Un fallo judicial declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes
La Cámara Federal de la Seguridad Social dispuso aplicar el mecanismo de actualización vigente durante el gobierno de Mauricio Macri para el período comprendido entre 2021 y junio de 2024. Detalles.
Resumen para apurados
- La Justicia declaró hoy inconstitucional en el país la fórmula previsional de Alberto Fernández para una demandante, tras constatar una pérdida del 46,8% ante la inflación.
- El tribunal ordenó a la ANSES recalcular los haberes entre 2021 y 2024 aplicando la fórmula de la gestión Macri, que combinaba inflación y salarios para proteger el ingreso.
- Aunque la sentencia rige solo para este caso, sienta un precedente judicial clave que habilitaría a miles de jubilados a demandar al Estado por el deterioro de sus ingresos.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que rigió entre 2021 y mediados de 2024 durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de una jubilada mediante el mecanismo de actualización anterior, aprobado durante la presidencia de Mauricio Macri.
La decisión se produjo en el marco de una demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), iniciada por Carmen Galletta. El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo y dispuso que el haber de la demandante sea recalculado desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive.
La resolución lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado. Además, establece que, una vez reconstruido ese período, deberá aplicarse el régimen de actualización mensual por inflación dispuesto a través del decreto 274/2024.
Uno de los principales argumentos de la Cámara fue el deterioro que produjo la fórmula de movilidad sancionada en 2020 sobre los ingresos de los jubilados. El esquema, que combinaba la evolución de los salarios con la recaudación tributaria, no contemplaba mecanismos de protección frente a una aceleración de los precios.
En ese sentido, el tribunal comparó la evolución de los haberes entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese lapso, la movilidad jubilatoria acumuló un incremento del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%.
De acuerdo con los cálculos incorporados al expediente, esa diferencia representó una pérdida real del poder adquisitivo del 46,83%. Los magistrados también consideraron que los aumentos posteriores vinculados a la inflación no alcanzaron para compensar el deterioro, debido a que se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido valor.
Cómo se recalcularán los haberes jubilatorios
Para determinar la recomposición, la Cámara ordenó utilizar la fórmula prevista por la ley 27.426, vigente durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese mecanismo establecía actualizaciones trimestrales y combinaba un 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con un 30% de la evolución de los salarios medida por el RIPTE.
El fallo también fijó criterios para calcular las diferencias que eventualmente deberá pagar la ANSES. Entre ellos, dispuso descontar los aumentos de movilidad, adelantos y bonos extraordinarios que la beneficiaria ya hubiera percibido, con el objetivo de evitar una doble contabilización.
Por otra parte, declaró inconstitucional el tope establecido en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando su aplicación implique una quita igual o superior al 15%.
En cuanto a los intereses, determinó que deberá utilizarse la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. Sin embargo, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período por el cual podrán reclamarse diferencias retroactivas.
¿El fallo alcanza a todos los jubilados?
Aunque la resolución puede convertirse en un antecedente relevante para otros reclamos previsionales, no establece un aumento automático para todos los jubilados y pensionados del país.
La decisión tiene efectos directos únicamente sobre el expediente iniciado por Carmen Galletta. Sin embargo, sus fundamentos podrían ser invocados por otros beneficiarios que mantienen litigios contra la ANSES por la pérdida de poder adquisitivo durante la vigencia de la fórmula de movilidad de la ley 27.609.
