Resumen para apurados
- Argentina defendió hoy en Hamburgo ante el Tribunal del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera británica en Malvinas por considerarla unilateral e ilegal.
- El reclamo apunta al proyecto Sea Lion y alerta daños ambientales, mientras Londres alega pérdidas millonarias y rechaza la jurisdicción del tribunal sobre el territorio.
- El tribunal definirá las medidas cautelares hacia fin de año, un fallo que condicionará la explotación comercial en 2027 y el tablero geopolítico del Atlántico Sur.
La Argentina enfrenta hoy la segunda y última jornada de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, para defender su pedido de suspensión provisoria de las actividades de exploración y explotación petrolera en las aguas que rodean las islas Malvinas. La delegación que representa al gobierno de Javier Milei responde a los argumentos presentados por el Reino Unido durante la primera audiencia, realizada el lunes.
El equipo jurídico argentino, integrado por el abogado Marcelo Kohen, el profesor neerlandés Nico Schrijver y el embajador Mario Oyarzábal, expone sus réplicas ante el tribunal, en una instancia clave para intentar frenar el avance de los proyectos hidrocarburíferos en el Atlántico Sur. El pronunciamiento sobre las medidas provisionales podría conocerse a fines de noviembre o comienzos de diciembre.
Durante la primera jornada, la representación británica advirtió sobre las consecuencias “devastadoras” que tendría una eventual suspensión de los emprendimientos petroleros para los habitantes de las islas y las pérdidas millonarias que sufrirían las empresas involucradas.
Londres también cuestionó la competencia del TIDM para intervenir en el caso. Sostuvo que detrás del planteo argentino existe una controversia de soberanía entre ambos países, una cuestión que, según su interpretación, excede las atribuciones del tribunal. Además, invocó el principio de autodeterminación de los isleños y planteó que las Malvinas deben ser consideradas un Estado ribereño.
Este último argumento representa otro punto de fricción. La Argentina rechaza cualquier interpretación que otorgue a las islas una condición estatal independiente y sostiene que el conflicto debe analizarse en el marco de la disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas. Sin embargo, en esta presentación el Gobierno procura concentrar la discusión en la legalidad de las actividades petroleras y en la necesidad de adoptar medidas urgentes, sin llevar al tribunal a resolver la cuestión de fondo.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
El principal objetivo de la presentación argentina es frenar el desarrollo de Sea Lion, el emprendimiento impulsado por la israelí Navitas y la británica Rockhopper. Las compañías anunciaron que prevén comenzar la extracción de petróleo entre 2027 y 2028 en áreas marítimas bajo control británico alrededor del archipiélago.
Se trata de un yacimiento de importantes dimensiones, cuyo desarrollo podría modificar el escenario económico y geopolítico del Atlántico Sur y profundizar la controversia entre Buenos Aires y Londres por los recursos naturales de la zona.
En la audiencia del lunes, la delegación argentina solicitó cuatro medidas provisionales: suspender el proyecto Sea Lion; impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte; restringir el uso de la información obtenida mediante esas operaciones; y proteger el medio marino, además de evitar nuevas decisiones unilaterales sobre la plataforma continental en disputa.
Schrijver advirtió que “es ahora o nunca” para adoptar medidas frente al avance de la actividad petrolera. Por su parte, Kohen expuso las consecuencias que, según la posición argentina, podría generar la continuidad de las operaciones, mientras que Oyarzábal ratificó la disposición del país a negociar la cuestión de soberanía en el marco del proceso de descolonización.
La presentación argentina sostiene que la autorización británica del proyecto Sea Lion contradice la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1976, que instó a ambos países a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introdujeran modificaciones en la situación de las islas mientras continuara el proceso de negociación sobre la soberanía.
A ese argumento se suma la dimensión ambiental. El Gobierno advierte que la explotación petrolera puede provocar alteraciones irreversibles en el ecosistema marino y plantea la necesidad de preservar las condiciones actuales de la zona hasta que se alcance una solución a la controversia.
En ese sentido, Buenos Aires busca que el Reino Unido asuma el compromiso de detener las perforaciones y evitar que el desarrollo del yacimiento modifique de manera irreversible el escenario sobre el que se deberá discutir una eventual solución.
La respuesta británica
Durante su exposición del lunes, el representante británico Reeves defendió el derecho de los habitantes de las islas a decidir sobre su futuro y cuestionó las motivaciones de la Argentina. “En realidad, lo que Argentina rechaza son las actividades hidrocarburíferas destinadas al beneficio económico de los habitantes de las Islas Malvinas. Lo que quiere es tomar el control de esos recursos para sí misma”, afirmó.
La delegación del Reino Unido también hizo hincapié en el impacto económico que tendría una eventual suspensión de los proyectos y buscó instalar que la medida solicitada por Buenos Aires afectaría los intereses de la población isleña.
El tribunal es presidido por el juez Maurice Kanga. La vicepresidenta, la argentina Frida Armas, debió apartarse de la intervención en el caso. La representación británica está integrada, entre otros, por Reeves, los abogados Sally Langrish, Paul McKell, Vaughan Lowe y Simon Young, el fiscal general de las islas y Jack Ford, presidente de su Asamblea Legislativa.
