias normas penales brasileñas, por su condición de extranjera.
Por esos motivos, consideró que un acuerdo "no es suficiente". Además, recordó que la Constitución, las leyes y la jurisprudencia de Brasil "repudian con vehemencia toda forma de racismo, como una de las más graves violaciones a la dignidad humana".
La defensa pide la absolución
La abogada Carla Junqueira mantiene el planteo de que su defendida debe ser absuelta. "No hubo delito", afirmó.
Según su interpretación, el gesto atribuido a Páez estuvo dirigido a un empleado que se encontraba de espaldas y, por lo tanto, no habría existido daño. "Y si hubo algo, fue en un único momento, un único delito", argumentó la letrada, quien considera que, bajo esa interpretación, la pena sería inferior a cuatro años.
Junqueira también cuestionó la versión de la fiscalía sobre los insultos que supuestamente se produjeron cuando la joven se retiraba del establecimiento. "No está probada", sostuvo.
La defensora, además, criticó la decisión de rechazar la posibilidad de un acuerdo. "Creo que el Ministerio Público está más preocupado en hacer propaganda antirracista que en pensar en las propias víctimas", expresó.
A su entender, la caución que pagó Páez, que en caso de una condena se descontaría de la reparación, representaría un beneficio mayor para los damnificados que el eventual cumplimiento de una pena. Según Junqueira, la santiagueña aguarda el fallo y "espera ser absuelta".
La querella reclama una condena por los tres delitos
Una postura diferente sostiene Tamara Fejolo, una de las abogadas que representan a los trabajadores afectados, del estudio Vieira de Mello Advogados. La letrada consideró que no hay margen para beneficios y que la querella reclama una condena por los tres delitos.
"El racismo no se resuelve con un acuerdo", afirmó. Y agregó: "Las víctimas fueron humilladas en su propio lugar de trabajo. Esperan una pena a la altura de lo que sufrieron, y no una respuesta simbólica".
Aunque la denuncia original contemplaba tres delitos y la querella mantiene ese pedido, en sus alegatos finales el propio Ministerio Público solicitó que los hechos sean considerados un "delito continuado". Esto implica que se los interprete como una sola conducta con varias víctimas. Bajo esa calificación, la pena podría oscilar entre dos y seis años de prisión.
Qué puede pasar con la sentencia
El umbral de los cuatro años será determinante para definir las consecuencias de un eventual fallo condenatorio. Si el juez establece una pena cercana al mínimo, como suele ocurrir con acusados sin antecedentes penales como Páez, la legislación brasileña permite sustituir la prisión por sanciones alternativas, entre ellas el trabajo comunitario. Esas tareas podrían cumplirse desde Argentina.
En cambio, si la condena supera los cuatro años, ya no sería posible esa sustitución y el régimen inicial de cumplimiento sería semiabierto, una situación que complicaría la posibilidad de cumplir la pena desde Argentina.
Existe un acuerdo del Mercosur que permitiría ejecutar una condena en el país de origen de la persona sentenciada, pero para eso se necesita la aprobación de ambos Estados.
En cualquiera de los escenarios, la sentencia podrá ser apelada por alguna de las partes, lo que demoraría el eventual cumplimiento de una pena.







